Uno de los mayores frentes de actuación del actual Gobierno, como buen paladín de la filosofía neoliberal, es no sólo llevar al sector privado todos los grandes ámbitos de servicio público a la ciudadanía, sino también hacerles participar de su coste, mediante la implantación de múltiples «co-pagos», o más bien diríamos «re-pagos», pues son pagos […]
Uno de los mayores frentes de actuación del actual Gobierno, como buen paladín de la filosofía neoliberal, es no sólo llevar al sector privado todos los grandes ámbitos de servicio público a la ciudadanía, sino también hacerles participar de su coste, mediante la implantación de múltiples «co-pagos», o más bien diríamos «re-pagos», pues son pagos que se vuelven a recaudar por una segunda vía, es decir, la vía de los impuestos en primer lugar, y la vía de los precios o tasas, en segundo lugar. El campo de la Sanidad es el que más experimentos está sufriendo en este sentido, pero lo extrapolarán rápidamente a otros, por ejemplo a las pensiones, en su imparable deseo de hacer contribuir a la ciudadanía en la financiación de todos estos servicios.
Pues bien, la razón que se nos da desde la oficialidad para que entendamos todas estas medidas es que tenemos que ser conscientes del coste de todos estos servicios, haciendo pagar más a los que más tienen. Claro, en un primer momento (como suele pasar con todas las grandes perogrulladas, o frases huecas o sin sentido, tan favoritas de nuestros gobernantes) parecen tener razón, pues están enunciando un principio de clara justicia. Sin embargo, si profundizamos un poco, nos daremos cuenta de las trampas. Tenemos que partir de la base de que el objetivo final de la más justa redistribución de la riqueza es el que tiene que inspirar a todo gobierno justo y decente. Bien, inventemos por tanto un sistema impositivo gradual y progresivo en función de las rentas del trabajo y sobre todo del capital, de tal forma que contribuya más al sistema quien más tenga y quien más gane.
Pero una vez establecido este sistema, y si éste está bien implementado, y recoge todo el dinero que tiene que recoger (veremos cómo nuestro sistema es injusto), no se deberían implantar más impuestos para volver a sufragar servicios públicos a la ciudadanía. Y aquí es donde viene el problema. Se nos dice que no hay dinero, y que por tanto, los grandes sistemas de protección social comienzan a volverse insostenibles, y de ahí la necesidad de los co-pagos. Pues bien, desde la izquierda negamos la mayor. Hay dinero suficiente (diríamos incluso que hay dinero de sobra), lo que ocurre que al estar mal diseñado nuestro sistema impositivo, y por tanto no ser un sistema progresivo (donde aporte más quien más tiene), el dinero necesario simplemente no es recaudado. De hecho, sabemos que durante los últimos años de Gobiernos del PSOE y del PP, los regalos y rebajas fiscales a los más ricos y poderosos, así como a las grandes empresas, han aumentado inusitadamente, e incluso de forma brutal con respecto a los países de nuestro entorno. De ahí que surja el argumento de instaurar un sistema de progresividad en los precios (tal como el que se acaba de implantar para el co-pago farmacéutico), esto es, el pago en función de la capacidad económica de las familias. Craso engaño, pues estamos demostrando no sólo que es una vía de re-pago, sino que además las prestaciones son perfectamente sostenibles si nuestro sistema fiscal, padre de todos los sistemas impositivos, fuera realmente justo, progresivo y completo. Pero resulta curioso que los bienes, productos y servicios tengan el mismo precio para todo el mundo (el pan, la electricidad, un coche, etc.), pero en cambio, se instale la tendencia de que los servicios públicos (especialmente los de mayor dimensión social, como los sanitarios y los educativos) tengan tasas y precios diferentes, distintos en función de la renta, con el falso argumento de una mayor «equidad». Esta es la trampa.
Porque, tal y como estamos argumentando, la equidad se consigue por la vía de los impuestos sobre la renta, el patrimonio y las sucesiones, y no por la vía de la supuesta y justa progresividad del precio de un servicio. Por ejemplo, ¿nos oponemos desde la izquierda a que unos beneficios empresariales puedan ser de miles de millones de euros? No, siempre que un inmenso porcentaje sea devuelto a la sociedad, precisamente para una más justa redistribución de la riqueza. Igual diríamos del sueldo de un alto ejecutivo. De igual forma, no es equitativo que quien está más enfermo pague más que quien está más sano, como si los servicios sanitarios fueran un bien de consumo. Precisamente son servicios públicos porque todos los necesitamos por igual, y el sistema debe garantizar su prestación a quien los necesite, como y cuando los necesite. Igual diríamos de los servicios educativos, y del resto de derechos subjetivos recogidos en la Constitución, y no garantizados todavía, a más de 33 años de su promulgación.
Equitativo por tanto es evitar el fraude fiscal y garantizar que quien más tiene contribuya más, cosa que no hemos conseguido todavía. Equitativo es usar los impuestos no como un fin, sino como un medio que asegure la más plena redistribución de la riqueza de un país, y para asegurar el bienestar social mínimo para toda la población. Por tanto, basta ya de engaños y de manipulaciones. Digámoslo alto y claro, y de una vez por todas: Primero, nuestros servicios públicos son completamente sostenibles. Segundo, lo que hay que conseguir para su correcta y completa financiación es un sistema fiscal realmente justo y progresivo. Y Tercero: utilizar la declaración de la renta como criterio para el establecimiento de precios y tasas progresivas es una fuente de injusticia y de inequidad, pues significa hacer recaer el coste de dichos servicios sobre las rentas del trabajo por partida doble: a través de los impuestos y a través de los precios.
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