Una lectura bastante aceptada por muchos estudiosos del sistema de bienestar en el Estado español afirma que, a pesar de los avances producidos en década y media, un retroceso originado desde mediados de los noventa ha revertido la tendencia convergente al promedio de gasto social de la Unión Europea, representante numérico de una ilusión reparadora-residual. […]
Una lectura bastante aceptada por muchos estudiosos del sistema de bienestar en el Estado español afirma que, a pesar de los avances producidos en década y media, un retroceso originado desde mediados de los noventa ha revertido la tendencia convergente al promedio de gasto social de la Unión Europea, representante numérico de una ilusión reparadora-residual. Lo cierto es que, más que un simple viaje de ida y vuelta, parece tratarse de un proceso más complejo y condicionado por factores sometedores de la coyuntura política a las necesidades y tolerabilidades del ciclo económico. Entendiendo lo sucedido desde esta perspectiva podremos, lamentable pero acertadamente, relativizar el protagonismo de uno u otro bando político en el gobierno central: sin la etapa masificadora-pseudosocial que ocupa las décadas de transición económico-política no se habría dibujado un escenario suficientemente propicio para el desarrollo de un aparato institucional, empresarial y financiero como el que ahora se instala -bajo el cartel de estado democrático de derecho- y se expande fuera de nuestras fronteras -en forma de poder económico transnacional-. Se trata, en resumen, de una transición del estado de medioestar al estado neoliberal: en horno y bandeja obsoletos se cocinó una tarta con retraso y con prisa, aderezada con ingredientes incompletos y retirada del horno demasiado pronto. A día de hoy, como consecuencia de ello, lo primero que salta a la vista es la centralidad del mercado y del mercado de trabajo en la comprensión de la política social (Noguera, J.A.: La reestructuración de la política social en España, en Adelantado, J. coord.: 2000; p.479) y sus nefastas consecuencias. La ejecución de políticas sociales tiene lugar bajo el dominio -y las peculiaridades locales de su configuración neoliberal- de las relaciones de producción capitalistas que estructuran el mercado de trabajo.
Siempre con un ojo puesto en el ámbito de gestión política del bienestar de la infancia, consideremos, como decía antes, una concreta pero significativa serie de datos relativos a pobreza, redistribución de rentas, educación, cohesión, familia o exclusión.
Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, durante la última década la pobreza infantil se incrementó en 17 de 24 países desarrollados . Entre 1998 y 2001, España era el cuarto país con mayor proporción de pobres de los 15 que componían la Unión Europea -la media era del 15%- por detrás de Portugal, Grecia e Irlanda. Hoy ya hemos superado a Irlanda. Aunque -o quizá porque- en los últimos años el crecimiento económico español superó la media de la UE-15, la extensión de la pobreza es muy superior a la media europea : la pobreza relativa alcanza a más de 5.000.000 de personas, 1.700.000 (316.000 familias) viven en condiciones de pobreza severa y 500.000 (86.000 familias) en pobreza extrema.
Las dificultades se ceban sobre todo en los niños menores de 16 años: la pobreza afecta a uno de cada cuatro frente a una media comunitaria del 19%, según el estudio Pobreza y pobreza persistente en España. 1994-2001, difundido por el Instituto Nacional de Estadística. El Observatorio Social de la Unión Europea -año 2003- cifró en 2 millones la población infantil que padece pobreza severa en España. De esos niños, 200.000 vivían en Madrid, pero el Instituto Madrileño de Atención a la Infancia, que tiene la responsabilidad de todos los niños en situación carencial, sólo reconoce la existencia de 6.000 -que es el número de plazas que ha puesto a su disposición- (Marínez Reguera, E: ob. cit.). Entre 1994 y 2001 la tasa de pobreza se redujo del 19.6% al 18.8%. Sin embargo, los datos son desiguales en función del sexo: mientras la pobreza masculina descendía en dos puntos, la femenina aumentaba en algo más de medio punto.
La proporción del PIB dedicado a protección social pasó del 24% en 1993 (UE-15: 28.8%) al 20.1% en 2000 (UE-15: 27.3%). Es el más bajo de la UE-15 después de Irlanda. Medido en unidades de poder de compra, el gasto en protección social por habitante era en 2000 de 3.713 (UE-15: 6.155).
La proporción del PIB dedicado a gasto en prestaciones de la función exclusión social era un 0.1% en 2000 (UE-15: 0.4% y Holanda: 1.4%). Es el más bajo de la UE-15 después de Italia (0.0%). Medido en unidades de poder de compra, el gasto por habitante en la función exclusión social era en 2000 de 26.7 (UE-15: 92.6 y Holanda: 347.2).
El 10% de los contribuyentes con mayores ingresos disponen de un 35% de la renta en España. Más aún: el 1% más rico dispone del 10% de las rentas declaradas. El 30% de contribuyentes con menores ingresos obtienen, también, un 10%. En 1998, una reforma del IRPF favorece únicamente al sector receptor de rentas más elevadas. En julio de 2005, por su parte, la mayoría de un 10% de parlamentarios presentes en el hemiciclo aprobó la primera reforma fiscal del nuevo gobierno, por la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores pasaba a ejercer el control sobre las llamadas Sociedades de Inversión en Capital Variable, uno de los principales instrumentos utilizados para canalizar el ahorro de grandes fortunas, de manera que éstas podían pasar de tributar un 35% a hacerlo por un 1% de su volumen.
Por lo que respecta a políticas familiares, una constatación global nos lleva a remarcar su carácter legalista, de modo que prima el reconocimiento de derechos por encima de la implementación de medidas políticas, léase dotaciones presupuestarias para prestaciones económicas o servicios sociales -…- En lo que concierne propiamente a los ejes de desigualdad, un primer efecto de la política familiar española es la dualización o reforzamiento de las desigualdades de clase (Parella, S.: Las políticas familiares, en Adelantado, J. coord.: 2000; p. 436).
Un 10% de los niños menores de 2 años gozaba de servicios de cuidados en 2001 (UE-15: 24%). La tasa de escolarización de niños menores de 3 años en plazas públicas alcanzaba un 8% en el año 2000 (Portugal: 12%; Francia: 23%; Dinamarca: 44%).
El porcentaje del consumo final de los hogares españoles en educación ronda el 2% y dobla la media de la UE-15. Se trata de un dato muy útil a la hora de considerar el modo en que la mercantilización afecta de modo creciente al incompleto sector educativo español. Un presupuesto bajo que resulta trasvasado en parte a manos privadas cumple dos funciones simultáneas de la misma tendencia, con lo que -del mismo modo que ocurre con la sanidad u otros sectores- la profecía de la ineficiencia pública queda autocumplida desde y por el propio sector público: la gestión privada es más eficiente. Urge un replanteamiento de ese concepto de eficiencia desde las más básicas nociones de sostenibilidad social, algo que tiene mucho que ver con la adopción de políticas de control social de uno u otro talante. La opción actual deriva en una tendencia a la polarización social y a la reproducción de las desigualdades.
El gasto público español en educación como porcentaje del PIB es del 4.3% (UE-15: 5.4%). El gasto público educativo por habitante suma 927 unidades de poder de compra (UE-15: 1.174). La escuela privada acoge al 30% medio-alto de la población, mientras los hijos de clases medias y bajas (70%) asisten a la escuela pública. La primera suma subsidios públicos y recursos privados, mientras la segunda se sirve de decrecientes presupuestos públicos. El enorme peso comparativo de la enseñanza privada no universitaria -y creciente de la universitaria- es una característica del sistema español . El llamado fracaso escolar afecta a un 34% del alumnado que no acaba la secundaria, y la composición de las aulas es marcadamente segregativa y clasista. La inexistencia de un mercado laboral estable para cualificaciones intermedias y las nuevas regulaciones laborales han supuesto que sean estos grupos los que sigan engrosando el mercado de trabajo secundario, cuya precariedad se ha acentuado con altos índices de rotación laboral y con la expansión de los contratos temporales. Y con ello, el riesgo manifiesto de exclusión existente para los grupos de población situados sobre la línea. La movilidad entre clases es mínima en el ámbito de la educación, pues el aumento de las cualificaciones no tiene efectos visibles sobre la movilidad ocupacional (Rambla, X. y Bonal, X.: La política educativa y la estructura social, en Adelantado, J. coord.: 2000; p. 307).
Estos son sólo algunos de los datos numéricos con que puede esbozarse un retrato de la actitud política del estado respecto a la exclusión social. Son los datos que residen estadísticamente eclipsados por macromagnitudes económicas interpretables desde criterios y referentes distintos: económicos, en lugar de humanos. Por debajo del ciclo económico circula un subproducto cuya transformación advierten Ferrajoli y Zolo hace veinticinco años: Nadie podría afirmar hoy que sea exclusivamente y ni siquiera prevalentemente la clase obrera la víctima de la represión penal y de las instituciones carcelarias. Éstas golpean bastante más a los sectores económica y culturalmente marginados, más o menos directamente tocados por experiencias de pérdida de la propia identidad social: como los emigrantes, el subproletariado de las periferias urbanas, los subempleados en actividades del sector terciario (Ferrajoli, L. y Zolo, D.: 1980; p.88).
Notas:
1) Los datos no acompañados de referencia a su fuente proceden de las publicaciones de Navarro, V. coord. (2004); Adelantado, J. coord. (2000) y EUROSTAT http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_ pageid =1090,1&_dad=portal&_schema=PORTAL).
2) Fuente: BBC. http://news.bbc.co.uk, Jueves, 3 de marzo de 2005.
3) Calculada respecto de la renta media disponible neta: pobreza extrema: menos del 15%; pobreza severa: 15 a 25%; pobreza relativa: 25 a 50%.
4) Y añade: -…- según el propio Boletín Oficial de la Comunidad, más del 45% de los 13 mil millones -de presupuesto anual- que podrían beneficiar a las familias en ayudas directas, se invierte en personal mediador.
5) Fuente: diario El País, 02-12-2004.
6)http://www.nodo50.org/reformaenserio/articulos/junio2005/ amnistia.pdf
7) Existe una tradición estatal de dejar en manos de la Iglesia Católica el control y provisión de la enseñanza y marginar la escuela pública – Rambla, X. y Bonal, X.: La política educativa y la estructura social, en Adelantado, J. coord. (2000; p. 291). Cita de De Puelles (1986)-.-…- si bien se han compensado parcialmente las grandes diferencias educativas y sociales heredadas del franquismo, dicha compensación no ha conseguido eliminar la persistencia de desigualdades (Ob. cit.; p.297).