En 1992, en Telefónica, la empresa española de telefonía, trabajaban 75.000 personas. Hoy, la plantilla casi no alcanza los 35.000. Sin embargo, las líneas telefónicas siguen funcionando, y se han abierto mercados de masas como el de la banda ancha y la telefonía móvil. ¿Qué fue, pues, de los 40.000 puestos de trabajo perdidos? ¿Y […]
En 1992, en Telefónica, la empresa española de telefonía, trabajaban 75.000 personas. Hoy, la plantilla casi no alcanza los 35.000. Sin embargo, las líneas telefónicas siguen funcionando, y se han abierto mercados de masas como el de la banda ancha y la telefonía móvil. ¿Qué fue, pues, de los 40.000 puestos de trabajo perdidos? ¿Y de los cientos de miles destruidos a nivel europeo?
Impulsados (y obligados) por las directivas de la Organización Mundial del Comercio (1997) y de la Unión Europea (1998), y siguiendo el temprano ejemplo británico (Gran Bretaña abrió el mercado de las telecomunicaciones a la competencia ya en 1984), durante los años 90 la práctica totalidad de los países europeos iniciaron la privatización de sus empresas estatales de telefonía. En la mayor parte de lugares, la privatización se hizo en dos fases, abriendo primero el mercado a la competencia y vendiendo un porcentaje de las acciones a inversores privados, para posteriormente renunciar al control estatal de estas empresas para dejarlas exclusivamente en manos de accionistas y del mercado. Según la lógica empresarial, había que «adaptarse a los nuevos tiempos», y estos nuevos tiempos exigían una drástica reducción de los costes laborales y el inicio de una carrera por copar los mercados internacionales a través de fusiones y adquisiciones que ha llevado a muchas empresas a la sobrecapacidad y al endeudamiento, y a poner aún más presión sobre sus trabajadores y trabajadoras en todo el mundo.
Desde entonces, todas las plantillas de las empresas de telecomunicaciones han sufrido drásticos recortes, precarización de la mano de obra restante e introducción de dobles escalas salariales que han puesto fecha de caducidad a los derechos sociales y laborales conseguidos por los trabajadores durante los últimos 40 años, sobre todo en los casos en los que -como en France Telecom, Deutsche Telecom y TeleDanmark-, los trabajadores habían gozado tradicionalmente de estatus de funcionario público. En 1999, cuando algunas empresas de telefonía no hacía ni dos años que estaban privatizadas, la destrucción total de empleo en SPT (República Checa), France Telecom (Francia), Deutsche Telecom (Alemania), OTE (Grecia), Matav (Hungría), Eircom (Irlanda), Telecom Italia SPA (Italia), Rom Telecom (Rumanía), Telefónica (Estado español), Telia (Suecia), Suisscom (Suiza) y BT (Reino Unido) alcanzaba ya la cifra de más de 340.000 personas; de éstas, 125.000 eran víctimas de la privatización británica, según la OIT.
En el estado español, la estrategia empresarial adoptada por Telefónica, que actualmente es la 8ª empresa de telecomunicaciones del mundo y espera escalar 2 o 3 puestos en la lista en breve, es muy similar a la de otros gigantes de las telecomunicaciones: prejubilaciones masivas, despidos y externalización de servicios y trabajadores a través de la creación de redes infinitas de filiales, contratas y subcontratas en las que no se garantizan ni las condiciones laborales ni las de seguridad en el trabajo. Con la utilización masiva de la contratación de autónomos, por ejemplo, Telefónica ha conseguido desvincularse de sus obligaciones sociales como empleador, trasladándolas al trabajador; pero la contratación fraudulenta llega hasta el extremo de emplear mano de obra en situación ilegal, como afirman algunos representantes sindicales. En algunas filiales y subcontratas, los trabajadores son obligados a firmar la baja voluntaria junto al alta laboral, y los sueldos base son tan bajos que los trabajadores y trabajadoras provocan averías para mejorar su hoja de servicio y obtener más primas. Esto explica que, actualmente, el sector de la telefonía sea el que más quejas de los consumidores acumula en el Estado español.
Paralelamente a este empeoramiento incesante de los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores, los beneficios y las primas de los directivos han ido engordando: el expresidente de Telefònica, Juan Villalonga, abandonó la empresa con una prima de 18 millones de euros provenientes de stock options. Los programas de acciones creados para los empleados, paradigma del «capitalismo popular», en cambio, aún no han generado ningún beneficio.
Trabajadores y trabajadoras, víctimas dobles
Todos esos cambios han provocado resistencias, y en casi todos los países la reestructuración del sector de las telecomunicaciones se ha enfrentado y se enfrenta a la respuesta contundente de trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales. En países como Francia, Alemania y el Estado español, sobre todo, la respuesta obrera y sindical se ha traducido en huelgas y manifestaciones. En Polonia, los trabajadores de TPSA, filial de France Telecom, protagonizaron en marzo de 2005 una huelga de hambre y piquetes frente a la embajada francesa contra los despidos. En el caso de Telefónica, desde 1994 ha habido una docena de movilizaciones y huelgas generales de la plantilla.
Sin embargo, los empresarios y las multinacionales no son los únicos que creen que el progreso equivale al neoliberalismo y que la modernización pasa por la precarización masiva de la mano de obra: aunque con matices, muchas centrales sindicales han aceptado también esta lógica, asumiendo sus consecuencias como inevitables. Esta actitud, sin duda, ha facilitado que los trabajadores y trabajadoras hayan sido los que más alto han pagado el precio de la privatización y la reestructuración. Pero también ha provocado la aparición de nuevas iniciativas sindicales, más alejadas de la concertación y partidarias de la confrontación con la patronal y las medidas pro-empresariales de los gobiernos, como SUD-PTT en Francia, OME-OTE en Grecia y Co.bas en el Estado español.
Telefónica, caso paradigmático
En este sentido, es paradigmático el caso de Telefónica en el Estado español, ya que la resistencia a la privatización, la reestructuración y los despidos ha dado origen por una parte a una de las luchas obreras más importantes de los últimos años, la de los trabajadores de Sintel, y, por otra, a la aparición de una alternativa sindical, Co.bas, centrada en la defensa de un sindicalismo de clase y combativo vinculado a los nuevos movimientos sociales y a iniciativas como el MayDay.
Sintel, filial de Telefónica dedicada a la instalación de redes, fue vendida al empresario cubano-norteamericano anti-castrista Jorge Mas Canosa en 1996, mientras el Parlamento estaba disuelto y por una cantidad irrisoria. Durante los años siguientes, la empresa presentó tres expedientes de regulación de empleo, y finalmente, el 22 de diciembre de 2000, despidió a los 1.201 trabajadores que quedaban. Entonces la plantilla de Sintel, con un nivel de afiliación sindical superior al 80% (mayoritariamente en CC.OO.) y una larga historia de lucha, decidió acampar en pleno centro financiero de Madrid, ante las narices de la clase empresarial de todo el país.
Durante más de 6 meses, unas 1.500 personas, familias enteras, vivieron en el Paseo de la Castellana, poniéndoles rostro a las víctimas de los despidos masivos y la «modernización» empresarial y desafiando la lógica neoliberal, en una movilización que fue muy bien acogida por la ciudadanía y a la que le llovieron las muestras de solidaridad. Finalmente, el gobierno, entonces presidido por José María Aznar, se vio obligado a buscar una solución y a garantizar el empleo de los trabajadores en condiciones similares. Sin embargo, durante los meses siguientes los sindicatos mayoritarios aceptaron la recolocación en subcontratas a sueldos muy por debajo de lo que cobraban en Sintel y con contratos precarios. La asamblea de trabajadores rechazó esta solución, y desde hace un año los trabajadores se han organizado y han puesto en marcha su propia empresa, Sintratel, una especie de cooperativa en la que ya han conseguido garantizar sueldos dignos para todos.
A consecuencia de su oposición a la política pactista de CC.OO., algunos trabajadores de Sintel fueron expulsados del sindicato, y se han integrado en Co.bas, un sindicato «de clase, participativo, asambleario y reivindicativo» de reciente creación, fruto del rechazo de los comités de empresa a las prácticas «oficialistas» de CC.OO. en Telefónica y que a sólo dos meses de su creación conseguía convertirse en la tercera fuerza en todo el estado y la primera en Barcelona y Madrid en las elecciones sindicales celebradas en Telefónica. EN total, tiene ahora 2.000 afiliados.
Más allá de la telefonía fija
Pero la reestructuración de las empresas dedicadas a la telefonía fija no es lo único que ha sacudido la industria de las telecomunicaciones en los últimos años. Ante la aparición de negocios masivos como la banda ancha y la telefonía móvil, actualmente se considera que la telefonía fija no es un sector rentable, y las empresas han iniciado una carrera desenfrenada para situarse en estos nuevos ámbitos, haciendo inversiones millonarias y comprando licencias estatales. El mapa del mundo se ha convertido en una opaca telaraña de fusiones, joint ventures, ofertas, pujas y tentativas para situarse por delante de la competencia en la que los nombres de las grandes grupos se repiten sin cesar. Telefónica, por ejemplo, es la primera empresa de telefonía en América, acaba de adquirir una parte de la telefonía checa, y está pujando por la turca.
En casi todos los casos, la industria ha utilizado estos nuevos mercados para deshacerse del lastre de las obligaciones laborales contraídas en el pasado, y muchas de las empresas vinculadas a la telefonía móvil y a la banda ancha se han «independizado» legalmente de sus precursoras en la telefonía fija. Les estados, además, han contribuido a ello aceptando convenios diferentes para estos nuevos sectores, lo que ha llevado a la práctica generalizada de estrategias anti-sindicales y de exploración de los límites de la legislación y la resistencia de los trabajadores y los trabajadores, cuando no a la ilegalidad flagrante. En Gran Bretaña, por ejemplo, cuando los trabajadores de T-Mobile intentaron organizar elecciones sindicales, la empresa contrató a una compañía estadounidense especializada en romper sindicatos para que asustara a los trabajadores; irónicamente, T-Mobile es propiedad de Deutsche Telecom y de France Telecom, que en sus respectivos países jamás se atreverían a utilizar estas tácticas.
Esta carrera para reducir costes y evitar la responsabilidad empresarial ha llevado también a la práctica generalizada de la deslocalización de la atención telefónica, y Telefónica, British Telecom y France Telecom han abierto centros de llamadas en Marruecos, India y Mauricio, respectivamente. En el caso de Telefónica en Marruecos, es la Agencia Española de Cooperación Internacional la que se encarga de la capacitación de los trabajadores.
Del presente al futuro
En el sector de las telecomunicaciones, el presente está marcado por la ofensiva empresarial, las prácticas anti-sindicales, la división de las plantillas, la erosión de los derechos laborales, la complicidad estatal y, en muchos casos, también por la pasividad sindical. Sin embargo, a nivel europeo y mundial, lo que caracteriza a los trabajadores y trabajadoras de esta industria es, cada vez más, la combatividad y la autogestión. Al final de la línea hay siempre un empresario con los bolsillos llenos y un burócrata sindical -pero también un trabajador en lucha.
Fuentes útiles:
www.ilo.org
www.sindicatocobas.org
www.union-network.orgwww.union-network.orgwww.union-network.org
Agradecimientos: Christophe Aguiton, Josep Bel, Alla Glinchikova, Peter Morris, Aleksej Scira, Kristian Stepcic Reisman.
* Gemma Galdón es una investigadora catalana que trabaja actualmente en el Programa para Nuevas Políticas del Transnational Institute de Amsterdam. Este trabajo está realizado en el marco del proyecto eurotopía. (www.eurotopiamag.org)