Se acaba de constituir hace pocos días la nueva Plataforma o Campaña «Blinda tus derechos», con el auspicio de varias de las más importantes Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del país, para, como indica su nombre, intentar concienciar a la ciudadanía, y ejercer presión a nuestros políticos, para que pueda alcanzarse una situación de pleno blindaje […]
Se acaba de constituir hace pocos días la nueva Plataforma o Campaña «Blinda tus derechos», con el auspicio de varias de las más importantes Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del país, para, como indica su nombre, intentar concienciar a la ciudadanía, y ejercer presión a nuestros políticos, para que pueda alcanzarse una situación de pleno blindaje y protección de nuestros derechos fundamentales. Parecería de entrada una inocente campaña, pero la cosa tiene más entidad de la que en principio se puede sospechar. En efecto, acrecentada con el actual período de crisis sistémica que atravesamos (económica-política-social-de régimen) parece ser que el sistema, los Gobiernos, ya no nos garantizan de facto nuestros derechos y libertades fundamentales. No solo esto, sino que con la tremenda ofensiva del gran capital bajo esta crisis de acumulación y desposesión, la campaña que estamos atravesando más bien es de acoso y derribo de los mismos.
De hecho, el actual Gobierno del Partido Popular, desde su llegada al poder, ha llevado a cabo toda una serie de contrarreformas antisociales, con el objeto (velado) de despojar al conjunto de la ciudadanía de sus derechos básicos y fundamentales. Bajo la excusa de la crisis, el desmantelamiento del Estado del Bienestar es un proyecto que se lleva a cabo sin pausa, de forma progresiva, y los derechos formales declarados en nuestra Carta Magna se convierten en auténtico papel mojado. Ya no se nos garantiza nuestra educación, nuestra sanidad, nuestros servicios sociales, nuestras pensiones, las ayudas a la dependencia, y no hablemos ya de nuestra vivienda o nuestro trabajo, que se han convertido en meros productos sujetos a las más puras leyes del mercantilismo. Pues bien, en este contexto surge la presente campaña, para instar a la ciudadanía en primer lugar a un ejercicio de plena concienciación sobre nuestros derechos, y en segundo lugar, a ejercer presión para intentar construir un contexto que garantice el pleno desarrollo y protección de los mismos.
El problema es ciertamente peliagudo, y posee muchos flecos, porque bajo los actuales mimbres donde se basa la Constitución de 1978, nuestros derechos básicos y fundamentales no quedan garantizados, no solo por el continuo hostigamiento de los poderes fácticos hacia el disfrute de los mismos por parte de la inmensa mayoría social (pérdida de la tarjeta sanitaria, aumento de las tasas educativas, endurecimiento de las becas, introducción de copagos, insuficiencia financiera para atender a los servicios de dependencia, contrarreforma de las pensiones, decrecimiento de las prestaciones por desempleo, etc.), sino porque la propia Constitución impide la garantía y la protección de dichos derechos, desde que la reforma del artículo 135 antepuso el pago de la deuda sobre cualquier otro gasto social que el Estado pudiera cubrir. Por tanto, bajo esta situación, el efecto práctico es una deriva incontrolada hacia el desmantelamiento del Estado Social. Más allá de campañas concretas, que por supuesto apoyamos, desde la izquierda transformadora pensamos que sólo la convocatoria de un nuevo Proceso Constituyente que desemboque en una nueva redefinición de nuestro Estado, de nuestro modelo social, de nuestro modelo territorial, y de anteponer los derechos humanos a los derechos del mercado, nos traerá las auténticas garantías que necesitamos para blindar todos nuestros derechos como ciudadanos.
Pero más allá de esto, resulta que nuestra actual Constitución clasifica nuestros derechos en dos grandes categorías, según la propia intensidad de su protección. Define en primer lugar un conjunto de derechos como más importantes, ya que están más protegidos, y eso significa que cualquier ciudadano puede exigirlos fácilmente ante cualquier tribunal: el derecho a la vida, a la libertad o a la propiedad privada. Y luego define unos derechos de segunda categoría, como el derecho a la vivienda, o al medio ambiente saludable, que no pueden ser reclamados directamente ante los tribunales. Pongamos un ejemplo: podemos denunciar ante un juzgado el robo de un armario, pero no podemos denunciar que cierta empresa emite gases que contribuyen a un ambiente irrespirable y peligroso. Podemos denunciar un secuestro, pero no podemos denunciar que un banco se ha quedado con nuestra casa. El peligro fundamental es que la segunda categoría de derechos puede ser objeto de medidas regresivas deliberadas o injustificadas, que los harían en la práctica inviables. De lo que se trata es de reformar la Constitución (concretamente su artículo 53, principal responsable de esta discriminación) para que se protejan todos nuestros derechos por igual, sin clases ni jerarquías. En realidad debiera llegarse mucho más allá, ya que además de los seres humanos, se debieran contemplar los otros dos sujetos de derecho, como son los pueblos y la naturaleza.
Estamos convencidos de que hasta que no consigamos una nueva Constitución que defina nuestro país como una República Democrática, Federal, Social y de Derecho, que abunde en los aspectos de una democracia social, plural, laica, solidaria y participativa, y desarrollemos toda la normativa que consagre la plena garantía de todos los derechos de la ciudadanía, esta gran meta no se habrá conseguido. Pero mientras tanto, campañas y plataformas como las que nos ocupan son de una gran importancia, por la labor que realizan de cara a la concienciación ciudadana al respecto. Los derechos humanos no pueden estar al albur de situaciones económicas o coyunturales, porque la política y la economía han de ponerse al servicio de las personas, y no al revés. Y en este sentido, las organizaciones Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón han lanzado la presente campaña, pidiendo a los partidos políticos, de cara a los próximos comicios, que hagan constar en sus respectivos programas electorales, al menos, una reforma constitucional que ponga a las personas (sus derechos y libertades fundamentales) en el epicentro mismo de sus políticas. Una reforma que se comprometa con la protección y el blindaje de estos derechos, con las mismas garantías, para todas las personas, y previniendo los mecanismos y herramientas de financiación suficientes. He ahí la cuestión.
De esta forma, las tres ONG citadas piden una amplia y ambiciosa reforma de hasta 24 disposiciones de nuestra Constitución, para alcanzar un status de total protección de los derechos de todas las personas, con plenas garantías, y más allá de contextos o coyunturas económicas. Entre muchos otros, hay que consagrar el derecho a un medio ambiente limpio y sostenible, hay que garantizar los derechos de reunión y manifestación sin límite alguno, el derecho al acceso a la información y a la participación democrática, o los derechos a la vivienda, al trabajo, a la salud y a la educación. Todos ellos de forma pública, universal, gratuita y de calidad. Hay que recoger igualmente el derecho inembargable a una renta básica universal, individual e incondicional, para erradicar la pobreza, y proporcionar a todas las personas los ingresos mínimos para una vida digna. Y por supuesto, hay que extender estos derechos humanos fuera de nuestras fronteras, definiendo la obligación internacional de cooperar para el desarrollo de terceros países, así como garantizar el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas (quizá el mayor desafío que tenemos actualmente) y el respeto a las minorías, dentro de una política de plena igualdad.
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