La Caravana Melilla-2023 ha recorrido durante una semana 1.800 kilómetros y visitado 7 ciudades -desde Madrid hasta el municipio de Burriana (Castellón)-, para denunciar el “racismo institucional”, informaron el 29 de junio portavoces del movimiento.
Verdad, justicia y reparación; es la exigencia de la Caravana Melilla-2023 de la red Abriendo Fronteras, surgida en 2016 y en la que este año han participado 150 personas del estado español, así como delegaciones de Italia y México; el objetivo es reivindicar la memoria de las (al menos) 37 personas asesinadas, 73 desaparecidas y cerca de un centenar de encarceladas -el 24 de junio de 2022- durante la denominada Masacre de Melilla; se produjeron ese día “graves violaciones de los Derechos Humanos” por parte de los estados de Marruecos y España (incluidas las 470 devoluciones en caliente).
La Caravana ha recorrido durante una semana 1.800 kilómetros y visitado 7 ciudades -desde Madrid hasta el municipio de Burriana (Castellón)-, para denunciar el “racismo institucional”, informaron el 29 de junio portavoces del movimiento; al día siguiente -etapa del País Valenciano- se programaron acciones como una concentración en Puerto de Sagunto contra los barcos de la muerte (“embarcaciones saudíes cargan habitualmente armas en Sagunto”).
También el 29 de junio la Federación SOS Racismo presentó el Informe sobre el Racismo en el estado español-2023, que recoge las denuncias atendidas en las oficinas de la entidad -durante 2022- en los diferentes territorios (Gipuzkoa, Galicia, Aragón, Navarra, Bizkaia y Catalunya).
En el reporte destacan los 93 casos de “racismo institucional” recabados en Catalunya; 63 en Navarra y otros 62 en Galicia; 51 por denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos en Navarra; 53 por denegación a prestaciones y servicios privados en Catalunya y 48 en Galicia; o 67 por conflictos y agresiones racistas en Catalunya; en total, el número de denuncias regidas pasó de 397 en 2013 a 740 en el año 2022.
Un 4% de las 740 denuncias fueron presentadas por menores de edad; en este apartado, SOS Racisme-Catalunya documentó el siguiente caso: “X es de Guinea Ecuatorial y tiene tres hijos; se acerca (a la ONG) a denunciar la situación de su hija de 13 años en la escuela (provincia de Barcelona); su hija lleva tiempo sufriendo acoso por parte de un grupo de niñas de la escuela. Es una de las pocas alumnas negras de la escuela”; a ello se agregan los casos de discriminación a las personas extranjeras en los centros de menores, “relacionadas con las condiciones de vida”.
La mayoría de las denuncias (52%) fueron presentadas por mujeres; se da la circunstancia que, en 2016, el porcentaje de hombres denunciantes de racismo duplicaba al de mujeres.
Asimismo, el informe apunta la racialización –más que el estatus migratorio de la víctima-, como factor principal de la discriminación; de hecho, el 46% de los denunciantes se hallaba en situación considerada regular, frente al 28% de personas denominadas (oficialmente) irregulares y el 26%, nacionales de la Unión Europea.
En cuanto a los territorios de procedencia, además de los ciudadanos de países de la Europa Occidental (23%), el 21% corresponde a personas magrebís; el 21% provienen de América del Sur, el 20% del África subsahariana y el 11% de América del Norte.
Uno de los capítulos del documento está dedicado a los llamados agentes discriminatorios; más de la mitad (51%) de los actos racistas fueron obra de instituciones estatales/públicas; el 23% de particulares (por ejemplo agresiones y conflictos en espacios públicos y vecinales, un 20% más que en 2021); y el 22% por entidades privadas (empresas y todo tipo de servicios). En el análisis de detalle, destacan los 250 casos de “racismo institucional” (34%), seguido de los conflictos y agresiones racistas (130 casos, 88 en el año 2021).
Un incremento significativo de denuncias se ha producido respecto a la “discriminación laboral”: 78 casos en 2022, frente a los 62 del año anterior; la tendencia al aumento gradual se ha dado también en los trámites de extranjería (procedimientos burocráticos de inmigración y regularización): 38 en 2017, que se elevaron a 40 en 2021 y 63 en 2022.
La propensión in crescendo afecta también a la actuación de las fuerzas de seguridad: 18 denuncias en 2017, un total de 117 durante 2021 y 152 en 2022.
Una de las denuncias que documentó SOS Racismo-Bizkaia comienza del siguiente modo: “El denunciante, junto con tres amigos más, venían por la calle después de una cena de Ramadán, cuando un furgón policial pasó por la calle y los vio (…); bajaron policías y los detuvieron sin motivo alguno; los pusieron contra la pared y les pidieron la documentación (…); a dos los liberaron rápidamente, por lo que estos se quedaron esperando a sus otros dos amigos. Un policía vino donde ellos y pegó con la porra a uno diciéndole: ‘Que no te dije que se largaran, hijo de puta”.
La oficina de atención de Navarra recogió, además, la situación de “acoso y agresión racista” de la es objeto –desde hace un año- un ciudadano de origen extranjero, y de la que son responsables los vecinos del piso de arriba de su vivienda.
En respuesta a las quejas por el ruido nocturno, este ciudadano sufrió insultos y amenazas; cuando intentó denunciar los hechos ante la Policía Municipal, los agentes le dijeron que no podían hacer nada porque no se había producido una “agresión física”, entre otros pretextos (las denuncias por agresión racista vecinal ante la ONG pasaron de 29 en 2017 a 34 en 2021 y alcanzaron las 50 en 2022).
El reporte también detalla los obstáculos a los que tuvo que enfrentarse una familia de origen magrebí, residente en el municipio de Errenteria (Gipuzkoa), cuando buscaba una vivienda de alquiler; se trata de una familia “totalmente integrada”, pero cuando entregaban la documentación (que acreditaba su origen) el trato variaba y desaparecían las ofertas.
“Ciertos actos racistas en los últimos años que sufren las personas racializadas, migrantes y gitanas día a día comienzan a verse como algo cotidiano que no merece la pena denunciar. Aun así, la mayoría de los casos de discriminación siguen permaneciendo ocultos, bien porque se siguen normalizando, bien por el desconocimiento de las víctimas (…)”, subrayan los autores del informe, Elena Stati, Cecilia Themme y Mikel Araguás.
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