En la encuesta realizada por La Voz de Cádiz digital (aún abierta al escribir) más del 77% de los participantes confían en que Zapatero nos saque de la crisis económica. Para ello el PSOE tendrá que conseguir sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado desde su posición de minoría política en la que se encuentra. […]
En la encuesta realizada por La Voz de Cádiz digital (aún abierta al escribir) más del 77% de los participantes confían en que Zapatero nos saque de la crisis económica. Para ello el PSOE tendrá que conseguir sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado desde su posición de minoría política en la que se encuentra. Además aún se haya abierto el frente del Pacto Social, que la CEOE bloquea desde una postura claramente politizada a favor del PP, y que parece imprescindible políticamente para fortalecer la legitimidad de este Gobierno en minoría.
La patronal reclama reducir las cotizaciones sociales, reducir los salarios de los trabajadores para obtener más beneficios, y subir el IVA para compensar la pérdida de ingresos públicos. Lo que está proponiendo es, primero, que los trabajadores ganen menos y, segundo, que además sean ellos en su gran mayoría los que asuman la compensación en los ingresos a través del impuesto indirecto vinculado al consumo que realizan. Que ganen doblemente menos. La demanda de la CEOE es defendida en el hemiciclo del Congreso de los diputados claramente por CIU, PNV y Coalición Canaria, además del PP, algunos de cuyos votos parecen imprescindibles para aprobar los Presupuestos.
El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010 con estos dos condicionantes que secuestran la voluntad política autónoma e independencia que caracterizaría a un Gobierno con mayoría absoluta. La estrategia gubernamental se basa en dos medidas claves: la Ley de Economía Sostenible y los Presupuestos 2010 al que se le exige que dote de recursos a la Ley, mantenga la protección social y garantice los ingresos necesarios. La subida de ingresos se ha enfocado desde el síndrome de Estocolmo buscando los ingresos que a priori el gobierno piensa que le facilitará superar el doble condicionante.
Las primeras reacciones de sindicatos, patronal y partidos políticos parlamentarios han sido críticas. GESTHA, asociación de técnicos de hacienda dice que las rentas inferiores a 30.000€ serán las más perjudicadas por la subida del IVA, y según el comunicado de ATTAC España la subida de impuestos planteada como porcentaje de la renta bruta mensual es entre 5 y 10 veces superior de una familia de rentas bajas, medias y media-alta, gracias a que las 4.396 grandes fortunas de España tienen constituidas, con la complicidad de las entidades financieras que les consiguen los 99 socios necesarios entre sus empleados, Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) que tributan al 1%. Hablamos de Emilio y Patricia Botín, las hermanas Alicia y Esther Koplowitz, la Duquesa de Alba y sus hijos, Florentino Pérez, Amancio Ortega y Rosalía Mera, etc. que con la eliminación del Impuesto de Patrimonio han dejado de ingresar en la Hacienda Pública más de un millón de euros al año cada uno/a de los mencionados.
Estos Presupuestos deben aún pasar el trámite parlamentario y se verán retocados más o menos a fondo según se vayan viendo los apoyos parlamentarios necesarios. Es muy probable que se toquen las SICAV y se cree un impuesto ecológico sobre los carburantes como cesión a la izquierda parlamentaria.
El PSOE se está jugando su futuro. La crisis por la que están pasando los socialdemócratas alemanes, franceses e ingleses parte de la perdida de apoyo social entre sus bases por la incoherencia entre sus declaraciones y los beneficiarios sociales reales de sus actos. La ruptura del SPD con la creación de La Izquierda co-dirigida por su ex secretario general Oscar Lafontaine es hasta ahora el hecho más significativo.
Como se trata de garantizar una capacidad recaudatoria suficiente siendo coherentes con los apoyos sociales y, a la vez, enfrentarse con los problemas de empleo y satisfacción de las necesidades reales que tiene la ciudadanía por la crisis, es necesario un pacto de renta que garantice una demanda efectiva a las pequeñas y medianas empresas, el 92% de ellas que mantienen el 88% del empleo total, apoyando la economía productiva y penalizando la especulativa.
Con esta premisa los recursos necesarios pueden salir de establecer el IVA al trafico bancario y a la Iglesia católica. La actividad bancaria está ahora exenta como si no fuese una actividad económica. Habría que mantener la exención al cobro de nóminas y domiciliación de recibos, pero más del 80% de la actividad financiera es especulativa y esta debería pagar el IVA con más motivo que otra. La exención de la Iglesia católica ha sido denunciada repetidas veces por la Comisión Europea pero lo que es imperativo para otros temas aquí se obvia. Esta medida aportaría muchos más recursos que la subida de los dos puntos planteada.
Se tendría que reponer el Impuesto de Patrimonio, eliminar las exenciones del Impuesto de Sucesiones, restaurar los tipos de gravamen más progresivos sobre las rentas altas, gravar las SICAV con el 25% devolviendo su control de la CNMV a Hacienda, y reinstaurar el Impuesto de Actividades Económicas que se quitaron sin ninguna clase de negociación. Además no es necesario reducir el tipo del Impuesto de Sociedades, que alimenta el dumping fiscal en el interior de la UE, ya que las empresas que tributan son las que obtienen beneficios y no pasan por dificultades extraordinarias, por lo que las únicas que se benefician son las grandes que ya ganan suficiente como periódicamente nos recuerdan los directivos de los bancos.
Con estas medidas propuestas se acercaría España al nivel de tributación de la media europea sin menoscabar la capacidad adquisitiva de la inmensa mayoría de la ciudadanía, se incrementarían los recursos al nivel más que suficiente, se recuperaría el equilibrio fiscal que tan difícil de conseguir fue en los Pactos de Moncloa en 1977 y que después se han desequilibrado a favor de las grandes fortunas y se ganaría en eficiencia, productividad social y en satisfacción de las necesidades reales de la ciudadanía.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.