La Delegación del Gobierno en Madrid informó el pasado tres de agosto de que se paralizaba la expulsión de un joven marroquí, interno desde hace un mes en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Pero la cadena de hechos empezó unos días antes. El joven afirmó haber sufrido agresiones el 31 de […]
La Delegación del Gobierno en Madrid informó el pasado tres de agosto de que se paralizaba la expulsión de un joven marroquí, interno desde hace un mes en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Pero la cadena de hechos empezó unos días antes. El joven afirmó haber sufrido agresiones el 31 de julio por parte de la policía en el interior del CIE; y SOS Racismo-Madrid hizo público que el migrante iba a ser deportado en uno de los llamados «vuelos de la vergüenza», con dirección a Marruecos. Así se lo notificó el Ministerio del Interior al joven migrante. A varios testigos de las agresiones también se les comunicó que iban a ser expulsados.
CIE Aluche. Fuente: SOS Racismo
Hacer efectivas las deportaciones, explica la organización antirracista, «impide la investigación de las agresiones y hacer justicia por los hechos denunciados». Las ONG han dado cuenta de la utilización de estos procedimientos en otras ocasiones, y SOS Racismo ha presentado, en este caso, una queja ante el Defensor del Pueblo y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para que se paralizara la expulsión y se investigara lo ocurrido con el migrante marroquí. «Las deportaciones contribuyen a perpetuar la impunidad y la opacidad en los CIE», afirman los movimientos sociales.
La sucesión de hechos que se pide investigar comenzó el 31 de julio. El joven marroquí protestó por la comida que se estaba repartiendo en el CIE en horario nocturno. Según su relato, difundido por SOS Racismo, tres policías sin placa identificativa (pese a la obligación establecida en la normativa) se aproximaron y le dieron una patada en la pierna, un puñetazo en la oreja y varios golpes en la espalda. Testigos de lo ocurrido sostienen que los agentes se llevaron al interno objeto de presuntas agresiones «y le aislaron en el pasillo de ingresos hasta la medianoche».
Las organizaciones de derechos humanos señalan que las protestas sucedidas posteriormente en el CIE tuvieron su origen en estos hechos; asimismo, los compañeros manifestaron su voluntad de que el presuntamente agredido volviera con ellos, de modo que ninguno cenó esa noche. El joven que refirió los malos tratos también acudió al servicio médico del CIE, que le dispensó una pastilla (ibuprofeno), sin que se le facilitara el informe médico al que obliga la normativa. El uno de agosto SOS Racismo-Madrid presentó una denuncia ante el Juzgado de Guardia por todo lo acaecido.
Diferentes medios han informado, citando fuentes policiales, que el 31 de julio se produjo en el CIE de Aluche un intento de huida por parte de un grupo de reclusos de origen magrebí; el motivo, según las citadas fuentes, fue evitar la deportación a los países de origen. Dada la situación, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, visitó el CIE de Aluche el uno de agosto, acompañado de los técnicos de la Defensoría, para entrevistarse con los internos y con los responsables del centro. Una de las conclusiones de la inspección, informó la Defensoría del Pueblo en nota informativa, es que en el CIE madrileño conviven personas que han arribado recientemente a España en patera, con otras que esperan la expulsión. «Esta circunstancia ha sido denunciada en numerosas ocasiones por el Defensor del Pueblo», apunta el comunicado.
Fernández Marugán manifestó, tras la visita, su «preocupación» sobre diferentes circunstancias que afectan al centro madrileño. Por ejemplo el hecho de que, después de tres años de vigencia del reglamento de los CIE, no se hayan ejecutado algunas de las «reformas» previstas (los movimientos sociales abogan por el cierre de los centros de internamiento, no por «mejoras» ni medidas paliativas). Además, el Defensor del Pueblo califica de «inadecuadas» las instalaciones del CIE de Aluche; «falta asistencia sanitaria permanente y se han detectado carencias en la asistencia social, que debería ser asumida por personal especializado ajeno a la policía», sostiene Fernández Marugán. Por otro lado, la Defensoría trasladó a la Fiscalía las alegaciones de varios internos que declararon ser menores (13, según Europa Press) y que, en consecuencia, no podrían permanecer en el centro (En el CIE de Aluche se identificó en 2016 a ocho menores).
Las circunstancias de este inmigrante magrebí no constituyen una excepción en el CIE de Aluche. A primeros de junio SOS Racismo-Madrid difundió el caso de M.A., ciudadano de origen tunecino que en 2014 fue expulsado de Francia. Intentó retornar a Europa dos años después, pero en la travesía sufrió un accidente por lo que requirió una intervención quirúrgica. «Se le colocaron varias piezas protésicas a fin de curar su fractura», destaca la organización antirracista. M.A. recibió atención médica en Melilla y después fue trasladado al CIE de Aluche, como trámite previo a la expulsión. Denuncia que fue objeto de tres intentos de deportación. En el primero se le negó la posibilidad de portar una de las muletas, pese a que las necesitaba para su recuperación, con el argumento de que eran propiedad del CIE. En el tercer intento «le quitaron una de las muletas facilitadas por SOS Racismo», apunta esta organización. En el último intento de deportación, se repitió el trato degradante. El inmigrante contó que fue atado y recibió golpes, puñetazos y patadas por parte de los policías que lo custodiaban; también dijo que en el avión comenzó a gritar para evitar que le expulsaran, objetivo que finalmente logró.
En cuatro de abril el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció la construcción de tres nuevos CIE, en Madrid, Málaga y Algeciras. Esa misma semana sucedió otro caso particularmente grave en el centro de Aluche. SOS Racismo-Madrid dio cuenta del caso de un joven marroquí, de 23 años y nueve de residencia en España, que habituado al hostigamiento policial, según su relato, fue detenido en un control de identidad y trasladado a una comisaría; allí intentó suicidarse. El pasado mes de marzo logró fugarse del CIE madrileño. «Fue encontrado y llevado de vuelta al centro de internamiento, donde intentó suicidarse por segunda vez», explicó la organización de derechos humanos. La respuesta consistió esta vez en el aislamiento y la restricción de visitas, tanto de su familia como de los colectivos de apoyo. Finalmente fue deportado.
El episodio revela además algunas constantes en el funcionamiento de los CIE. Por ejemplo, el inmigrante expulsado estuvo antes en el hospital, para que se le evaluara desde el punto de vista de la salud mental. Sin embargo, en los días siguientes no pudo recibir apoyo psicológico, ya que en el CIE de Aluche se carece de este servicio. Y, también en este caso, las autoridades tomaron medidas contra los testigos. De las dos personas que podrían testimoniar sobre el intento de suicidio, una resultó expulsada de inmediato; y la segunda, temía que tratara de agilizarse la expulsión (a primeros de abril, cuando se produjo la denuncia de Sos Racismo).
En el centro de internamiento de Aluche fueron internadas 1.526 personas migrantes en 2016, de las que el 46% resultaron repatriadas, según el informe CIE-2016 publicado el pasado mes de junio por el Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM-E). Además el centro madrileño se situó como segundo en número de internos, tras el de Algeciras (3.101). El informe destaca una resolución conjunta de los jueces de control del CIE de Madrid, con fecha 28 de octubre de 2016, por la que se requería a la dirección del centro a que, de manera urgente, se instalaran cámaras de seguridad en todo el centro, salvo en baños, dormitorios y otros espacios de intimidad.
¿A qué atendía la resolución judicial? El 18 y 19 de octubre un grupo de internos se apostó en los tejados del CIE, para protestar por la situación que vivían en el centro. Tras los hechos, miembros del grupo denunciaron ante el juez lesiones, de las que responsabilizaron a la policía, en las zonas del CIE donde no alcanzaban las cámaras de seguridad. Las visitas del SJM-E al centro de Aluche constató la presencia de dos mujeres brasileñas, víctimas de la trata de personas. Una de ellas fue puesta en libertad, tras una estancia de 28 días en el CIE, gracias a la mediación de los voluntarios del servicio jesuita y el Defensor del Pueblo. Finalmente logró el permiso de residencia.
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