Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), la mayoría de las grandes empresas que en su día se comprometieron a poner en marcha políticas responsables con los derechos humanos y el medio ambiente no informan adecuadamente sobre los resultados a sus inversores, prestamistas, analistas ni aseguradores. De hecho, sólo tres […]
Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), la mayoría de las grandes empresas que en su día se comprometieron a poner en marcha políticas responsables con los derechos humanos y el medio ambiente no informan adecuadamente sobre los resultados a sus inversores, prestamistas, analistas ni aseguradores. De hecho, sólo tres compañías de un total de 50 multinacionales calcularon el impacto social de sus políticas y lo dieron a conocer.
Todas estas empresas forman parte del llamado Pacto Mundial — Global Compact — iniciativa de la ONU que pretende fomentar la responsabilidad social en las empresas y que funciona desde hace cuatro años. Se trata de un acuerdo al que las empresas se suman de manera voluntaria, y no de un instrumento regulador que plantea normas legales de conducta para todas las empresas ni de un mecanismo que concede una certificación a las empresas que cumplen ciertos requisitos.
Hasta la fecha, los avances son lentos y, en palabras del UNEP, la nota media de las multinacionales que participan en la iniciativa es el «suspenso». Como explican desde el organismo internacional, el número de empresas con políticas más seguras para el medio ambiente y el ámbito social ha aumentado un 50%. Sin embargo, «los escándalos recientes ocurridos en algunas empresas han focalizado la atención hacia temas íntegramente financieros, en detrimento de las cuestiones relacionadas con los riesgos no financieros», advierte el informe de Naciones Unidas.
El Pacto Global nació el año 2000 como instrumento avalado por la ONU y por el que las empresas y multinacionales pudieran avanzar hacia la responsabilidad social corporativa. En la actualidad, participan compañías de más de 54 países, ONG, sindicatos y patronales.
Hace dos años, empresas, organizaciones del tercer sector, entidades académicas e instituciones sociales y políticas del Estado español crearon la llamada Mesa Cuadrada y se añadieron al proyecto.