Una convocatoria con dos carteles circulaba la última semana por la red: «Hemos decidido dejar de ignorar que los manteros existen»; «Acompañemos a los vendedores ambulantes»; «Por una vida digna»; «¡No hay personas ilegales!»; «Acompañemos a los manteros». En la manifestación que tuvo lugar el 22 de junio, entre la Plaza de España y el […]
Una convocatoria con dos carteles circulaba la última semana por la red: «Hemos decidido dejar de ignorar que los manteros existen»; «Acompañemos a los vendedores ambulantes»; «Por una vida digna»; «¡No hay personas ilegales!»; «Acompañemos a los manteros». En la manifestación que tuvo lugar el 22 de junio, entre la Plaza de España y el Ayuntamiento de Valencia, participaron un centenar de personas. Bamba, vendedor ambulante senegalés de 27 años, camina con tres compañeros cerca de un furgón de la Policía Nacional, que acota la marcha. El trío porta una tela blanca sin eslóganes. Los manifestantes sí que gritan consignas como «Ningún ser humano es ilegal», «Buscarse la vida es un derecho», «papeles para todos» o «La ley de extranjería es una porquería». Bamba vive ya diez años en Valencia y dispone de «papeles». Vende en el «top manta», en los diferentes mercados de la ciudad, ropa y zapatillas. Además, una vez a la semana participa en las reuniones del colectivo de vendedores ambulantes, organizadas en el barrio de Patraix.
Ha observado un cambio en los últimos dos meses, explica mientras llama por teléfono a uno de los portavoces para que amplíe la información: «La policía local con los ‘secretas’ nos cogen el género y golpean a la gente». Hace la denuncia mientras enseña la cicatriz de una contusión en el ojo izquierdo. Antes de laborar en el «top manta», Samba colectaba naranjas. Hoy vive en un piso compartido, con otros diez compañeros de Malí, Senegal y Guinea. Paco, un «sin papeles» de 23 años que lleva media vida en España, es quien más se explaya. Este vendedor ambulante senegalés vive con dos amigos en un piso de alquiler, por el que pagan 475 euros al mes (sin contar la luz y el agua). No le llega con las zapatillas que vende en la calle, por lo que tiene que apoyarse en su familia y amigos. «Hay gente con hijos que no puede vivir si no pone la manta, y nadie nos ayuda». Es más, «vienen a por nosotros». Se gana la vida en los mercados Central y de Campanar («estamos aquí para vivir»), pero en 2005 le impusieron una multa de 1.500 euros por vender en la calle. Y la tuvo que pagar.
En 2014, cuenta, le multaron con 3.000 euros por supuesta agresión a un policía local. «Pero fue él quien me golpeó». Muestra las huellas de aquel episodio, una cicatriz en la frente. «Casi me rompen el ojo». Pagó la multa con la ayuda de su familia que vive en Senegal. Conoce casos parecidos en el entorno inmediato. En 2013, un compañero de piso senegalés permaneció seis meses en la cárcel, antes de que le expulsaran del estado español. ¿Por el «top manta»? «Claro, nosotros no hacemos otra cosa». Paco habla de la policía local de Valencia. «La Nacional te para, y si no tienes la documentación te llevan al CIE de Zapadores». Protesta porque los agentes nunca les respetan. «Después en el juzgado dicen lo que quieren, siempre les dan la razón». La manifestación se acerca al final en la Plaza del Ayuntamiento, donde intervendrá Sinabieye, una mujer senegalesa de 36 años que vende ropa, pulseras y pañuelos de temporada allí donde puede. En cualquier playa o mercado. Se queja de que no les permitan instalar el puesto de venta en lugar alguno. Vive ocho años en Valencia y no dispone de «papeles».
Sinabieye ha tenido, al igual que muchos de sus compañeros, penosas experiencias con la policía. En el verano de 2015 la policía local de Albacete le impidió vender y le requisó la mercancía. En la playa valenciana de la Malvarrosa los agentes se incautaron el pasado verano de pulseras, monederos, material para hacer trenzas, bolas, cueros y cartelería. Su marido, con el que vive en un piso del barrio de Patraix, vende asimismo en el «manta». Por esta razón «lleva varios juicios y ha estado en la cárcel; también le llevaron al CIE de Zapadores por no tener papeles», cuenta Sinabieye. Llega la hora de los parlamentos frente al consistorio. Un «cordón» de la Policía Nacional marca el límite a los manifestantes en la plaza y las aceras, de manera que el tráfico fluye. El primer portavoz de los tres que toman la palabra denuncia las políticas «discriminatorias» y «racistas» del Estado español contra el colectivo migrante. Critica las «redadas» por el color de la piel y por vestir de modo diferente. El acto tiene lugar muy cerca de uno de los blancos de la protesta. En el Ayuntamiento de Valencia gobiernan en coalición los partidos Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú. La responsabilidad política de la policía local corresponde la concejal de Protección Ciudadana, Sandra Gómez, del PSPV-PSOE.
El portavoz de los «manteros» mira y dirige sus palabras a la sede del Ayuntamiento. «La policía local nos persigue, insulta y maltrata». Los testimonios consultados coinciden en que la «agresividad» policial ha aumentado en los últimos meses. El orador recuerda que han solicitado una reunión con la Concejalía de Protección Ciudadana, hasta el momento sin respuesta. «No queremos competir de manera desleal con los comerciantes de la ciudad, sólo ganarnos el sustento de una manera digna». Tiene que interrumpir en varias ocasiones el discurso, porque las personas concentradas gritan «Vivir dignamente, no es un delito». El colectivo de vendedores ambulantes de Valencia, integrado mayoritariamente por senegaleses, mantiene contactos con los de Madrid y Barcelona. Muchos de ellos llevan más de una década sin «papeles», y en la alternativa que se les plantea al «manta», la recogida de naranjas, «no nos pagan más de 10-15 euros al día», lamentan.
En este retrato encaja perfectamente Aass, de 38 años, quien vende en los mercadillos de los barrios pulseras, collares y ropa sin marca. Uno de sus problemas con la policía local es que ni siquiera le dejan montar el puesto de venta. «Me ha pasado más de veinte veces». «Vienen de paisano unos 15 agentes y golpean a la gente». Aass gana como máximo 300 euros al mes y sólo el alquiler del piso compartido le cuesta 120 euros; a su familia, que vive en Senegal, le transfiere todos los meses otros 150. Hace unas semanas, relata, la policía local le pegó y arrebató el género en el exterior del mercado central. Estaba recogiendo el material para volver a su casa. Se lamenta de que nadie les devuelva después la mercadería requisada. «Hoy en Valencia la situación es peor que en otras ciudades», resume. Se forma espontáneamente un pequeño corro en el que pide intervenir Mordiagne. No tiene «papeles» y pasa del «manta» en los mercados al trabajo agrícola: «A ver quién me explota». ¿Qué ocurre con la policía local? «Desde hace dos meses están como locos, incluso han subido a cuatro casas para requisar la mercancía». El testimonio de otro senegalés, Falou, quien vive desde hace diez años en Valencia, deja en silencio a los compañeros. «Hace tres años un agente de la policía local me apuntó con una pistola en los genitales». Cuenta que ocurrió en el coche en el que le trasladaron al CIE y después al hospital. Señala a un tal «Charlie», hoy fuera del cuerpo, quien también le agarró del cuello, golpeó e insultó dentro del automóvil. Comenta alguno de los hechos que ocurren últimamente en Valencia: grupos de 20 efectivos policiales, de paisano o uniformados, persiguen a los vendedores ambulantes por ejemplo dentro de los mercados. Se producen carreras y «al que agarran lo denuncian».
El 15 de junio tuvo lugar una manifestación en Barcelona para pedir la libertad de Sidil Moctar, quien vive desde hace once años en España. El pasado 19 de mayo el Juzgado de Instrucción número 25 de Barcelona decretó la prisión preventiva de este vendedor ambulante a petición de la fiscalía y la letrada de la guardia urbana, por supuesta agresión a un agente policial. Pero el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona ofrece otra versión de los hechos: «Se defendía de la violencia ejercida por varios agentes en la salida de metro de la Barceloneta». Señalan además que no es el primer ejemplo de «ataque policial». «Llevan muchos años violando nuestros derechos», denuncian. Identificaciones racistas, «robo» de pertenencias, prohibición de ir en el metro aunque no lleven mercancías, insultos y agresiones en la calle… «Hace un año hicieron un ‘montaje’ contra nuestro compañero Issa Seye, que luego tuvieron que desmentir». «En este país la justicia tiene color y precio», añaden. El Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes constata un incremento en el acoso y las agresiones policiales al colectivo de «manteros». El 10 de junio, informan en su página de Facebook, la guardia urbana agredió a uno de los voceros de la organización, Mame Mor. Tres días antes otro portavoz y fundador del sindicato, Pape Diop, terminó en urgencias del Hospital del Mar tras una supuesta agresión de cuatro agentes de paisano de la guardia urbana. «Querían robarle la mochila», aseguran. «Hace varias semanas que le persiguen y provocan buscando una reacción del compañero, y así justificar sus actos violentos».
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