La sentencia del TJUE respecto a la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado es una primera victoria clara del independentismo en sede judicial, pero también en clave política por las consecuencias que se derivan y el momento político en el que se produce. La vía judicial que Mariano Rajoy decidió iniciar como respuesta al Procés […]
La sentencia del TJUE respecto a la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado es una primera victoria clara del independentismo en sede judicial, pero también en clave política por las consecuencias que se derivan y el momento político en el que se produce.
La vía judicial que Mariano Rajoy decidió iniciar como respuesta al Procés está empezando a aislar al Estado español ante la justicia internacional. Al grupo de expertos International Trial Watch , a Amnistía Internacional y al Grupo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, ahora se les suma el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para constatar la vulneración de derechos por parte de la justicia española. La doctrina Junqueras es un descrédito para el Estado, una patata caliente para el Tribunal Supremo -que tiene que decidir sobre cómo aplicar la sentencia-, y un impulso para la internacionalización de la causa catalana. En este sentido, la decisión del tribunal europeo hace tambalear la euroorden contra los políticos exiliados, obliga a moverse al Parlamento Europeo permitiendo recoger las acreditaciones provisionales como eurodiputados a Carles Puigdemont y a Toni Comín, y es un terremoto que condicionará el horizonte político español y catalán. Un terremoto al que hay que sumar la sentencia del TSJC en la que inhabilita por desobediencia al presidente Quim Torra por mantener una pancarta con el lazo amarillo en el balcón de la Generalitat. Una sentencia contra Torra que no es firme pero que no ayuda a destensar la situación y que puede poner fecha de caducidad a una legislatura catalana en la que el Govern está negociando los presupuestos con los Comuns , y donde todos los espacios políticos se están reestructurando.
El revés europeo al Supremo ha sacudido las negociaciones entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez. Los republicanos han congelado formalmente unas negociaciones -bastante avanzadas- hasta que no haya un cambio de paradigma que ponga fin a la vía represiva. En este sentido, desde ERC han estado muy claros en su Congreso: apuestan por priorizar el diálogo y la negociación con el Estado para celebrar un referéndum de autodeterminación, sin renunciar a ninguna vía democrática y pacífica; e instan a los socialistas a desplazar la represión por una vía política que abra una nueva etapa. Es respecto a este último punto donde -veladamente- los republicanos reclaman que el pronunciamiento de la Abogacía del Estado (que depende del Ministerio de Justicia) se incline por permitir la excarcelación temporal de Junqueras para que recoja su acta como eurodiputado. Una decisión que, a pesar de ser contraría al criterio de la Fiscalía General, serviría -junto con la pactada mesa de negociación entre gobiernos- para que ERC lo presentara todo ello como una victoria y facilitara la investidura.
Un condicionamiento de los apoyos a Sánchez como una conquista para afrontar un 2020 decisivo, donde un cambio de liderazgo en el Procés es necesario para que este avance hacia la autodeterminación, la República Catalana y la justicia social; y para abrir una nueva etapa donde la decisión del TJUE sirva de guía para la defensa de los derechos fundamentales.
Jesús Gellida, politólogo e investigador social
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