Los alimentos que consumimos recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestro plato con el consiguiente impacto ambiental y coste económico. Esther Vivas, miembro del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universitat Pompeu Fabra, defiende la soberanía alimentaria como un derecho. No son teorías ni se trata de un discurso académico. Hablamos […]
Los alimentos que consumimos recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestro plato con el consiguiente impacto ambiental y coste económico. Esther Vivas, miembro del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universitat Pompeu Fabra, defiende la soberanía alimentaria como un derecho.
No son teorías ni se trata de un discurso académico. Hablamos de la vida y la muerte de millones de personas en el planeta. Y también de democracia, del derecho de los consumidores a decidir. La soberanía alimentaria, el derecho no reconocido de los pueblos.
¿Qué debemos entender por soberanía alimentaria?
Soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a controlar la producción, la distribución y el consumo de alimentos. Devolver a las comunidades su capacidad de decisión y control, su «soberanía», en el terreno agrícola y alimentario. En las últimas décadas se ha producido una creciente privatización y mercantilización de los recursos naturales y de la comida. Desde el primer tramo de producción de los alimentos, las semillas, hasta la distribución y venta final, unas pocas empresas monopolizan cada uno de los tramos de la cadena agroalimentaria. Ésta es la lógica que busca romper la soberanía alimentaria.
Dentro de nuestra sociedad de consumo la comida ha dejado de tener un valor fundamental para pasar a ser un bien mercantil. ¿Con qué consecuencias? ¿Qué hemos perdido en el camino?
Las consecuencias las podemos observar en las dramáticas cifras que nos muestran la crisis alimentaria actual: más de mil millones de personas, uno de cada seis habitantes del planeta, pasa hambre. Cuando, paradójicamente, nunca en la historia se había producido tanta comida como ahora. La producción de alimentos desde los años 60 hasta hoy se ha multiplicado por tres, mientras que la población mundial tan sólo se ha duplicado. Pero, ¿qué sucede? Si no tienes recursos para pagar el precio de los alimentos, no comes. Esto es lo que pasó con el estallido de la crisis alimentario en los años 2007 y 2008 cuando se produjo un aumento muy importante del precio de los alimentos debido a una serie de causas coyunturales (inversión en agrocombustibles, especulación con materias primas, etc) y estructurales (las políticas neoliberales que se han venido desarrollando estos últimos años). Esto multiplicó el precio de los cereales básicos convirtiéndolos en inaccesibles para amplias capas de la población, especialmente en los países del Sur.
Lo que llega al supermercado, las ofertas de la semana, lo que al final llega a nuestro plato… ¿de qué depende? O mejor dicho, ¿quién lo decide?
Si partimos de que la población campesina tiende a desaparecer, que en el Estado español sólo un 5% de la población activa trabaja en el campo, que se vive una creciente «descampesinización». Entonces, ¿de quién depende nuestra alimentación? La respuesta está clara: multinacionales como Cargill, Monsanto, Nestlé, Carrefour, Alcampo, entre muchas otras, acaban determinando qué se consume, cómo, de dónde proviene y qué se paga. Por lo tanto, nuestro derecho a la alimentación, como hemos visto con la crisis alimentaria global, está gravemente amenazado.
¿Contra qué fantasmas tiene que luchar el consumidor? ¿Cómo puede contribuir a la soberanía alimentaria el ciudadano de a pie?
En primer lugar, ser conscientes de la lógica mercantil que impera en el modelo agroalimentario actual y de la connivencia entre poder político y empresarial. No es necesario ir muy lejos. En Catalunya, en julio de este año, el Parlamento catalán rechazó el debate sobre una Iniciativa Legislativa Popular promovida por la Plataforma Som lo que sembrem y avalada por más de cien mil personas que instaba a una moratoria en el cultivo de transgénicos. Los partidos políticos prefirieron plegarse a los designios de la industria agroalimentaria protransgénica y vetar el debate.
¿Qué podemos hacer? Actuar colectiva y políticamente. En el ámbito del consumo participar en cooperativas de consumo agroecológico que establecen una relación directa entre productor y consumidor, creando relaciones de solidaridad entre el campo y la ciudad, abogando por un consumo social y ecológicamente justo. También es necesario movilizarse y crear alianzas con otros movimientos sociales de mujeres, campesinos, sindicalistas, estudiantes, inmigrantes, entre muchos otros. Porque para avanzar hacia otro modelo de producción, distribución y consumo es necesario un cambio de paradigma y este cambio sólo será posible con la movilización social y con una perspectiva política de ruptura con el orden de cosas actual.
El derecho internacional garantiza la soberanía interna y externa de un Estado. Pero, ¿quién garantiza su soberanía alimentaria?
La soberanía alimentaria debería de estar garantizada por los Estados, pero hoy en día los dictados de la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, con el beneplácito de los gobiernos de los distintos países, dejan la economía, la alimentación, el bienestar, la salud, el medioambiente… en manos del mercado. Es necesario y urgente cambiar estas políticas, pero para hacerlo es fundamental una correlación de fuerzas favorable en manos de «los de abajo», las y los resistentes. Hay que trabajar en esta dirección.
Los agricultores se quejan de que cada vez reciben menos dinero por sus productos mientras que el consumidor los paga cada día más caros. ¿Cómo controlar la cadena de alimentación?
Hoy, en el Estado español siete empresas controlan el 75% de la distribución de los alimentos. Se trata de Alcampo, Carrefour, Mercadona, Eroski y el Corte Inglés, junto con otras dos centrales de compra. Y la tendencia va a más. En países del norte de Europa como Suecia tres grandes cadenas de distribución controlan el 95% de la distribución de lo que comemos. Es lo que se conoce como «teoría del embudo» o del «reloj de arena». En un extremo de la cadena comercial tenemos a las y los campesinos y en el otro las y los consumidores y en medio unas pocas empresas monopolizan la comercialización de alimentos, consiguiendo grandes márgenes de beneficio a costa de todos nosotros.
Millones de personas pasan hambre y la cifra va en aumento. Las cifras indican que no es un problema de producción. ¿Quién está haciendo negocio con ello?
Las multinacionales de la industria agroalimentaria. En plena crisis alimentaria, las mayores empresas del sector anunciaban cifras récord de ganancia. En concreto, las principales compañías de semillas, Monsanto y Du Pont, declaraban una subida de sus beneficios del 44% y del 19% respectivamente en el 2007 en relación con el año anterior. En la misma dirección apuntaban los datos de las empresas de fertilizantes: Potash Corp, Yara y Sinochem vieron crecer sus beneficios en un 72%, 44% y 95% respectivamente entre el 2007 y el 2006. Las procesadoras de alimentos, como Nestlé, señalaban también un aumento de sus ganancias, así como supermercados como Tesco, Carrefour y Wal-Mart. Y es que incluso hay quien hace negocio con el hambre.
Entrevista publicada en la Revista Fusión, 04/12/09.