Ciertos términos políticos que aparecen en la RAE crean controversia en algunos sectores
La Real Academia Española, desde su nacimiento hace casi 300 años, es el organismo encargado de instaurar unas normas con la misión de unificar el idioma. Para ello suelen recurrir a su actualización, impulsada muchas veces por el uso popular.
En principio todas ellas son misiones loables y hasta cierto punto necesarias para tener una base a la que recurrir para el manejo, o aprendizaje, del idioma. Asumido este punto, ¿está el lenguaje sujeto a connotaciones políticas; simplemente tiende a enfocar puntos de vista particulares de las cosas o esconden, de manera más o menos consciente, una aceptación de las estructuras sociales dominantes?
El psicólogo soviético Lev Vygotsky veía en el lenguaje uno de los principales «mediadores» a la hora de interiorizar el aspecto social. Eso quiere decir que las palabras, con su pertinente significado, transmiten una representación de la realidad ya desde las primeras etapas de adaptación al medio a las que está sometido el ser humano.
En estos últimos días se han conocido diferentes vocablos que la RAE incorporará a su diccionario y que ya se pueden ver en la edición on line. Todo ello ha sido tratado en los medios, en la mayoría de las ocasiones, de una manera casi jovial y dando importancia a los términos referidos a una sonoridad u origen más popular o callejero.
En ocasiones las cosas que parecen inanes pueden esconder una reflexión más importante de lo que a primera vista parece. Mientras que desde la institución se habla de «viveza» del idioma y de su interés por seguir el ritmo de la sociedad, algunas de las recientes aportaciones no parecen ayudar a la modernización, como es el caso del término «antiespañol», el matiz respecto al término «muslamen» («especialmente los de mujer»), o la no incorporación, prevista para la edición de papel, de la voz «matrimonio homosexual».
Al margen de estos aspectos, si hay dos casos muy obvios en los que se puede ver una intencionalidad política muy clara. El término «abertzale», del que ha sido cambiada su grafía, pasando del castellano al euskera, está definido como «dicho de un movimiento político y social vasco, y de sus seguidores: nacionalista radical». Ni un acercamiento etimológico a la palabra, formada de «aberri» (nación) y zale (aficionado), ni uno social puede derivar en la decisión tomada por la RAE, que en cambio si parece plasmar una opinión subjetiva, cosa que ha sido denunciada por partidos vascos como Aralar o EA.
Otro de los problemas ha surgido con el término «franquista», en la actualidad aparece descrito lacónicamente como «un movimiento político y social de tendencia totalitaria», que a pesar de las repetidas peticiones por parte de las Asociaciones de Memoria Histórica de revisarlo y adecuarlo más a la realidad, no ha sido modificado.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), por medio de un comunicado, ha expresado su malestar: «El mantenimiento de una definición tan alejada de la realidad de lo que fue la represión franquista es una forma de menospreciar el sufrimiento de las familias de los 113.000 desaparecidos y desaparecidas».
Habitualmente se suelen considerar a las palabras entes sin ninguna carga subjetiva. Los ejemplos mencionados rompen esa teoría, demostrando que sí contienen una ideología o por lo menos una forma concreta de entender la realidad. El problema más grave llega cuando dichos vocablos se utilizan para perpetuar una serie de relaciones, o realidades, sociales injustas.
Fuente: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article17244