La Audiencia Nacional española ha absuelto a Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga, Txema Auzmendi, Iñaki Uria y Joan Mari Torrealdai, los cinco trabajadores del diario Euskaldunon Egunkaria que fueron procesados por presunta pertenencia a ETA, los cinco periodistas que fueron detenidos por la gloriosa benemérita en régimen de incomunicación. El señor Ángel Acebes, el mismo ministro […]
La Audiencia Nacional española ha absuelto a Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga, Txema Auzmendi, Iñaki Uria y Joan Mari Torrealdai, los cinco trabajadores del diario Euskaldunon Egunkaria que fueron procesados por presunta pertenencia a ETA, los cinco periodistas que fueron detenidos por la gloriosa benemérita en régimen de incomunicación. El señor Ángel Acebes, el mismo ministro que, bajo el silbato militar del señor Aznar, quiso engañar a la ciudadanía española el 11-M, era ministro de Interior el año de la detención e incomunicación. Han pasado siete años, más de 2.500 días, la undécima parte de la esperanza de vida media de un ciudadano de Sefarad, desde que el señor juez Juan del Olmo decretara el cierre del diario y su embargo preventivo.
Egunkaria, probablemente, nunca podrá volver a abrir de nuevo… ¿O sí podrá?
Se han destacado en diversos ámbitos algunos nudos de la sentencia absolutoria del tribunal. Vale la pena, es necesario insistir sobre ellos: los informes policiales no tienen naturaleza pericial, no fue de recibo el cierre cautelar de Egunkaria y la tortura, según todos los indicios, como casi todos nos imaginábamos, incluso los bienpensados y confiados, no estuvo alejada de las prácticas «profesionales» de los supuestos servidores del Estado. El párrafo en cuestión, vale la pena tomar nota, dice así. Ni más ni menos. No añado ni una coma:
«[…] Por último, en la valoración de las declaraciones de los procesados tiene especial relevancia que las denuncias de estos sobre malos tratos y torturas sufridos durante la detención incomunicada -que fueron relatadas con detalle en la vista oral y antes ante el instructor y objeto de denuncia en los tribunales- son compatibles con lo expuesto en los informes médico-forenses emitidos tras ser reconocidos en el centro de detención» [la cursiva es mía]
El Tribunal, digámoslo así, podemos decirlo así, se lava las manos en torno a esta negra arista y apunta que «no puede llegar a conclusiones jurídico penalmente relevantes sobre el particular». Eso sí, nueva constatación en la que no cabe que habite el olvido, «no hubo un control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de la incomunicación». ¿Puede ver de hecho algún control judicial suficiente y eficiente de la incomunicación de los detenidos, de este tipo de detenidos? ¿Se han alcanzado cuotas satisfactorias en alguna ocasión?
En síntesis: felicitémonos por el desenlace («el pan vuelve a saber/ brotan alas en las espaldas del esclavo») al mismo tiempo que recordamos que estamos, sin exageración literaria, ante otra página destacada de la historia universal de la infamia. ¿Alguna instancia judicial, política, va a pedir disculpas por lo sucedido y va a reconocer la inmensidad y alcance de los errores cometidos?
¿Un poder judicial independiente? ¿Jueves sin presiones del poder político? ¿Un país fraternal de países? ¿Un Estado con espíritu federal que garantiza las libertades ciudadanas y los derechos lingüísticos y culturales básicos? ¿Estado de Derecho consolidado? Pues será eso… o acaso no es eso. Lo sucedido, ¿no merecería ser llamado nuevo episodio de una muy prolongada «guerra sucia»? ¿Es un zafio deseo de enturbiar el ambiente enunciar una conjetura así?
Ni que decir tiene que todas las voces críticas desplegadas sobre el asunto Garzón, gritos, susurros y protestas que sin duda deben ser estimulados y apoyados sin ninguna reserva, hay miles de razones democrático-antifascistas para ello, lanzarán sus escritos afilados, sus palabras y sus argumentos jurídico-político denunciando el atropello, el inmenso atropellos cometido. Y, sin duda también, la resolución judicial, esta sentencia absolutoria, será primera página de todos los diarios democráticos y noticia central y comentada para instruir a la ciudadanía en todos los informativos.
PS. ¿Se imaginan un cierre similar, un procedimiento judicial afín, en el caso de cualquier otra -insisto: sin ninguna exclusión- publicación periodística española? ¿No se lo imaginan? Yo tampoco.
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