Días antes de finalizar su gestión como presidenta de Panamá, la Sra. Mireya Moscoso firmó un decreto presidencial otorgando un indulto, entre otros, a Luis Posada Carriles, Gaspar Jiménez Escobedo, Guillermo Novo Sampoll y Pedro Remon Rodríguez, connotados anticastristas que habían sido sancionados por los tribunales panameños a penas entre 7 y 8 años de […]
Días antes de finalizar su gestión como presidenta de Panamá, la Sra. Mireya Moscoso firmó un decreto presidencial otorgando un indulto, entre otros, a Luis Posada Carriles, Gaspar Jiménez Escobedo, Guillermo Novo Sampoll y Pedro Remon Rodríguez, connotados anticastristas que habían sido sancionados por los tribunales panameños a penas entre 7 y 8 años de cárcel, las cuales se encontraban aún en proceso de apelación tanto por la defensa como por los abogados querellantes apoyados por el Ministerio Fiscal.
La excarcelación tuvo lugar a pesar de las reiteradas alertas del gobierno cubano sobre la importancia de hacer prevalecer la justicia y evitar la impunidad en este caso. Se enfatizó en la insistente exigencia de la llamada mafia terrorista de origen cubano en Miami a Moscoso y versiones de fuentes bien informadas que hablan de la existencia de una generosa recompensa monetaria en premio para la ex presidenta y su hermana Ruby a cambio de la decisión de indultar a los mencionados procesados. Asimismo el gobierno cubano denunció reiteradamente las presiones de la administración norteamericana a favor de la liberación de los indultados.
La presidenta Mireya Moscoso confirmó el 30 de agosto de 2004 que se había comunicado por teléfono con el ex embajador estadounidense en panamá, Simón Ferro, para comunicarle que había indultado a cuatro anticastristas. »Escuchen bien claro: sí, fui yo la que llamé», dijo la mandataria a la emisora Estereo Bahía, al confirmar versiones periodísticas de que llamó a Ferro después de otorgar el indulto a cuatro anticastristas, »llame, porque él (Ferro) me había llamado, para preguntarme si era cierto que yo había indultado a los cuatro cubanos», agregó. Y añadió …»No tengo por qué sentirme avergonzada de lo que hice. lo hice consciente de que estaba haciendo algo humanitario con estas personas»…
Antes de conceder el indulto le dijo a los medios de prensa panameños:… «No lo había pensado (otorgar el indulto), pero ahora lo voy a pensar»…
CRONOLOGÍA DE UN INDULTO ANUNCIADO Los elementos que a continuación se exponen permiten arribar a conclusiones propias: El 17 de noviembre de 2000, el presidente cubano Fidel Castro al llegar a Panamá para participar en la X Cumbre Interamericana de Jefes de Estado y Gobierno, denuncia una conspiración encaminada a asesinarlo y acusa a Luis Posada Carriles y otros cubanos de estar planificando un atentado. En la noche de ese día, son detenidos Posada Carriles, Gaspar Jiménez, Guillermo Novo y Pedro Remón, al igual que el cubano radicado en Panamá César Matamoros Chacón y el único panameño involucrado en ese caso, Manuel Hurtado Viveros.
El día siguiente, la Cancillería cubana pide la extradición de Posada Carriles. La sesión plenaria de la X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno degeneró en un intercambio de acusaciones entre los presidentes de El Salvador, Francisco Flores y el de Cuba, Fidel Castro, que opacó el tema central del cónclave, para que el asunto del terrorismo ocupara la atención.
El 20 de noviembre de 2000 en la madrugada, la Policía Técnica Judicial descubre un cargamento de explosivos plásticos de uso militar enterrados en un terreno baldío en Tocumen, que serían presuntamente usados en el complot para asesinar a Castro. El día 23 de ese mes se descubre que los complotados tenían planeado hacer estallar la carga de este explosivo en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, donde Castro pronunció un extenso discurso el 18 de noviembre.
El Ministerio Público inició el proceso judicial contra Posada Carriles y el resto de detenidos por fraguar un plan para asesinar a Fidel Castro.
El 13 de marzo de 2001 la presidenta Mireya Moscoso anunció que Posada Carriles no sería extraditado a Cuba y se fundamenta en que ese país castiga los delitos por el cual se acusa al cubano con la muerte. Sin embargo y en un hecho sin precedentes el gobierno cubano ya había anunciado públicamente que renunciaba a aplicar la pena de muere a los implicados en caso de ser extraditados. El gobierno norteamericano por su parte «sugirió» a Panamá, no extraditar a los terroristas a CUBA, aduciendo que el sistema judicial cubano no era imparcial.
El 6 de octubre de 2001 El Ministerio Público pidió el llamamiento a juicio para el curtido grupo anticastrista.
El principal abogado de la defensa, Rogelio Cruz, ante la imposibilidad de sobornar al juez encargado Enrique Paniza, interpuso tres medidas para sacarlo del proceso. La primera en febrero del 2002, otra en julio del propio año y una tercera a fines de noviembre del 2003 que indirectamente logró su cometido.
Durante el proceso, el juez Paniza fue presionado por sus superiores para agilizar el juicio. Los amigos miamenses de los anticastristas, trataron de sobornarlo ofreciéndole hasta medio millón de dólares.
El juez llegó ha manifestar que sentía temor por eventuales represalias de personas vinculadas a los encausados. Estos temores se incrementaron al llamar a juicio durante la Audiencia Preliminar de septiembre 2003, provocando que se aprovechara de la queja de parcialidad presentada por Rogelio Cruz y solicitara ser declarado incompetente para continuar dirigiendo el proceso judicial.
Durante la Audiencia Preliminar, presidida por el juez Paniza y celebrada en septiembre del 2003, los anticastristas fueron llamados a juicio. El 12 diciembre 2003 después de tres años de presidir el proceso legal y por lo menos cinco suspensiones de las audiencias, el juez quinto penal, Enrique Paniza Morales, se declaró impedido de culminar la causa. Algunas de las dilaciones del pleito se lograron por la interposición de medidas legales, introducidas fundamentalmente por el abogado Rogelio Cruz con el aparente objetivo de prolongar el proceso para recibir mayores ganancias.
El 15 diciembre de 2003 se designó al primer juez suplente, José Ho Justiniani, para continuar con el proceso penal.
Durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) panameño celebrada a finales de 2003, en la que participó la embajadora norteamericana en Panamá, Linda Watt, esta aseguró que tenían pruebas (el gobierno norteamericano) de que el caso había sido inducido por Cuba con fines políticos. Puntualizó que a EE.UU. le interesaba que Fidel Castro no se saliera con la suya en la solución que se le diera al caso.
Fuentes públicas aseguran que influyentes personajes del gobierno norteamericano viajaron expresamente a Panamá para tratar con la mandataria de éste país la liberación de los detenidos, por ejemplo e l diario panameño «El Siglo» anunció que el verdadero propósito de la visita de Colin Powell a Panamá en diciembre de 2003, fue para comunicarle a la Presidenta Moscoso, «de boca a oído», que a BUSH le interesaba que los cubanos presos fueran juzgados como «reos en ausencia».
Según fuentes con acceso directo a la presidencia durante la visita del Secretario de Estado Norteamericano Collin Powell a Panamá (diciembre 03), éste abordó con la presidencia el tema de Posada Carriles y sus compañeros de cárcel, manifestándole a la misma que era interés del gobierno norteamericano que los cubanos fueran favorecidos en el proceso legal que se llevaba a cabo, y que no fuera favorecida la posición de la parte acusadora.
El 20 de enero de 2004 Otto Reich se reunió en la Embajada norteamericana en Panamá con el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional panameño, a quien dijo que era interés de EEUU que los Servicios Especiales panameños obtuvieran información sobre el sistema electoral panameño y los principales candidatos de la oposición (Martín Torrijos y Guillermo Endara), y aprovechar esa prioridad para también recopilar información en los sectores políticos (partidos y líderes) sobre los criterios existentes sobre la mejor fórmula para darle solución al caso Posada Carriles. No es casual que el tema abordado fuera el de la corrupción. El coordinador le respondió que la presidenta Mireya Moscoso indultaría a los terroristas antes de septiembre en que ella debía entregar el poder.
Por su parte la Presidenta Moscoso se reunió el 21 de enero con Reich para abordar – según se anunció- los «avances para concretar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambas naciones». («Moscoso se reúne hoy con enviado de Bush», Panamá América, 21.01.04, Oscar A. Martínez)
Uno de los abogados miembro del equipo de los terroristas, dijo que el canciller panameño Harmodio Arias, le había confesado que durante la visita de Reich se entrevistó con la presidenta Moscoso para solicitarle que los extremistas fueran liberados.
Al respecto Mayín Correa, ex alcaldesa y locutora de la emisora radial Kw. Continente, confirmó que durante la visita de Otto Reich a Panamá conversó con la presidenta Moscoso, la que se comprometió en ponerle fin al proceso una vez que fuera dictada la sentencia.
Por esos días también destacados dirigentes de agrupaciones enemigas del Régimen cubano, afincadas en Miami informaban a sus partidarios que OTTO REICH (en su viaje a Panamá) lo había «arreglado todo» en un acuerdo con la presidenta MOSCOSO.
Merece la pena recordar que OTTO REICH y POSADA CARRILES formaron parte del dispositivo organizado por el Coronel norteamericano OLIVER NORTH para abastecer la «Contra Nica» y que concluyera con el escándalo Irán-Contras de los años 80.
EL 18 de marzo de 2004 después de tres días de alegatos termina el juicio contra Posada Carriles y demás acusados, sin veredicto.
El 20 de abril de 2004 los reclusos son condenados a penas entre ocho y cuatro años de cárcel, las sanciones fueron recurridas por las partes implicadas en el pleito.
A finales de ese mes la presidenta panameña instruyó a las autoridades judiciales dar un tratamiento expedito al proceso de apelaciones. En ese mismo momento decidió que si por alguna maniobra legal u otra causa se dilataba el proceso, indultaría a los sancionados aunque no fuese firme la sentencia.
A finales de junio uno de los implicados, comentó en repetidas ocasiones que la posibilidad del indulto presidencial, era la opción más segura que tenían en esos momentos. Sin embargo se encontraban disgustados por la demora de la presidenta Mireya en soltarlos. No obstante seguían esperanzados en recibir el indulto en agosto, dando esta variante como un hecho seguro y otorgándole un gran peso a las presiones que con estos fines se estaban realizando desde Miami.
Por esa misma fecha en círculos políticos panameños se consideraba que la presidenta indultaría a los terroristas cubano americanos en la última semana de su mandato; como finalmente sucedió. En estos mismos círculos otros opinaban que esa acción se convertiría en un gran descrédito para la propia mandataria, para su partido e incluso para su país y por tanto no la creían posible, pero también aconteció.
A principios de julio, un abogado de la defensa estuvo haciendo gestiones dentro del ministerio de relaciones exteriores panameño ante las más altas instancias y conoció que la presidenta pensaba liberar a los terroristas en agosto. Uno de los contactos de este abogado dentro la cancillería era el ex canciller Harmodio Arias.
Días después el mismo abogado conoció que la presidenta indultaría a los cubano americanos cerca del 15 de agosto.
A finales de julio la presidenta Mireya Moscoso hizo un viaje privado a Miami. Durante el mismo recibió fuertes presiones por parte de funcionarios de la administración Bush y del ala mas conservadora del exilio cubano en esa ciudad, dirigidas a lograr la liberación de Posada Carriles y su grupo. Después de su regreso a Panamá, en Miami se comentaba que Mireya cumpliría con su compromiso de liberar a cubanos presos, sobre todo porque estaba interesada en residir en esa ciudad en un futuro.
Una fuente allegada a Colin Powell comentó confidencialmente que en julio de 2004, este (Powell) le había asegurado que le quitarían la visa a Mireya, a Arnulfo Escalona (ministro de gobierno y justicia), a Barés y esposa (jefe policía y de migración), a Joaquín Jácome (ministro de comercio exterior), si estos no cumplían con sus peticiones de liberar a los cubanos presos en Panamá.
En los primeros días de agosto se acordó durante un consejo de ministros del ejecutivo y por votación unánime indultar a todos los implicados en el plan de atentado a Fidel Castro, dejándole a la presidenta la posibilidad de fijar la fecha más conveniente.
A mediados de agosto en el círculo de abogados de la defensa se comentaba que el indulto sería entre 17 y 18, es decir que ya era un hecho. Solo faltaba por decidirse hacia que país trasladarían a Posada Carriles.
El 19 agosto según fuentes allegadas al sistema penitenciario, se estaba preparando un indulto en la presidencia de la República, sin la participación de la Dirección General del Sistema Penitenciario, cosa contraria a lo establecido y a la costumbre.
El 20 de agosto fuentes de la cancillería aseguraron que la presidenta Moscoso había instruido confeccionar un documento al canciller sobre el indulto que incluyera a los cubano americanos presos en la cárcel «El Renacer».
Un día después el comentario pasa a los medios de prensa donde se dice que la Moscoso estaba preparando un indulto que incluía en el paquete a los cubanos americanos.
En esos momentos las opiniones en los círculos jurídicos panameños daban cuenta que la presidenta estaba obligada a indultar o dejar ir a los cubanos presos por compromisos que tenía con el gobierno de los Estados Unidos, quien conocía bien los actos de corrupción en que estaba involucrada y podía suspenderle la visa de entrada a su territorio sino cumplía sus exigencias.
El 23 de agosto la información que se maneja en el ámbito de la presidencia, en la cancillería y en la cárcel es que se otorgaría el indulto, lo que no se sabía era cuándo. Sin embargo en Miami se conocía que se produciría el próximo 26 de agosto por el aeropuerto de albrook en un avión particular. El 26 de agosto el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emite una declaración donde denuncia públicamente….»que personeros de la Mafia terrorista de Miami realizan gestiones en países centroamericanos para que autoricen el tránsito de los terroristas por sus territorios o les den refugio»…
Ese mismo día en la madrugada del 26 de agosto de 2004, tomando extremas precauciones, ya estaban siendo extraídos de la prisión «El Renacer» y conducidos al aeropuerto de ALBROOK bajo fuerte custodia donde tomaron una avioneta hasta el de Tocumen y desde aquí en un jet partieron rumbo a Honduras.
El operativo especial para sacar a los indultados fue dirigido personalmente por Carlos Barés, Jefe Nacional de la Policía.
El avión – o los aviones – fue alquilado en Miami por el Sr. Santiago Álvarez, empleando para ello dinero aportado por organizaciones como la Fundación Nacional Cubano americana (FNCA), el Consejo por la Libertad de Cuba (CLC) y otras del mismo corte, lo que no excluye la intervención monetaria del gobierno norteamericano y el asesoramiento de sus servicios especiales, muy vinculados los anticastritas, especialmente a Posada Carriles. Posada usaría para sus movimientos por Centroamérica la documentación falsa de nacionalidad norteamericana facilitada por la embajada de EE.UU. en Panamá. Según reportaron varios medios de prensa entró a territorio hondureño con un pasaporte norteamericano que se había «extraviado» en Costa Rica a nombre de Melvin Cloide Thompson.
Fuentes bien informadas aseveran que el indulto fue negociado en Miami por una suma de 4 millones de dólares entregados a la Sra. Ruby Moscoso, hermana de la presidenta. La operación fue consumada al estilo comercial de Liechtenstein. Además, los amigos de Miami le obsequiaron a la presidenta un auto «Lincoln Town Croown 2005», valorado en 125 mil dólares.
El cubano Pedro Gómez, banquero del United Mellon National Bank de Miami, responsable del pago de los honorarios a los abogados de la defensa, fue el encargado de la transacción bancaria. El Sr. Gómez formaba parte en Miami de un denominado «Comité Pro Libertad de los Hermanos Presos en Panamá» que hacía recaudaciones periódicas para sufragar los gastos del proceso judicial. En su visita a Panamá en abril de 2004 en ocasión del juicio a las referidas personas, comentó en un lujoso restaurante: «de cualquier manera los muchachos estarán libres antes que acabe el año». Parecería que el hombre es «adivino», pues así fue.