Probablemente sea el marco futbolístico-patriotero del «Podemos» y del «A por ellos», anunciado, como es sabido, desde un canal televisivo próximo al PSOE1, el que ha incentivado y estimulado la presentación de un nuevo (¿nuevo?) manifiesto a favor de la lengua castellana por parte de un grupo de intelectuales algunos de ellos militantes del partido […]
Probablemente sea el marco futbolístico-patriotero del «Podemos» y del «A por ellos», anunciado, como es sabido, desde un canal televisivo próximo al PSOE1, el que ha incentivado y estimulado la presentación de un nuevo (¿nuevo?) manifiesto a favor de la lengua castellana por parte de un grupo de intelectuales algunos de ellos militantes del partido de la señora Díez, próximos a la FAES y, en su momento, a fundaciones anticastristas. Como queda expuesto en la presentación, con alguna extraña ambigüedad incorporada fruto probablemente de pactos y acuerdos entre los firmantes, no se trata de una desazón meramente cultural2 sino de una inquietud política motivada por dos temas básicos: el papel del castellano como lengua principal de comunicación3 entre la ciudadanía y los derechos educativos y cívicos «de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación».
Los autores señalan que «desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles». No concretan más. ¿Cuántos años? ¿Crecientes razones? Preocupación, se apunta, por la situación institucional de una lengua de la que se dice, en un tono muy franco-español por cierto, que es «la única lengua juntamente oficial y común a todos los ciudadanos españoles». ¿Qué problemas ponen en peligro la situación institucional del castellano en España?
Los autores explicitan a continuación las premisas de su argumentación:
La primera: «Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen».
Destaquemos la afirmación para comprobar si hay consistencia en el desarrollo: «Todas las lenguas oficiales en el estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional». Sea como sea, ¿por qué tendría que ser oficial el castellano en todo el territorio nacional aun cuando fuera realmente común a toda la ciudadanía? ¿Y de dónde ese «por tanto», ese consiguientemente que les lleva a afirmar, como quien sostiene que el siguiente de 2 es impar, que sólo una de ellas goza del deber constitucional de ser conocida por todos? Goza del deber constitucional porque así fue incorporado a la Constitución española de 1978 y eso fue así, nuevamente hay que recordar lo obvio, porque la situación, la correlación de fuerzas, el espadón, el españolismo exacerbado y mil doscientas razones conocidas impedían -o dificultaban cuanto menos- formulaciones alternativas.
Aceptan los autores que existe «una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia de ningún tipo». ¿Y por qué? Porque «en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático».
Dejemos aparte el menguado concepto de «Estado democrático» que esgrimen los autores y autoras del Manifiesto. ¿Qué razonamiento permite sostener que una asimetría admitida no es injusta porque aunque en España existan, como también se admite, realidades culturales diversas4 sólo una de ellas «es universalmente oficial (reparen en el término) en el Estado? ¿Y qué importa eso? ¿Por qué no pensar en tratar oficialmente de forma distinta lo que se admite que es una asimetría? Es decir, si algo que es asimétrico no es injusto porque sólo una lengua es universalmente oficial, debería admitirse que esa asimetría sería injusta si el tratamiento lingüístico oficial fuera otro. Luego, por tanto…
Señalan a continuación los autores, por otra parte, que «contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano». Pensar en la reciente historia de nuestro país y hablar de «una lengua con tanto arraigo histórico» en España o es un olvido, o un disparate o una muestra más de prepotencia e insensibilidad culturales.
La segunda premisa apunta a las lenguas y a los derechos ciudadanos:
«Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc… en detrimento del castellano».
No estoy seguro, más bien creo lo contrario, de que no se pueda hablar de derechos comunitarios pero precisamente lo que el manifiesto señala -«las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones»- ha sido el pan de nuestro de cada día durante aproximadamente cuarenta años en partes importantes del territorio español. Decir, por lo demás, que eso ocurre actualmente en Cataluña, Galicia o el País Vasco en detrimento del castellano es un disparate sociológico, una ensoñación fruto de un prejuicio arraigado e imposible de alterar, que apenas merece ninguna consideración intelectual. ¿Cómo es posible afirmar una cosa así? ¿No viajan, no escriben, no leen, no ven, no oyen los autores del texto?
Discutamos algún punto en todo caso. ¿Prioritario el catalán en la educación impartida en Cataluña en primaria y secundaria? No seré yo quien niegue abusos y barbaridades puntuales, pero un dato enseña y enseña mucho: en las pruebas de acceso a las Universidades catalanas que se han realizado en esta última década, menos en 2005 si no ando errado, el promedio de la nota en lengua castellana siempre ha sido netamente superior al de la lengua catalana.
Por lo demás, el tema de la rotulación es una memez mil veces explicada que bebe en fuentes sesgadas de un comerciante conservador y que ha sido criticado incluso por una dirigente del PP catalán.
La premisa tercera tiene un tono paternalista tan pueril que se destruye a sí misma: «En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos)» [las cursivas son mías]
Conocer bien la lengua cooficial, aspiración, obligación de conocer el castellano: todo esto no chirría en las mentes de los autores. Otra premisa más que, más que proposición razonada y fundamentada, parece un postulado indiscutido de una axiomática monolingüística española.
Añaden además: «Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella».
El tono es tan pueril, tan de clase media exquisita, que, la verdad, da cosa leerlo.
Sea como sea, eso es lo que está ocurriendo ya en Cataluña. No es ningún desideratum al que debamos aspirar si fuera el caso. ¿No lo saben los autores?
Desconociendo claramente la situación añaden que «conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad». Dejemos aparte el tema de la movilidad geográfica, que concibe nuevamente a los trabajadores casi como mercancías y explicita netamente el carácter y posición de clase de los firmantes. Pero sabido es que precisamente los más interesados en conocer más lenguas, en saber más para tener más defensas, son esas capas desfavorecidas a las que lo autores hacen referencia. La (mal)denominada normalización lingüística ha conseguido, no sin errores ni estúpidos atropellos puntuales5, que sectores castellanoparlantes conozcan, hablen y escriban con corrección una lengua hasta entonces poco transitada. De hecho, esos sectores desfavorecidos se enorgullecen cuando se les habla en catalán. Notan, comprueban, que dominan otra lengua. ¿No es esto un aumento de ciudadanía española, si se admite, como se admite en el Manifiesto, que todas las lenguas «cooficiales» son lenguas españolas?
La guinda: ciertamente, señalan los autores, el artículo 3º, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Nada objetan a esta disposición tan generosa (¿) como justa, escriben los autores, «proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas» pero en su opinión se ha cumplido sobradamente hoy tal objetivo y sería «un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas».
¿Por qué se ha cumplido sobradamente? Pues… porque lo dicen ellos y ya basta. ¿Marginación o minusvaloración de ciudadanos monolingües? ¿A quienes se refieren los autores, a las personas que sólo hablan catalán, gallego o vasco por ejemplo? Prácticamente no existen pero en el caso de que existieran les sería imposible vivir en Cataluña, Galicia o en Euzkadi. Como todos los firmantes saben perfectamente, o deberían saber, hoy es perfectamente posible vivir en castellano en Cataluña y no es posible hacerlo en catalán. Es una tesis nacionalista, se dirá. Lo admito, pero está cargada no sé si de razón pero sí de hechos.
La conclusión, lo que pretende ser una conclusión de no se sabe bien qué razonamiento introducida con un «por consiguiente» para dar mayor (y aparente) fortaleza deductiva, no tiene desperdicio:
«Los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos..»
Tal como han leído: los ciertamente aguerridos constitucionalistas que usan la Constitución como norma intocable en numerosos asuntos anuncian la necesidad de cambios constitucionales. Vivir para ver.
Cambios constitucionales ¿para garantizar qué asuntos? Los siguientes:
1. «La lengua castellana es COMUN Y OFICIAL6 a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles».
Como de hecho ya ocurre actualmente, en afirmación, por lo demás, constitucional discutible.
2. «Todos los ciudadanos que lo deseen tienen DERECHO A SER EDUCADOS en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común».
En escuelas de élite de Barcelona -Aula por ejemplo, donde estudiaron lo hijos del señor Artur Màs- tal cosa ya ocurre. En las escuelas e institutos públicos es una situación de hecho. Todos los alumnos catalanes tienen un conocimiento final de «la lengua común» superior al catalán en general. Generar dos itinerarios, como parecen insinuar los autores, crearía marginación y separación e incuso enfrentamientos étnicos. Se han escrito toneladas de ensayos y artículos sobre el tema.
Otra cosa es, claro está, que la introducción de ambas lenguas pudieran hacerse con otros ritmos e incluso con otras finalidades.
3. «En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional».
Lo mismo exactamente que en el caso anterior: ya sucede actualmente. Más aún, en Catalunya ese derecho no lo tienen los catalanoparlantes. En numerosos actos judiciales, por ejemplo, no son atendidos en catalán ni pueden usar su lengua sin dificultades. En algunas universidades, la UNED es un ejemplo, toda la documentación está escrita únicamente en castellano. En algunas instituciones, no es posible recibir respuesta en catalán del funcionario.
Por lo demás, tema sobre el que los autores callan, el domino del castellano en la esfera de las corporaciones y negocios privados es abrumador.
4. «LA ROTULACION DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VIAS PUBLICAS, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc… en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica».
Observemos el punto: es recomendable que sean bilingües, sólo recomendable, pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua que ellos llaman autonómica. Por lo tanto, claro está, sí podrá ser únicamente en castellano si la situación lo requiriera.
5. «LOS REPRESENTANTES POLITICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales».
Pero, en cambio, no es natural para los autores que un parlamentario catalán, vasco o gallego use, si quiere, su propia lengua en el Parlamento del Estado. ¿Y por qué no es natural? Porque las lenguas autonómicas no deben contaminar el Estado, no son propiamente lenguas españolas. Si lo fueran, como los autores señalan en la primera de sus premisas, merecerían atención, reconocimiento y apoyo públicos. Y no sólo, desde luego, en sus propios territorios. La contradicción es de libro.
En definitiva, una apuesta política, sin ningún motivo puntual, para incrementar aún más la presencia del castellano en nuestro país. Probables consecuencias de ello: auge del españolismo, auge de los nacionalismos políticos periféricos (el central está casi siempre en el puesto de mando) y dificultades para que la idea de una España federal que reconozca sus diversas realidades lingüísticas y nacionales avance.
Desde luego, ningún cambio constitucional en el horizonte. Sobre todo, ruido. Ruido, escándalo y protagonismo mediático y neta inconsistencia en postular cambios constitucionales, sin motivos reales conocidos, para X, negándose al mismo tiempo a hacerlo para Y, eso sí, tildando de extremistas a quienes proponen esos cambios que, en ocasiones, sí tienen justificación.
Notas:
1 Con un presentador estrella participante en un anuncio televisivo pro-selección que ni en tiempos del más rancio españolismo hubiera podido imaginarse, y representante, se dice, del socialismo reflexivo y sosegado español que no españolista. Pues será eso o serán los servicios debidos a los lúcidos estrategas del canal Cuatro.
2 Luego, por tanto, también desazón cultural a pesar que, como se dice a continuación sacando pecho y fervor lingüísticos, «nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés». Es obvio que para los firmantes «nuestro idioma» refiere siempre al castellano; no existe otra lengua esencial, más allá de disimulos y cortesías falsarias, en su horizonte cultural.
3 Los autores añaden» democrático» pero es obvio que el castellano ejerce su aplastante dominio como lengua de comunicación democrática y no democrática en este país que para los firmantes siempre, claro está, es España.
4 El Manifiesto se guarda bien de hablar de realidades nacionales o de nacionalidades, término usado como es sabido en la Constitución de 1978 a la que tantas referencias y loas suelen hacer los autores por otra parte.
5 Por ejemplo. La aspiración, por parte de sectores muy minoritarios del profesorado, de que el alumnado debía seguir expresándose obligatoriamente en catalán en sus horas de descanso dado que se estaba en horario escolar.
6 No deja de ser curioso el uso de aguerridas y seguras mayúsculas en el Manifiesto.