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Se registraron en el País Valenciano más de 50.000 accidentes laborales con baja y 77 mortales durante 2022

Sindicatos del País Valenciano reivindican en la calle el derecho a la seguridad y la salud laboral

Fuentes: Rebelión

Murió el 27 de abril, debido a la caída desde una altura de nueve metros; el obrero, de 27 años, laboraba en la cubierta de una empresa en el municipio de Carlet (Valencia). Otro trabajador de una obra, de 56 años, perdió la vida al desplomarse –en la ciudad de Gandía- desde un andamio de cinco metros de altura; ocurrió el pasado 14 de abril; asimismo Europa Press informó en febrero sobre el estado (politraumatismo) de un trabajador de una empresa de Alzira –de 49 años- sobre quien cayó una chapa metálica.

El 28 de abril Naciones Unidas conmemora –desde hace dos décadas- el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo; la OIT recuerda que cerca de tres millones de trabajadores mueren anualmente a causa de “accidentes y enfermedades profesionales”; el mayor número de fallecimientos está relacionado con “largas jornadas de trabajo” (745.000 muertes), seguido por la exposición a partículas, gases y humos (450.000);  a ello se añade que al menos 402 millones de trabajadores padecen “lesiones profesionales”.

En el País Valenciano se produjeron 52.978 accidentes laborales “con baja” durante 2022, lo que implica un aumento del 5% respecto a 2021; se registraron 367 de carácter “grave” (aumento del 17% en comparación con 2021); los accidentes mortales -77- también se incrementaron (el 20,3% más que en 2021).

En cuanto a los accidentes “más graves” –traumáticos o mortales, por ejemplo por caídas en altura o atrapamientos en las máquinas-, “son perfectamente evitables; con 100 euros de inversión y una organización correcta del trabajo habrían podido salvarse muchas vidas”, afirma el secretario de Acción Social y Salud Laboral de CCOO-País Valenciano, Jaume Mayor.

De las 77 muertes documentadas en 2022, el 46,8% fueron consecuencia de “accidentes traumáticos”, mientras que el 36,4% tuvieron como origen patologías no traumáticas (accidentes cardiovasculares).

Según Jaume Mayor, los accidentes laborales constituyen “la punta del iceberg de una realidad que no está registrada: las enfermedades profesionales”; además, “en el tejido empresarial valenciano predomina la microempresa; la inmensa mayoría de los accidentes están produciéndose en empresas de menos de 50 personas, y muchísimos con menos de 10, en las que legalmente no pueden plantearse elecciones sindicales”.

El manifiesto suscrito por CCOO y UGT del País Valenciano –el 28 de abril- plantea la necesidad de reducir la exposición a sustancias tóxicas; así, en el caso concreto del amianto, los sindicatos critican los valores propuestos por el Consejo Europeo (“no hay valor seguro”, recuerdan; según la Comisión Europea, 70.000 trabajadores murieron en la UE durante 2019 por su exposición a este mineral).

Las organizaciones sindicales instan también al refuerzo de la Inspección de Trabajo (el Estado español contaba a finales de 2021 con 1.011 inspectores de trabajo y 1.102 subinspectores, incluido Cataluña y el País Vasco); y a un incremento de las actuaciones por parte de la Fiscalía especializada en Seguridad y Salud en el trabajo.

En el avance de las estadísticas enero-febrero 2023, el Ministerio de Trabajo señala que en este periodo se registraron en el estado español 80.114 accidentes laborales “con baja en jornada”, de los que 560 fueron “graves” y 96 mortales.

En los primeros meses de 2023 el País Valenciano se situó como cuarta autonomía en “accidentes de trabajo con baja en jornada” (8.579 y 9 mortales), tras Andalucía, Madrid y Cataluña (siete de las muertes se produjeron en la provincia de Valencia y dos en la de Alicante). Por sectores de actividad, la mayoría de estos accidentes en el País Valenciano sucedieron en el ámbito de los servicios (4.745), seguido de la industria (1.871), la construcción (1.373) y la agricultura (590).

Éste es “un sistema que nos explota, con empleos mal pagados y en condiciones lamentables que nos abocan a la precariedad y la siniestralidad”, afirma el secretario general de CGT-València, Juan Miguel Font.

La organización anarcosindicalista denunció la “violencia patronal” en una acción, llevada a término el 28 de abril, frente al Complejo Administrativo 9 d’Octubre de Valencia (centro administrativo de la Generalitat Valenciana); la performance consistió en la colocación de carteles y representación de personas muertas durante el desempeño de sus empleos.

“Stop accidentes laborales. La precariedad mata”, denunciaba una de las pancartas de CGT. La iniciativa forma parte de la campaña estatal Matarse a trabajar es una mierda; de este modo, la Confederación también reivindica los derechos de las trabajadoras “que se dejan la salud a diario y piden que se les reconozcan las condiciones de vulnerabilidad”.

El mismo día Intersindical Valenciana (IV) organizó una concentración ante las puertas del Palau de la Generalitat; Ni accidents, ni malalties, ni danys. Per un treball saludable, reivindicaba una de las pancartas. Recordaron los principios de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, aprobada por el Consejo de Ministros el 14 de marzo.

Según el comunicado del ministerio, la atención de la salud mental figura -por primera vez- entre las prioridades de la Estrategia; otros puntos relevantes son la creación de una Agenda para la Prevención del Cáncer de Origen Profesional, así como la introducción de la perspectiva de género en los “procesos de evaluación de riesgos” y estudios sobre las condiciones de seguridad laboral.

El documento oficial subraya que el “índice de incidencia” de accidentes mortales en jornada de trabajo se situó en 3,28 accidentes por cada 100.000 trabajadores (datos de 2021); los sectores agrario y de la construcción han ocupado –durante el último quinquenio- las dos primeras posiciones del indicador.

Intersindical Valenciana destacó en una nota informativa tragedias como la sucedida en la presa de Torrejón el Rubio (Cáceres), en octubre de 1965 (las obras de construcción de esta infraestructura –durante la dictadura franquista- provocó la muerte/desaparición de un centenar de obreros); o, en el País Valenciano, el denominado síndrome Ardystil, que causó en 1992 la muerte de seis trabajadores (y decenas de enfermos) en la zona industrial de Alcoy.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.