El taxi ha vuelto a la huelga. En julio del año pasado las principales ciudades españolas fueron escenario de las protestas de los taxistas para que el gobierno socialista decidiera regular el excesivo número de licencias de alquiler de vehículos con conductor (VTC). Y en octubre era aprobado el real decreto ley que limita la […]
El taxi ha vuelto a la huelga. En julio del año pasado las principales ciudades españolas fueron escenario de las protestas de los taxistas para que el gobierno socialista decidiera regular el excesivo número de licencias de alquiler de vehículos con conductor (VTC). Y en octubre era aprobado el real decreto ley que limita la actividad de las multinacionales Uber y Cabify, delegando su regulación a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Desde entonces los taxistas han puesto el foco en dos problemas: que se respete la proporción de un vehículo VTC por cada 30 taxis a la hora de circular; y también el tiempo de precontratación de las VTC, que es superior al que transcurre cuando un cliente solicita un servicio directamente en la calle.
El ayuntamiento de Barcelona ha sido pionero en legislar una normativa que intenta recuperar la ratio 1/30, una relación que hoy es de uno a cinco debido a la cantidad de licencias VTC que se otorgaron en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) entre 2009 y 2015, años en los que el sector estuvo desregulado. El nuevo reglamento aprobado a raíz de la primera huelga las obliga a poseer un permiso adicional que permita limitar su número al 1/30 exigido y además prohíbe a dichos vehículos realizar trayectos que tengan el origen o el destino dentro del AMB. Pero el sector de las VTC recurrió el reglamento, junto con Competencia (CNMC) y el Ministerio de Fomento y, finalmente, fue el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya quien impuso su moratoria. La delegación de responsabilidades por parte de los Estados está siendo un recurso habitual para implementar las políticas neoliberales, el ejecutivo socialista debería retomar sus funciones desbloqueando las medidas cautelares impuestas por el TSJC.
El tema del tiempo de precontratación de las VTC continúa enquistado en la Comunidad de Madrid, los taxistas de Barcelona han conseguido llegar a un acuerdo con la Generalitat. El trabajo de las empresas privadas de VTC no es el del taxi, es inferior en número de vehículos y cantidad de carreras diarias. Sus servicios se han de contratar con antelación y el vehículo se ha desplazar desde la base. Actualmente los servicios que realiza la compañía norteamericana Uber no se ajustan a este reglamento actuando en competencia desleal con el servicio de transporte público de calle o parada.
La huelga del colectivo del taxi centra sus protestas en reclamar más limitaciones en la precontratación. En Madrid, donde hay casi la mitad de VTC que de taxis, el presidente de la Comunidad, el popular Ángel Garrido, ha respondido a las protestas de esta semana proponiendo que el tiempo sea fijado directamente por los ayuntamientos a lo que los sindicatos han contestado que sea impuesto por ley y no por ordenanzas municipales. En la capital catalana el conservador Damià Calvet, ‘conseller’ de Sostenibilidad (aunque no tenga el futuro del taxi entre sus prioridades), ha prometido un plazo de 15 minutos de precontratación y añadir al decreto exprés un texto que habilite la aplicación del reglamento municipal que dicta hasta una hora. Con esta resolución los taxistas de Barcelona han puesto fin al paro indefinido, pero bajo amenaza de retomarlo en febrero, cuando se celebre el Mobile World Congress, en caso de que el Govern no cumpla lo prometido.
Las nuevas tecnologías en manos de la compañía californiana son otra herramienta para intentar sustituir al taxi. Las aplicaciones de emisora aumentan la eficiencia y los taxistas las usan habitualmente en su trabajo. En Barcelona los sindicatos están solicitando a la administración una app única y de uso obligatorio para todos los vehículos. Aunque no todo sean ventajas con la innovación disruptiva, el exmagistrado Elpidio José Silva durante una rueda de prensa organizada por la Plataforma Integral del Taxi, el sindicato Elite y STAC afirmó que el algoritmo utilizado por Uber para sus tarifas es secreto incumpliendose la normativa de la Unión Europea.
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