La noticia mereció apenas una pequeña columna perdida en las páginas centrales del diario Público el pasado sábado 16 de julio. Ni un pequeño hueco en su portada, dedicada ese día al encausamiento del presidente de la Generalitat valenciana. A las nueve de la mañana del viernes 15 un grupo de indignad@s había logrado evitar […]
La noticia mereció apenas una pequeña columna perdida en las páginas centrales del diario Público el pasado sábado 16 de julio. Ni un pequeño hueco en su portada, dedicada ese día al encausamiento del presidente de la Generalitat valenciana.
A las nueve de la mañana del viernes 15 un grupo de indignad@s había logrado evitar un desahucio en el madrileño barrio de Carabanchel. Los afectados, una madre y su hijo, iban a ser desalojados incluso después de haber abonado la deuda de poco más de 1.300 euros que tenían con el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). La funcionaria del IVIMA que acudió al lugar a notificar el lanzamiento tuvo que dar marcha atrás ante la presión de los congregados. «¡Este desahucio ya lo hemos parado»!, gritaron los miembros del Movimiento 15-M. Y no había sido el primero. Ya en el mes de junio l@s indignad@s, junto a la Platafoma de Afectados por la Hipoteca, lograron detener alrededor de 40 desalojos en todo el Estado. En Las Palmas de Gran Canaria el movimiento 15M se estrenaba en esta iniciativa social con una rotunda victoria el miércoles 6 de julio. Un grupo de indignad@s impidió ese día el desalojo de Felisa Melián, de 79 años, y su hija Araceli Ramos del capitalino barrrio de La Paterna.
Desde enero de 2007 a septiembre de 2010 se ejecutaron en el conjunto del Estado español 258.000 hipotecas y se estima que alrededor de 350.000 familias perderán su vivienda en los próximos cinco años. En Canarias, desde el comienzo de la Crisis 13.500 familias canarias han sido despojadas de sus viviendas por los Bancos, ante la imposibilidad de continuar haciendo frente al pago de sus hipotecas. La magnitud del drama social provocado por esta expoliación masiva -y legal – llevó a los damnificados a organizarse en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, pero fue la implicación de l@s indignad@s del 15M en esta lucha la que logró proporcionarle una fuerza que inquieta, con razón, al poder establecido.
«Stop desahucios»: el colectivo que pone en jaque a los bancos» es el significativo título del artículo de Esteban Hernández publicado en el periódico digital de ultraderecha «El confidencial». En su texto, Hernández reproduce uno de los argumentos utilizados para tratar de cuestionar la justicia de la lucha contra los desahucios. «Hay quienes aluden a que muchos de los hipotecados suscribieron un contrato que nadie les obligó a firmar y que si ahora no pueden pagar aquello que acordaron, deberían haberlo pensado antes», apunta el articulista antes de aludir a algunos ·expertos financieros «que consideran a los cientos de miles de desahuciados » personas que quisieron vivir por encima de sus posibilidades y que, una vez devueltos a la realidad, quieren evadirse de las responsabilidades que contrajeronY eso sin contar a aquellos que compraron la vivienda para especular y que ahora pretenden que otros se hagan cargo de su mala apuesta».
Ada Colau -de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca – contesta convenientemente a estas acusaciones «Las personas que se hipotecaron sí están cumpliendo con sus responsabilidades, al contrario que las entidades financieras, que fijaron las condiciones de los préstamos, que hicieron las tasaciones y que eran conscientes de lo que estaba ocurriendo en el mercado internacional».
Otra de las «razones» esgrimidas para tratar de desprestigiar la lucha contra los desahucios la difundía el diario El País el pasado 29 de junio. «El indignado soy yo». Así encabezaba el periódico del grupo PRISA la crónica de un desahucio impedido en el Puente de Vallecas por el 15M, presentando el punto de vista de un pobre casero que necesitaba la renta de su inquilina para su propio sostenimiento. Un caso que, cierto o no, no representa la generalidad del fenómeno de los desahucios masivos, dado que son las grandes entidades financieras quienes están apropiándose de las viviendas de las familias y obligándolas a seguir pagándoles después del despojo. Finalmente no son pocos los que se esfuerzan por hacer «entender» a l@s indignad@s que el suyo es un esfuerzo quijotesco. En último término – apuntan – la ley acabará imponiéndose. En el citado artículo Esteban Hernández da la palabra al profesor de derecho de la Universidad Nebrija Eugenio Pérez de Francisco, quien asegura que «las acciones que se están llevando a cabo para detener los desahucios sólo conseguirán aplazar brevemente la situación. De modo que quizá periodísticamente sean muy llamativas, pero son pan para hoy y hambre para mañana».
También a esta opinión responde Ada Colau, apuntando que el hecho de que el «desahucio se pare es más importante de lo que parece, dado que también puede servir como elemento de presión. «Nuestra asociación -explica Colau – intenta negociar antes y después del desahucio: hablamos con la entidad financiera, con el ayuntamiento y con los servicios sociales e intentamos toda clase de posibilidades…. Si eso no se consigue hacemos una convocatoria pública para detener el lanzamiento mediante la resistencia ciudadana, para aplazarlo al menos unos meses. Esa acción también sirve para que aumentar la presión y para poner rostros a las estadísticas y que la gente visualice las consecuencias reales de las docenas de desahucios que se dan cada día en España».
Pero estas acciones tienen aún otros efectos de gran relevancia. Cuestionan, en la práctica, la sacrosanta propiedad de los Bancos y la injusticia de la legalidad vigente que la resguarda. Y ponen de manifiesto que la solidaridad y la organización popular son capaces de obtener éxitos en la lucha contra dicha injusticia. Es por eso que, también en la práctica y aunque no sean conscientes de ello, acercan a l@s indignad@s al tan infamado terreno de los «antisistema». La derecha política y mediática es perfectamente consciente de ello. Un significativo sector de la izquierda real, no obstante, parece empeñado en prolongar su ceguera sobre las implicaciones de esta importante iniciativa social.
Así, por ejemplo, la exitosa paralización del desahucio de la anciana Felisa Melián y su hija en Las Palmas no contó con el apoyo de ninguna de las organizaciones de la izquierda canaria. Sin necesidad de enarbolar más bandera que la de la justicia social, los militantes de estas organizaciones tuvieron en esa ocasión una extraordinaria oportunidad para sumarse – en pie de igualdad con el resto de ciudadanos – a una causa que les permitiría conectar como nunca antes con los sectores populares que reclaman representar. Para de esa forma convertirse realmente en su vanguardia y empezar a elevar el nivel político de sus reivindicaciones. Para tratar de influir, en suma, en la dirección de un movimiento que se construye cada día y en el que ninguna concepción previa se encuentra grabada de forma indeleble. Por el momento, no obstante, persiste la incomprensión, cuando no la incapacidad para fundirse en la práctica con las aspiraciones auténticamente populares.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.