Dibujemos un breve panorama de la situación. Más de cuatro millones de parados; una proporción, no definida pero nada marginal, de trabajadores en la economía sumergida sin contratos, sin convenios, sin cotizaciones, sin derechos laborales; un porcentaje de familias que se sitúan por debajo o al límite del umbral de pobreza (que en Catalunya, según […]
Dibujemos un breve panorama de la situación. Más de cuatro millones de parados; una proporción, no definida pero nada marginal, de trabajadores en la economía sumergida sin contratos, sin convenios, sin cotizaciones, sin derechos laborales; un porcentaje de familias que se sitúan por debajo o al límite del umbral de pobreza (que en Catalunya, según las aproximaciones, se sitúa entre el 15 y el 20%) y que, desde luego, esta vez sí, tiene nombre mayoritario de mujer; un proletariado fordista, organizado, que se ve empujado a aceptar el empeoramiento de sus salarios y, lo que es mucho peor, de sus condiciones de trabajo por el razonable y promovido miedo al despido; una dura contrarreforma laboral ya en marcha, otra más, promovida por quien dejo que no iba a decepcionarnos; un porcentaje de sindicación que, sumando elementos heterogéneos, y contradictorios en algunos casos, debe alcanzar el 15% o cifra no alejada; una práctica sindical de «acuerdos» y de desmovilización seguida durante largos años; huelgas generales de sector exitosas (cinco en el caso de la enseñanza pública preuniversitaria catalana), con una fuerte movilización que no consigue rozar ni girar las agresiones (y locuras) patronales y/o gubernamentales tripartitas; una importante huelga general, la del 29-S, que siendo como fue un éxito político-cultural, no consiguió generalizarse a todos los sectores de producción y servicios; una crisis, y la cultura y desinformación que la cubre, que genera ansiedad y miedos inconcretos, pero muy reales, en amplios sectores de las clases trabajadoras; perversos efectos de una abisal y diabólica penetración cultural neoliberal entre numerosos sectores de ciudadanos desfavorecidos; alargamiento de la edad de jubilación tras años de duros trabajos; ofensivas permanentes contra todo lo público, con apropiación privada en el horizonte: lo quieren todo y lo quieren ahora; infame y falsaria valoración de la «iniciativa privada y emprendedora», con aquiescencia y sumisión de los poderes públicos; desinformación y obsolescencia programada. La lista podría seguir; dejémoslo aquí.
¿Es fácil intervenir sindicalmente en estas circunstancias? No lo es, en absoluto. Miente o no toca realidad quien afirme lo contrario. ¿Hay que situar, por ejemplo, el mantenimiento del puesto de trabajo en un lugar preferente, central, básico, esencial, de las preocupaciones, negociaciones y acciones sindicales? No hay espacio para una duda de esta naturaleza, la respuesta no puede dejar de ser afirmativa. ¿Estamos viviendo los momentos más gloriosos del movimiento obrero y de las fuerzas de izquierda que aspiran ser dignas de ese nombre? Es obvio que no. Así, y en estas, estamos.
Cambio de tercio. Ecologistas en Acción [1] denunciaba ayer la postura pronuclear de UGT y CCOO, que tildaba de surrealista, al igual que criticaba el cambio de orientación del gobierno en el tema. Según la combativa y documentada organización ecologista, lo último de estas ocultadas negociaciones entre sindicatos y gobierno pasaba por la propuesta que el gobierno había hecho a los dos sindicatos mayoritarios: el gobierno aceptaría las reivindicaciones «sindicales» para prolongar la vida a las nucleares si los sindicatos aceptaban la jubilación a los 67 años. En opinión de Ecologistas en Acción, UGT y CC OO harían mejor «en defender los intereses de los/as trabajadores/as y la creación de puestos de trabajo que suponen las energías renovables» y no los intereses de la industria nuclear. Sabido es que la prolongación de la vida de las centrales nucleares, además de los riesgos adyacentes que deben sumarse al propio funcionamiento nuclear y del parón colateral de las energías renovables (que se estima generan «cinco veces más puestos de trabajo por unidad de dinero invertida que la energía nuclear»), no supone la creación de nuevos puestos de trabajo, sí, en principio, su mantenimiento, ni ninguna otra ventaja adicional para los intereses de los/as trabajadores/as. Lo contrario es más bien cierto: las centrales nucleares, una vez amortizadas, recuerda Ecologistas en acción, «dan unos pringues beneficios a sus dueños, puesto que se les paga la electricidad producida al triple de lo que les cuesta generarla, en una clara perversión de la competencia que tanto se dice defender en el Ministerio de Industria». De los desechos, desde luego, ni palabra. Eso no son asuntos de los negocios privados, ni siquiera «externalidades» a tener en cuenta.
M.A.M., B.C.B. y MA [2] informaban el pasado jueves que el gobierno daba marcha atrás y aceptaba mantener Garoña. ¿Y eso a qué venía? Jáuregui, por su parte, admitía que todo valía para alcanzar un acuerdo. ¿Qué acuerdo? Lezcano (¡quién nos ha visto y quién nos ve!), el secretario de comunicación de CC.OO, amenazó con hablar con más claridad sobre las negociaciones porque «los sindicatos estaban hartos». ¿De qué, por qué? CC.OO. y UGT negaron tajantemente -lo cual, lamentablemente, hace pensar en otros escenarios- la posibilidad de alcanzar acuerdos sobre las pensiones -aceptar, por tanto, los 67 años- a cambio de alargar la vida de las centrales, incluyendo a Garoña o sin incluirla. Sin embargo, el secretario general de Medio Ambiente de CC.OO., Llorenç Serrano, reconoció a Público que el alargamiento de la vida útil de las centrales estaba sobre la mesa de negociaciones, aunque, eso sí, añadía, el tema no había sido puesto sobre la mesa por los sindicatos. No es imposible que el gobierno, este gobierno, juegue con cartas tan «sofisticadas», es decir, tan soeces.
M.A. Marfull y Glòria Ayuso [3] daban cuenta en Público, del viernes 21 de enero, que el gobierno había rectificado sus palabras imprecisas del jueves y que mantenía el cierre de Garoña. Contradiciendo a Sebastián y Jáuregui, Valeriano Gómez, el ministro de Trabajo, declaró el jueves 20 que «en ningún momento se ha planteado nada que tenga que ver con el cierre de una central» y que, en su opinión, es absurdo la posibilidad de hacer concesiones en la reforma de las pensiones intercambiando cromos con modificaciones de las políticas energéticas.
IU ha apuntado al cerebro de Rubalcaba como ente muñidor de las calculadas contradicciones. No es, en absoluto, una hipótesis descabellada. Todo lo contrario: piensa mal, en este caso, y es probable que aciertes. Cabe eso, y mucho, muchísimo más, en la mente política del primer ministro en funciones. Los sindicatos, por su parte, acusan al gobierno de filtrar datos que, añaden para delimitar posiciones, no son ciertos.
¿Qué está pasando?
Ignacio Escolar [4] dio en su columna del viernes una pista interesante: el presidente del gobierno habla entre sus próximos de la necesidad ineludible de unos nuevos Pactos de la Moncloa, la segunda parte contratante de la parte contratada en 1977. Sin poder entrar ahora en detalle, recuerdo para los más jóvenes que los Pactos de la Moncloa fueron unos acuerdos suscritos en octubre de 1977 entre el Gobierno, entonces de la UCD, que dirigía Adolfo Suárez, y el resto de las fuerzas políticas, sindicales y organizaciones patronales (no recuerdo si la Iglesia católica bendijo el acuerdo pero no es imposible) que, así fueron publicitados, «permitieron la adopción de una serie de medidas monetarias, financieras y laborales para sanear la economía española». En realidad, los Pactos, junto con la aceptación de la Monarquía y la bandera monárquico-franquista por parte de la izquierda, la entrada y permanencia otánicas y el 23-F, y sus alrededores, garantizaron 35 años de fuerte hegemonía, casi indiscutible de las derechas españolas (las periféricas no excluidas) o de las fuerzas políticas que ejercieron y siguen ejerciendo como tales. Con ello empezó la desbandada de la izquierda, el desencanto, la liquidación por derribo de la cultura antifranquista y los valores de la izquierda, el postmoderno político-cultural y el triunfo generalizado del «todo vale por la pasta» y de la «muy sabia reflexión» de que cualquier procedimiento era válido, sin apenas acotaciones, para cazar ratones y disfrutarlos sin sentimiento de culpa. De aquellos lodos, este inmenso estercolero no sólo químico, sino radiactivo, político y social. ¿Este es, nuevamente, el sendero que se nos abre ante nuestros ojos? ¿Esta es la política sindical que debemos cultivar? ¿El porvenir era esto, el porvenir va a ser eso?
¿Cómo explicar entonces la que parece actitud pactista de los sindicatos mayoritarios? Más en concreto, dejando aparte la UGT que, mirado como se quiera mirar, no parece tener en su historial reciente tres átomos ni diez fotones de voluntad de resistencia, ¿por qué CC.OO. abona una vía de esas características, más cuando (¡por fin!) la antigua dirección, aquella nefasta dirigencia capitaneada, y el término no es una metáfora, por Fidalgo y Paredes, ha pasado a otros lucrativos quehaceres? Tal vez porque el panorama pinta peor que mal. No hay nada que hacer: los vientos europeos vienen huracanados; la economía del país, conducida por los grandes poderes financieros e industriales con el curioso control de instituciones como el Banco de España y su neoliberal gobernador, está en ruinas postbélicas; las clases trabajadoras no tienen voluntad heroica ni aspiran a ser mártires; la patronal española es dura como el diamante y las periféricas como cinco rocas. Etc, largo etcétera. O pactamos, aunque sea a la baja, muy a la baja, podrá decirse, o nos darán por todos los lados y en el bajo vientre. O mal pacto o peor desastre, esa es la cuestión. No hay otras disyuntivas en escenarios no quiméricos.
Si fuera así, si es así, si la situación se plantea en esos términos, la cuestión sería entonces: ¿y por qué va a pactar la patronal española e instituciones afines, gobierno «socialista» no excluido, cuando pueden obtener más, algo más cuanto menos, apretando los tornillos? ¿Por qué, en última instancia, son un poco generosos? ¿Por qué sienten que sin ello España ya no iría bien? ¿Por qué con lo que van a conseguir ya alcanzan sus objetivos? ¿Por qué aspiran a la paz social de los cementerios que incluyen fosas comunes ocultadas? ¿No había que, una vez caídos, levantarse y seguir adelante? ¿NO era Marcelino Camacho un maestro de los nuestros?
No está claro que la historia de las patronales españolas abonen algún sendero que tengan que ver con los límites, con la prudencia o con la acotación de su codicia insaciable. Pero, más allá de ello, lo que puede significar, lo que va a significar, para las clases trabajadoras españolas un pacto de esa naturaleza va a ser, de nuevo, un enorme regreso social. Una vuelta al pasado, al pasado de los acuerdos forzados, es decir, de las imposiciones realmente existentes, sin intentar cuanto menos combatir con los medios que están a nuestro alcance. Rendirse sin apenas esbozar un intento de rebeldía.
PS: El PP, cuenta Público electrónico [5], ‘vende’ la necesidad de un gran acuerdo mientras ataca a Zapatero. Pons, nada menos que Pons, ha señalado que su Partido cree que España necesita un acuerdo de la misma magnitud que el de 1977. No lo dudemos entonces: algo se está cocinando, y está a punto de hervir, en los aledaños del poder
Notas:
[1] http://www.grupotortuga.com/Ecologistas-en-Accion-denuncia-que,14322
[2] Público, 20 de enero de 2011, pp. 16-17.
[3] Público, 21 de enero de 2011, p. 16.
[4] Ignacio Escolar, «El Pacto de la Moncloa, 2», Ibidem, p. 52
[5] http://www.publico.es/357422/el-pp-vende-la-necesidad-de-un-gran-acuerdo-mientras-ataca-a-zapatero
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