La encuesta de 40dB, recientemente publicada, tiene la virtud de exponer los dos posibles escenarios de la izquierda del PSOE para las elecciones generales, de su división y su unión. En dos recientes artículos me he referido a ello: Una solución pactada para sumar y Escenarios de la izquierda alternativa. Aquí me detengo en dos […]
La encuesta de 40dB, recientemente publicada, tiene la virtud de exponer los dos posibles escenarios de la izquierda del PSOE para las elecciones generales, de su división y su unión. En dos recientes artículos me he referido a ello: Una solución pactada para sumar y Escenarios de la izquierda alternativa. Aquí me detengo en dos aspectos complementarios: la opinión sobre la forma de la candidatura de Sumar en el caso de la unión del conjunto del espacio del cambio o izquierda alternativa, y las características y la articulación de los dos planos, el político y el cívico.
En el gráfico adjunto explico la forma preferente de candidatura de Sumar, en el escenario de unión de la izquierda alternativa o frente amplio, comparando la opinión de los electorados de los tres grupos de izquierdas: Unidas Podemos/En Comú Podem/Galicia en Común; Más País/Compromís, y Partido Socialista. En el total se refleja la opinión del conjunto de la población, es decir, incorporado al amplio electorado de las derechas y el de los grupos nacionalistas. En este caso solo hay que reseñar que el 24,1% contesta ‘No sé’ y el 16,4% ‘Ninguna de las anteriores’, y baja la definición a esas tres opciones explícitas.
Por otra parte, podemos considerar una diferencia menor la que hay entre ‘un nuevo partido’ y ‘una plataforma política independiente’, aunque se puede interpretar que la primera opción supone un grupo político adicional en un escenario de división y el segundo la plataforma del modelo del equipo de Sumar, que solo lo prefiere en torno a un 20% de los electorados progresistas -menos en el caso de UP y PSOE y más en el de MP- y un 15,4% la ciudadanía en general. La otra opción, ‘Una coalición de partidos’, es la propuesta oficial de Podemos. Pues bien, ahí están los datos. Hay una mayoría clara de más del 40%, en el caso de UP/confluencias y de MP/Compromís, por esta fórmula organizativa de coalición de partidos, e incluso es mayoritaria entre los votantes del PSOE (31,6%), que también con un significativo 29,1% respalda que Sumar constituya un nuevo partido.
A falta de un auténtico proceso constituyente pactado, es de sentido común contemplar una coalición de grupos políticos con una sigla diferenciada para denominar el conjunto del frente amplio, a negociar por parte de todos los interlocutores. Por otro lado, estaría la constitución de Sumar como agrupación política diferenciada de otras, cuya sigla también está pendiente de confirmar. Pero estaríamos antes dos procesos políticos distintos, aunque confluyan en el tiempo. Por tanto, para evitar confusiones lo adecuado es identificarlos con dos denominaciones o siglas diferentes, respetando sus distintas articulaciones.
Aparte queda la otra función legitimadora como movimiento ciudadano que los promotores de Sumar quieren desarrollar y que también estaba en los planteamientos iniciales de Podemos con su caracterización de ser un partido-movimiento o ‘construir pueblo’, dentro de una concepción nueva de la acción política. Sin embargo, esa doble función no se ha desarrollado, y el peso decisivo lo ha tenido su papel de organización política-electoral y de gestión institucional, mientras la actividad cívica de los movimientos y grupos sociales, más o menos fragmentaria y diversa, ha seguido por sus propios derroteros autónomos.
Por último, señalo, según la encuesta de 40dB, las responsabilidades sobre una hipotética fractura. He acumulado los tres lideres de Podemos y, por otra parte, he sumado el 21,1% de respuestas que adjudican la responsabilidad de ‘todos por igual’, a la opción individual de cada cual. El 22,8% no sabe. Los datos son los siguientes: Pablo Iglesias/Ione Belarra/Irene Montero, 51,8%; Yolanda Díaz, 33,9%; Íñigo Errejón, 26,2%; Alberto Garzón, 24,8%; Ada Colau, 23,5%, y Mónica Oltra, 22,5%. Así, la suma de la responsabilidad individual, en la que destaca Pablo Iglesias, con la crítica colectiva que se hace a todos ellos, permite valorar mejor la amplitud de la exigencia de responsabilidades a estos dirigentes.
Los representantes de Podemos tienen un problema de legitimidad sobre su posición de emplazamiento para la unidad, y aunque la gran mayoría de medios se han volcado en interpretarla como de preparación rupturista y señalar su responsabilidad, cuestiona, al menos, su línea comunicativa. Por otro lado, aunque esos medios han exculpado la responsabilidad de Yolanda Díaz (y los demás líderes), es significativo el tercio de personas que la señalan igualmente como responsable de la fractura (el resto también son señalados por entorno a una cuarta parte).
La conclusión es que a nivel ciudadano la responsabilidad de la fractura, aunque con cierta gradación, afectaría al conjunto de los dirigentes del espacio del cambio que deberían mostrar una mayor disposición unitaria efectiva.
La articulación política y cívica
Estamos en una encrucijada histórica con el riesgo de una fuerte involución social y democrática de la mano de unas derechas cada vez más regresivas y autoritarias. La activación y firmeza de las fuerzas progresistas es fundamental para avanzar en un proceso igualitario y democratizador. Se necesita el impulso reformador de progreso en los cuatro ámbitos, socioculturales, económico-productivos, territoriales y político-institucionales. El fortalecimiento y la cooperación de las izquierdas es decisivo.
En los últimos años se ha producido cierto agotamiento del impulso participativo y unitario de cambio progresista junto con un avance en su cristalización institucional a través del gobierno de coalición progresista, y en otros ámbitos municipales y autonómicos, que ha supuesto mejoras significativas para la mayoría social y un camino de colaboración de las izquierdas, cuestiones ambas a consolidar. Tenemos el reto de las elecciones municipales y autonómicas y, sobre todo, las generales para fin de 2023, con el desafío de profundizar en el cambio de progreso y consolidar una etapa igualitaria y democratizadora.
El proceso de renovación, fortalecimiento y ampliación del frente amplio es decisivo para incrementar su representatividad popular, reequilibrar favorablemente su influencia en el conjunto de las izquierdas y fuerzas progresistas y garantizar una dinámica transformadora.
La iniciativa de Sumar es positiva, pero a condición de que forme parte de un proceso unitario del conjunto de fuerzas que representan la izquierda transformadora. Ello supone una negociación multilateral desde el respeto y el reconocimiento de la representatividad de cada grupo político con la apuesta por una solución pactada, unitaria y justa para todas las partes. Es la condición para avanzar y que todos ganen de forma equitativa. Supondría una modificación de la primacía dirigente del equipo de Sumar respecto de la prevalencia ejercida por la dirección de Podemos hasta ahora, que debería admitir su readecuación a los actuales equilibrios representativos justos y realistas.
Pero esa reconfiguración a negociar estaría lejos de la posición extrema, defendida en diversos ámbitos, del monopolio de Sumar por la descomposición de Podemos o la conveniencia política de su completa marginación. La solución es una alternativa unitaria y pactada. Queda un año y diversos acontecimientos, entre ellos las elecciones municipales y autonómicas, la experiencia de la gestión política, así como la de esta trayectoria de articulación del frente amplio. Todo ello permitirá definir mejor la potencialidad de la unidad y su carácter, así como el reconocimiento del valor de cada parte para confluir en una oferta político-electoral unitaria para las elecciones generales.
La otra opción contemplada es la división, en la que Sumar sería un grupo político adicional que rellena un hueco significativo con una parte de los electorados que se transfieren de los anteriores de Unidas Podemos y Más País, así como del PSOE, pero que en su conjunto apenas sumaría en escaños que incluso podrían disminuir. En ese caso, y aunque recuperasen hasta cerca de un millón de votantes del Partido Socialista, solo se produciría un reajuste en la representación interna del espacio del cambio.
La alternativa, pues, es la unidad en la oferta político-electoral-institucional que es el factor clave que garantiza la ampliación electoral y especialmente su traducción institucional en escaños parlamentarios y presencia institucional. Y ello debería estar combinado con la pluralidad de sensibilidades y agrupaciones políticas internas que debe reconocerse, arbitrando su regulación deliberativa y decisoria común, particularmente para confeccionar las listas electorales y las responsabilidades institucionales, junto con su correspondiente sigla representativa del conjunto.
Queda pendiente un proceso de articulación cívica del conjunto de movimientos sociales, mundo asociativo y sociedad civil progresista, con una dinámica transformadora y un proyecto sociopolítico y cultural complejo, plural y unitario, con el respeto a la propia autonomía de las organizaciones sociales respecto de las agrupaciones estrictamente político-electorales-institucionales. Eso son palabras mayores y sería un proceso ambicioso, cuya relevancia política y teórica se ha puesto de manifiesto en esta larga década frente a la crisis socioeconómica y su gestión regresiva y autoritaria por el bipartidismo con la activación de movimiento popular progresista y la recomposición de la representación política de la mano de Podemos y sus aliados y, ahora, mediante el proceso de formación de un frente amplio.
En el plano cívico, y con su respectiva autonomía sociopolítica y orgánica en su propio ámbito, conllevaría la articulación desde los sindicatos, que son la principal estructura social popular, hasta el tejido asociativo feminista, el ecologista, el vecinal o el de solidaridad. Su cooperación se ha producido en ocasiones específicas como procesos de activación cívica popular, incluso aunque la iniciativa y la polarización temática la llevase una parte de esos movimientos o su representación, como aglutinante de aspiraciones sociales y democráticas más generales.
Hay experiencias históricas de esta convergencia progresista, democrática y popular, desde el propio movimiento antifranquista hasta los movimientos anti-OTAN y sindical con sus amplias movilizaciones y huelgas generales, ambos grandes protagonistas en la década de los años ochenta, el modelo de campañas masivas aunque más cortas, como la movilización contra la guerra de Irak, y hasta el movimiento 15-M, en sentido amplio de todo el proceso de activación cívica del lustro 2010/2014, o la reciente cuarta ola feminista.
Pero este breve y limitado proceso de escucha de Yolanda Díaz, aun con valor simbólico y práctico para atajar cierta desconfianza popular en los partidos políticos, no alcanza esa dimensión global y es insuficiente como proceso articulatorio unitario. Esa dinámica participativa actual tiene, sobre todo, la función política inmediata de avalar una candidatura a la presidencia del Gobierno y una plataforma electoral particular para las elecciones generales de 2023, que se asienta, sobre todo, en su gestión como vicepresidenta y portavoz gubernamental de Unidas Podemos.
En definitiva, falta la configuración real de todo el frente amplio en la doble vertiente, de proceso de unidad, fortalecimiento y renovación de la representación político-institucional, y del estímulo y articulación de una convergencia de la acción cívica y popular que afronte los retos de la sociedad, con la apuesta por un cambio sustantivo de progreso bajo los valores de carácter igualitario-emancipador-solidario. La tarea es doble: la unidad de todo el espacio del cambio y la activación del movimiento cívico.
Antonio Antón es sociólogo y politólogo
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