Muchísimas mujeres de nuestro país -más de cien mil sólo en el año 2006- se han sometido alguna vez en su vida a una interrupción voluntaria del embarazo, entre ellas las 25 mujeres que, tras la denuncia de una asociación denominada «La Vida importa», están siendo llamadas a declarar ante el juez en Madrid, y […]
Muchísimas mujeres de nuestro país -más de cien mil sólo en el año 2006- se han sometido alguna vez en su vida a una interrupción voluntaria del embarazo, entre ellas las 25 mujeres que, tras la denuncia de una asociación denominada «La Vida importa», están siendo llamadas a declarar ante el juez en Madrid, y a las que se les está presentando en su casa la Guardia Civil a entregar la citación, sin respeto alguno a su privacidad, y sin tener en cuenta que quizás en su entorno familiar más cercano ni siquiera lo sepan. Todo esto sucede al mismo tiempo que una campaña contra las clínicas que practican abortos haya obligado a ponerse en huelga a sus profesionales en demanda de medidas de protección, ante las amenazas recibidas por parte de algunos colectivos antiabortistas.
En España, en pleno siglo XXI, y en el marco de una inadmisible ofensiva retrógrada, un sector integrista de la Iglesia católica junto con algunas asociaciones antiabortistas está persiguiendo de palabra y obra a los que ejercen este derecho reconocido por una Ley de 1985; la Ley del Aborto, que fue aprobada por el primer Gobierno del PSOE, y que aunque nació corta de miras y no cumplió nunca las expectativas que las mujeres habían depositado en ella, es el soporte legal del derecho de las españolas que deciden hoy interrumpir voluntariamente su embarazo. En 1985 se argumentó que la sociedad no estaba preparada para más, y en consecuencia, en España el aborto todavía hoy sigue siendo considerado un delito salvo en tres supuestos: violación, malformación fetal, y grave peligro para la vida o la salud física y psíquica de la mujer. Y si a principios de los años ochenta los colectivos feministas demandaban en las calles la regulación de este derecho al grito de «aborto libre y gratuito», más de veinte años después se sigue pidiendo prácticamente lo mismo, ya que aún no se ejerce en condiciones de libertad en las doce primeras semanas de gestación -como demuestra esta andanada inquisitorial-; y tampoco es gratuito; son los centros privados -previo pago, claro está- los que realizan la mayoría de las intervenciones.
Pasar por un aborto es algo traumático en la vida de una mujer, un mal trago doloroso que marca un antes y un después, por lo que siempre será preferible poner todos los medios anticonceptivos al alcance y en lo posible evitar sufrir esa experiencia. Sin embargo, todavía es mil veces peor tener un hijo sin desearlo verdaderamente, porque será sentido como un parásito y no será objeto de amor. En cualquier caso, se trata de una decisión difícil, trascendente y muy personal. Sólo desde el desconocimiento y la falta de respeto hacia el sexo femenino algunos pueden alzar la voz desde los púlpitos para decir que las mujeres abortan alegremente como quien pide un café, como si fuéramos menores de edad, no tuviéramos la madurez suficiente para tomar decisiones que atañen a nuestra propia vida y necesitáramos de su tutela moral, como en tiempos más nefastos que probablemente algunos echan de menos.
En España se debe regular la interrupción voluntaria del embarazo mediante una ley de plazos, no sólo porque es el marco legal del que disfrutan desde hace tiempo los países de nuestro entorno, entre ellos Alemania, Francia, Bélgica u Holanda; sino porque además, según la Asociación de Clínicas acreditadas para estas intervenciones (ACAI), con una ley que permitiera el aborto sin la tutela por parte del Estado en los tres primeros meses, y a partir de ahí sólo de forma excepcional, se cubriría el noventa por ciento de las intervenciones, y al mismo tiempo se garantizaría la seguridad jurídica de las mujeres y de los profesionales que hoy están siendo atacados. Sin embargo, contra toda lógica y mostrando falta de valentía política, hace escasos días el Gobierno español perdió la oportunidad histórica de aprobar una ley de plazos, como propuso en el Congreso de los Diputados el grupo parlamentario de Izquierda Unida. El PSOE ni siquiera lo incluye ahora en su programa electoral porque su viraje al centro lo desaconseja; mientras que el PP ya ha anunciado que no reformará la Ley de 1985. Tendremos que seguir esperando.