El Ayuntamiento propondrá al Ministerio una serie de cambios a la ley 24/2013, de 26 de diciembre del sector eléctrico, entre los que se incluye una «tarifa social» para hogares declarados vulnerables por los servicios sociales. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la concejala delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, se […]
El Ayuntamiento propondrá al Ministerio una serie de cambios a la ley 24/2013, de 26 de diciembre del sector eléctrico, entre los que se incluye una «tarifa social» para hogares declarados vulnerables por los servicios sociales.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la concejala delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, se reunieron el jueves con el ministro de Industria, José Manuel Soria, para sugerirle una serie de medidas para combatir la pobreza energética que afecta a los hogares madrileños.
«Una de las principales líneas de actuación de este gobierno municipal es la lucha contra la pobreza energética, o sea, contra el corte de suministro de agua, gas y electricidad en hogares que son económicamente vulnerables», explicó Marta Higueras en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno, celebrada el mismo día en Cibeles.
El artículo 45 de la ley 24/2013, de 26 de diciembre del sector eléctrico, regula el bono social, que consiste en la reducción de un 25% de la factura a determinados abonados. Los requisitos para obtener este bono son: tener contratada una potencia inferior a 3 kilovatios, ser persona mayor de 60 años y estar percibiendo las cuantías mínimas por pensión de jubilación, de incapacidad o de viudedad, ser familia numerosa o pertenecer a una familia con todos sus miembros en situación de desempleo.
«Creemos que el actual bono social no está llegando realmente a la población que lo necesita. Por ello vamos a pedirle al ministro de Industria que sean los Servicios Sociales del Ayuntamiento los que determinen cuáles son los «hogares vulnerables», es decir aquellos en los que los gastos energéticos superan el 10 por ciento de los ingresos familiares, hogares en los que se está percibiendo la renta mínima de inserción y, además, otros en los que por diversas circunstancias, a evaluar por estos servicios sociales, no se pueden pagar los suministros básicos energéticos, o sea, luz, agua o gas», según explicó la concejala Higueras.
Tras ser calificados, los «hogares vulnerables» podrían acceder a una «tarifa social» en su consumo energético. Tarifa que habrá de ser progresiva, para llegar, en caso de pobreza extrema, al cien por cien del total de la factura.
El Ayuntamiento también solicitará al Ministerio que se articule un plan de asesoramiento sobre reducción en los costes de gas, agua y electricidad, a través del cambio de los hábitos de consumo.
«La tarifa social energética se financiará con el fondo de contingencia de los presupuestos o se podrían buscar vías alternativas de financiación mediante la reestructuración de los bonos sociales existentes», dijo Marta Higueras.
La concejala también ha informado acerca de las medidas que, mientras estas modificaciones a la ley se hacen realidad, se están organizando reuniones con las empresas suministradoras para «proponer la firma de unos convenios por los que el Ayuntamiento se haría cargo de los impagos de las familias vulnerables, hasta un máximo de dos facturas, para que no se les corte el suministro. Además, a partir de ese momento las compañías desde ese momento aplicarían el bono social».
En este sentido, Higueras también informó de la propuesta municipal de aumentar el bono social del 25% de reducción de la factura, que se fija ahora, hasta el 50%.
A lo largo de 2014, los servicios sociales del Ayuntamiento recibieron solicitudes de ayuda de 1.141 hogares para abonar las facturas energéticas. Esta ayuda se cuantificó en 277.854 euros, pero «estos datos sólo se refieren a familias que han pedido ayuda; no dan la dimensión total del problema», dijo Marta Higueras.