Socorro Rojo Internacional denuncia en su último informe la criminalización del colectivo de presos de esta organización, del PCE (r) y los GRAPO, cuatro de los cuales padecen enfermedades graves y a cinco más se les ha aplicado «de facto» la cadena perpetua. Los comités por un Socorro Rojo Internacional (SRI), que atienden a los […]
Socorro Rojo Internacional denuncia en su último informe la criminalización del colectivo de presos de esta organización, del PCE (r) y los GRAPO, cuatro de los cuales padecen enfermedades graves y a cinco más se les ha aplicado «de facto» la cadena perpetua.
Los comités por un Socorro Rojo Internacional (SRI), que atienden a los presos del SRI, PCE(r) y GRAPO, han denunciado la política de criminalización y represión contra este colectivo, integrado actualmente por cuarenta prisioneros, así como la «aplicación de facto de la condena perpetua» y su dispersión geográfica. De los cuarenta presos del colectivo, 22 pertenecen a los GRAPO, 17 al PCE(r) y uno es militantes del SRI. Además, otras diez personas -cinco del PCE(r) y otras cinco del SRI- se encuentran en libertad provisional a la espera de juicio.
Según el último informe del SRI, el colectivo ha tenido presos hasta en tres estados -español, francés e Italia- y, debido a la aplicación de la política penitenciaria de dispersión, han llegado a estar repartidos en 25 prisiones. Todos ellos en «primer grado régimen especial», que implica el máximo nivel de aislamiento.
Constata que en caso de estar encarcelados en la misma prisión, siempre lo están en diferentes módulos, para evitar cualquier contacto. «Se da el caso de presos -añade el SRI- que habiendo estado años en la misma cárcel, no han coincidido ni se han visto ni una sola vez.
Además, cita la situación de Miguel Angel Bergado Martínez, Xaime Simón Quintela, Suso Cesa Seoane, María Jesús Romero Vega y Olga Oliveira Alonso, a quienes se les «ha aplicado de facto: la cadena perpetua», ya que a pesar de tener sus condenas cumplidas tras haber pasado en prisión entre 18 y 28 años, deberán cumplir íntegras sus penas y no serán excarcelados hasta 2011 en el caso de Bergado; 2015, en el de Simón, y 2020, en los otros tres casos.
Recuerda SRI que son cuatro los presos políticos del colectivo que padecen enfermedades graves e incurables pero permanecen encarcelados. Manuel Pérez Martínez, secretario general del PCE (r), de 64 años, padece muy graves dolencias oculares, hernia de hiato y un grave estado de debilidad general debido a su estancia en prisión (un total de 13 años en tres momentos distintos) y al aislamiento.
María José Baños Andújar, militante de los GRAPO, suma ya 15 años en prisión y, además de ser portadora del VIH necesita un trasplante de hígado.
Manuel Arango, militante del PCE (r) de 62 años sufre una grave ciática crónica que le impide realizar cualquier tarea y tiene graves problemas de movilidad. H cumplido ya siete años en prisión, en dos tandas diferentes, y se encuentra hipermedicado.
También toma mucha medicación su compañera de militancia Carmen Muñoz Martínez, quien suma un total de 26 años de prisión y padece cáncer de mama, del que ha sido operada y le obliga a someterse a duras sesiones de quimioterapia y rehabilitación.
En cuanto a la situación en las cárceles, en algunas de las cuales son habituales las plagas de ratas y cucarachas, el informe de SRI recoge el control de las comunicaciones, llamadas telefónicas y visitas de la mayoría de los presos del colectivo. Constata también la utilización de la alimentación como otra «herramienta de intento de exterminio», una «bazofia» que causa no pocas enfermedades bucodentales y de estómago que se han convertido en crónicas.
Esta organización denuncia, asimismo, la dispersión geográfica a la que se somete a los presos, un «castigo» que se aplica también a familiares y amigos, quienes sufren una importante sangría económica y corren el riesgo de tener accidentes durante los largos desplazamentos.