La consideración del general neofranquista retirado sobre patria y democracia es una prueba más, sin duda innecesaria, del profundo pensamiento reaccionario y antidemocrático que habita, que sigue habitando, en sectores del Ejército español. Es poso profundo. El anunciado recurso de inconstitucionalidad del gobierno PP-y-olé ante la declaración del Parlament de Catalunya sobre «el derecho a […]
La consideración del general neofranquista retirado sobre patria y democracia es una prueba más, sin duda innecesaria, del profundo pensamiento reaccionario y antidemocrático que habita, que sigue habitando, en sectores del Ejército español. Es poso profundo. El anunciado recurso de inconstitucionalidad del gobierno PP-y-olé ante la declaración del Parlament de Catalunya sobre «el derecho a decidir» es otro indicio de su rancio españolismo conservador. Las declaraciones del ilustrísimo Ministro de Exteriores, y sus reflexiones «constitucionalistas», producen arcadas, cuando no vómitos, por su contenido… y por su tono perdonavidas y chulesco. Hay algunos nudos más pero ya es suficiente: alimento tóxico del mejor para el choque de trenes nacionalista, para subir hasta la ebullición la temperatura ambiente, los hunos contra los otros.
Ni que decir tiene que todo lo apuntado le sienta a las mil maravillas a los nacionalistas conservadores catalanes et alteri y a los activos sectores sociales del país que día tras día, noches también, alimentan el independentismo talibán en Catalunya y abonan la consigna: «con España [1] nada es posible ya», «España es un país de bárbaros y de antidemócratas». Lo ya sabido. Paso página y vamos a otro tema, a un asunto parlamentario de estos días pasados.
Junto con ERC e ICV, CiU presentó una resolución sobre derechos en el Congreso de Diputados. La cosa, bien mirada, tiene guasa. Que una fuerza política que gobierna Catalunya rompiendo, esquilmando, dando hachazos en todos los derechos sociales que están a su alcance e impida, recomiende o intente impedir incluso la tramitación de iniciativas legislativas populares sobre rentas básicas de inmersión (superando por la derecha en este nudo al mismísimo PP, tan amigo en tantas ocasiones), que una fuerza de estas características, decía, hable de derechos es algo así como si Joan o Juan Rosell (¿vieron, notaron, su claridad de clase en el «Salvados» del 3 de marzo justificando sin tapujos el trabajo de los directores-financieros-evasores-de-impuestos?) hablara de la injusticia de la explotación y de la infamia de las desigualdades sociales, presidiendo una gran institución empresarial que tiene a su ex en la cárcel por cincuenta y dos mil tropelías. ¿Quién podría creer una letra o siquiera una coma de lo señalado? Pasemos página de nuevo.
«Se insta al Gobierno a iniciar un diálogo con el Govern de la Generalitat en aras a posibilitar la celebración de una consulta a los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya para decidir su futuro». Esta es la resolución, incomprensible e injustamente, desestimada por el Congreso de Diputados el pasado miércoles 27 de febrero [2]. Josep Ramoneda, en el diario global-imperial del pasado jueves 28 de febrero [3], conjeturaba que el texto sólo pide que se abra una negociación política sobre una petición ampliamente respaldada por el Parlamento catalán. Es su lectura, es su interpretación del texto desde una cosmovisión, la suya, que no presenta, ni aspira a presentar, intersecciones no vacías con posiciones nacionalistas más o menos temperadas.
Pero el texto presentado y rechazado no dice eso exactamente o, mejor, no dice eso tan sólo. Apuesta, sin citarlo, por el derecho de autodeterminación de la ciudadanía de Catalunya y lo hace, cuanto menos en la intención de algunas de esas fuerzas, con la finalidad conocida y no ocultada: no unir sino separar, para obrar posteriormente como les venga en gana, y con limitados controles, suponiendo, como suponen, una muy probable hegemonía político-cultural conservadora durante décadas (Por lo demás, habría que ver qué posición tomarían esas fuerzas si, por ejemplo, en un supuesto Estado catalán, que no sería plurilingüe institucionalmente como no lo es el actual Estado español, la ciudadanía de la Val d’Aran o de Barcelona ciudad exigieran el ejercicio de su derecho de autodeterminación, sin olvidar, por otra parte, el objetivo «realista» final de su ofensiva política de largo alcance: más poder para «els de casa» y menos controles democráticos).
Sea como fuere, la resolución habla de la posibilidad de celebrar una consulta a los ciudadanos y a los ciudadanas de Catalunya -¿y por qué no en otros territorios del Estado o incluso en el conjunto de éste, sin anular por supuesto consultas menos generales?- para «decidir su futuro». ¿Nuestro futuro, el futuro de la ciudadanía catalana sólo tiene que ver con sus relaciones con el resto de Sefarad? Incluso más que no Mas: ¿es ese nudo lo esencial? ¿No tiene alguna relación nuestro futuro con las políticas educativas, sanitarias, sociales, económicas, culturales? ¿Por qué no podemos decidir si queremos o no la privatización (creciente, ya existente) de la sanidad y la educación? ¿Por qué no podemos decidir sobre el uso de la energía nuclear, sobre los transgénicos, sobre la renta básica ciudadana, sobre la renta mínima de inserción, sobre las contrarreformas laborales apoyadas por Convergència y Unió, sobre la corrupción institucional generalizada, sobre una política fiscal al servicio de las grandes fortunas, sobre las tropelías del poder fáctico catalán (La Caixa-Banc Sabadell) y miles de cosas más? ¿Y sobre el euro? ¿Y sobre la Europa del capital desbridado? ¿Es este el futuro que queremos, una Catalunya ansiosa de Eurovegas o tinglados afines? ¿No son todos estos vértices también parte de nuestro futuro? ¿Convergència i Unió apuestan porque decidamos sobre todo ello? ¿También el «demócrata» Oriol Pujol? Me pinchan, intentan sacar sangre y no lo consiguen ni en el 2014.
Por lo demás (dirán que es una petición personal pero que no está en minoría de uno), ¿no sería posible decidir si queremos seguir viviendo en compañía de los agentes y sectores sociales partidarios de la cosmovisión e intereses que tan bien representan don Artur-me-río-de-los-niños-andaluces, Andreu Mas-Colell-el-neoliberalismo-es-palabra-divina-y-talmúdica y Alicia Sánchez-Camacho la-espía-neofranquista?
PS. Preguntado por el debate sobre la independencia, el gran historiador Josep Fontana señalaba en una entrevista publicada en El Periódico [4]: «Evidentemente representa una explosión de malestar e indignación que buena parte de la gente canaliza contra un mal gobierno, y como el Gobierno es de Madrid, piensa: «Separémonos, que no iremos tan mal». Es el más grande reconocimiento a ese malestar y a que la gente tiene el derecho a decidir. Lo que es penoso e inmoral es que haya políticos que para conseguir sus fines engañen a la gente cuando realmente saben que este camino es inviable y no lo pueden seguir. Suponga usted que, efectivamente, hacemos un referendo y que da mayoría. Entonces, ¿qué hacemos? En un coloquio me contestaron «vayamos a Europa». Sí, donde hay una ventanilla que dice «demandas de creación de nuevos estados», y les llevamos el resultado del referendo… Normalmente ninguna independencia se consigue sin una guerra de la independencia. La separación de Chequia y Eslovaquia fue un hecho anormal que no tiene nada que ver. Las independencias de Yugoslavia se consiguieron con mucha sangre y con apoyo militar extranjero. Pensar que hay un plan viable y realizable que pasa por la celebración de un referendo y posteriormente negociar una separación, hoy día, es una fantasía chinesca». No hace falta estar de acuerdo en todos sus puntos para aceptar su tesis central: «es penoso e inmoral que haya políticos que para conseguir sus fines engañen a la gente».
Notas:
[1] Inconsistentemente -sus compañeros gallegos y vascos deben estar que se salen-, los nacionalistas catalanes incluyen en esa «España» de la que hablan a Galicia y Euskadi sin hacer ninguna referencia a sus derechos nacionales. En buena lógica nacionalista, la suya, deberían hablar de Catalunya, Euskadi, Galicia y el resto de España (o de una España que incluyera Castilla, Cantabria, Andalucía, Aragón, Extremadura, etc).
[2] Con los votos en contra del PP y PSOE -el conocido binomio PPSOE en asuntos esenciales-, y de algunas fuerzas más (UPyD entre ellas por supuesto) y los votos a favor de Amaiur, BNG, Nafarroa bai,… y de fuerzas «españolistas», en el muy afable y equilibrado lenguaje nacionalista, como Izquierda Unida y Plural.
[3] Josep Ramoneda, «El voto de la discordia». El País, 28 de febrero de 2013,. P. 15.
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; director Jordi Mir Garcia)
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