Están acostumbrados a ir en coche oficial o en coche privado a todas partes. No pisan un autobús desde que eran adolescentes y el metro lo conocen por las fotos de la inauguración. El transporte público, para ellos, es un decorado: algo que existe para los demás, nunca para “su clase”. Eso sí, deciden sobre el tráfico, sobre la movilidad y sobre el dinero que sale de nuestros bolsillos. Y lo que presentan como una solución es, en realidad, un monumento a su propia desconexión: un túnel que no une nada, salvo su obsesión por seguir cavando hacia abajo, quizás nuestro propio entierro como sociedad verdaderamente sostenible.
El Subfluvial no es una infraestructura: es un síntoma. El síntoma de una Diputación que confunde planificación con inercia, escucha con trámite y participación ciudadana con un procedimiento administrativo que acaba en la basura. Una institución que presume de sostenibilidad mientras firma proyectos que multiplican el tráfico, las emisiones y el gasto público como si el dinero creciera en los taludes de la obra.
Dicen que este megaproyecto “descongestionará” el tráfico. Lo dicen con la misma convicción con la que hace veinte años aseguraban que la Supersur iba a liberar Bilbao de atascos. Hoy, esa misma Supersur es un recordatorio de que la fe ciega en el hormigón solo conduce a un lugar: más hormigón. Y a más gasto innecesario. Y a más deuda pública que seguimos pagando. Y a más silencio administrativo cuando alguien pregunta por qué seguimos repitiendo los mismos errores.
La Diputación vive en un bucle: cada fracaso se convierte en el argumento para el siguiente. La Supersur no funcionó, así que construyamos otra cosa. Los túneles de Artxanda fueron un desastre financiero que hubo que rescatar con 70 millones de euros de la caja común. Los peajes de la AP-8 siguen ahí desde los años 70. Y, aun así, la congestión no desaparece. La receta vuelve a ser la misma: ampliar capacidad viaria, aunque Europa lleve dos décadas diciendo que eso solo empeora el problema. Es como si un médico recetara azúcar para tratar la diabetes.
Mientras tanto, la evidencia científica —esa cosa incómoda que no cabe en un powerpoint institucional— es clara: aumentar la capacidad viaria aumenta el tráfico. Siempre. En todas partes. Sin excepción. Pero aquí seguimos, como si Bizkaia fuera un laboratorio aislado donde las leyes de la movilidad no se aplican.
Y luego está el dinero. Casi 600 millones de euros —que serán muchos más— para un túnel subfluvial que no resuelve nada, agrava la contaminación y compromete recursos que podrían ir a donde realmente hacen falta: vivienda, educación, salud o transporte público. Más de medio millardo para que 50.000 coches diarios respiren mejor mientras miles de ciudadanos, casi dos mil estudiantes y cientos de profesionales educativos respiren peor. Porque las bocas del túnel estarán a escasos cincuenta metros de las aulas. Y más: voladuras junto a centros escolares, un muro de obra rodeando patios durante años, hasta cuarenta y ocho camiones por hora pasando junto a un instituto. Partículas PM2.5, dióxido de nitrógeno, límites superados hoy y mañana. Todo ello mientras Europa aprueba una normativa de calidad del aire que este proyecto no cumple ni puede cumplir.
Y ahora, otra confirmación de la dimensión de esta chapuza en forma de megaproyecto: el cierre del IES Artaza-Romo. La dirección del centro ha comunicado a las familias que el alumnado del edificio Romo Handi será trasladado al Colegio de Romo y al Colegio de Lamiako en el curso 2026-27. Un traslado forzado por las obras del Subfluvial. Un traslado que desmonta, de un plumazo, meses de negaciones institucionales. Un traslado que convierte en realidad lo que muchos advertían: que este proyecto iba a generar “zonas de sacrificio” en Artaza y Ballonti.
Dicen que será solo un curso. Pero el ruido, la contaminación y las vibraciones no van a desaparecer cuando acabe la excavación. Y, una vez en funcionamiento, la propia documentación del proyecto reconoce que la contaminación aumentará. La infraestructura no resuelve ningún problema ambiental: lo perpetúa y lo agrava.
El alumnado de Romo Handi será enviado, entre otros, al Colegio de Lamiako, que será cerrado previamente. ¿Ha sido Lamiako la primera víctima del Subfluvial? ¿Y qué va a pasar con el resto de centros escolares de la zona? ¿Y con los vecinos y vecinas que viven a pocos metros de las bocas del túnel? ¿Quién protege su derecho a un entorno saludable?
La Diputación habla de “respeto absoluto” a la ciudadanía. Respeto absoluto es no contestar a los centros educativos durante seis meses. Respeto absoluto es modificar una Declaración de Impacto Ambiental para permitir voladuras antes consideradas incompatibles. Respeto absoluto es retrasar expedientes a quienes van a recurrir el proyecto. Respeto absoluto es pedir paciencia a quienes van a respirar el polvo.
Mientras tanto, el diputado foral Carlos Alzaga declara que “todas las obras previstas dan para comer” a muchas empresas durante cinco o seis años. Ahí, por fin, se les escapa la verdad: el Subfluvial no es una necesidad pública, es un plan de empleo encubierto para que unas cuantas constructoras se forren. La movilidad es la excusa. El negocio es el objetivo.
Y mientras tanto, los barrios afectados —Artatza, Romo, Ballonti— pasarán a engrosar la larga lista de “zonas de sacrificio” en que se están covirtiendo muchos lugares de nuestro país, territorios donde se asume que la salud, el aire y la tranquilidad de miles de personas son daños colaterales aceptables para que otros puedan cortar una cinta dentro de seis años. Todo sea por la patria.
La Diputación no está sorda. La Diputación se tapa los oídos. Es sordera activa. Voluntaria. Institucional. Y lo peor no es que no escuchen: es que no quieren escuchar. Porque escuchar implicaría reconocer que este proyecto es un error. Y reconocer un error es algo que ninguna institución está dispuesta a hacer cuando ya ha encargado los folletos, los vídeos promocionales y las maquetas en 3D. Estamos ante un Guggenheim Urdaibai 2.0, esta vez casi en la desembocadura del Nervión.
Pero aún estamos a tiempo. A tiempo de exigir transparencia y rigor. A tiempo de exigir que la salud pública no se negocie y que la movilidad del siglo XXI no se diseñe con mentalidad de hace cuatro décadas. A tiempo de exigir que Bizkaia deje de cavar túneles y empiece a cavar hacia arriba. La Subfluvial no es inevitable. La resignación sí lo sería. Y yo creo que mucha gente en esta sociedad, desde luego, tampoco piensa resignarse.
Ya lo sabes, el próximo 25 de abril, sábado, tenemos una cita para expresar nuestra opinión a las 18 horas en la Plaza del Ajedrez de Las Arenas (Getxo).
Txema García, periodista y escritor
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.