Recorremos más de tres décadas de reformas laborales de la mano de Luis Ocaña, profesor asociado de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Huelva. El panorama de los derechos de la clase trabajadora, desolador. Las respuestas desde el sindicalismo alternativo, un reto. Más de 50 reformas laborales desde el Estatuto […]
Recorremos más de tres décadas de reformas laborales de la mano de Luis Ocaña, profesor asociado de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Huelva. El panorama de los derechos de la clase trabajadora, desolador. Las respuestas desde el sindicalismo alternativo, un reto.
Más de 50 reformas laborales desde el Estatuto de los Trabajadores de 1980. ¿Un hilo conductor común?
Hay una continuidad clara, dirigida a desregular el derecho del trabajo y quitarle contenido. La lógica con la que se crea el derecho del trabajo es la de equilibrar una situación desigual entre empleador y empleado y, sin embargo, ahora se le está dando un papel como instrumento de política de empleo, con lo cual pierde la finalidad última que lo justificaba y acaba siendo una especie de herramienta en manos del gobierno de turno.
En 1981, 2 millones de parados. Más de 6 millones en 2013. ¿Qué papel ha jugado esta legislación?
Se ha establecido una legislación que desprotege a los trabajadores y eso se refleja en más tasas de temporalidad, de destrucción de empleo y de desempleo. Es falso que abaratando el despido se genere empleo y que desregulando se facilite que la economía sea más dinámica. Y luego estamos inmersos en una lógica globalizadora que facilita que haya muchas deslocalizaciones y se debilite el tejido productivo. Por su parte, en Andalucía siempre ha habido más paro que en ninguna otra comunidad, relacionado con la desindustrialización y el papel que tiene asignado en la división del trabajo internacional: una especie de balneario, donde la actividad productiva se orienta a campos de golf, construcción y hostelería.
¿Momentos legislativos decisivos?
En una primera fase, hasta el 94, hubo cierta continuidad con el Estatuto originario. Ese año se produce la primera gran reforma, además pactada, y a partir de ahí empiezan a entrar los contratos temporales y las ETT. Ya a principios de siglo, con las últimas reformas de gobiernos de mayoría absoluta del PP, se ataca de manera importante la protección social de los trabajadores. Hasta estos últimos años, en los que lo más destacado ha sido el ataque a la negociación colectiva.
¿De qué manera se ha desdibujado la negociación colectiva?
Fundamentalmente la reforma incide en dos grandes aspectos. Uno, que se prioriza la negociación en el ámbito de empresa, y eso, con el tejido productivo que tenemos, y muchas empresas sin representación sindical ni cultura obrera, significa que no va a haber negociación real, sino imposición de las condiciones a la parte débil por la parte fuerte. Como segundo gran elemento, está la limitación de la ultraactividad de los convenios, que no se pueden prorrogar más allá de un año. Una parte, cuando se siente a negociar, tiene un reloj con cuenta atrás. Y la otra parte, siempre planteará que no se llegue a un acuerdo. Todavía no estamos viendo los efectos, pero se notará muchísimo en el siguiente proceso negociador, a partir de fin de año. Si no se alcanza un acuerdo y no hay convenio colectivo subsidiario, se aplicará el salario mínimo interprofesional y el Estatuto de los Trabajadores. O firmas malo, o firmas peor.
¿Cómo se ha modificado la tutela pública en relación al acceso al empleo?
Se ha ido privatizando clarísimamente. Antes el acceso al mercado de trabajo, tanto público como privado, sólo podía hacerse a través de los servicios públicos de empleo. A día de hoy, pueden operar no solamente las ETT, en todo el ámbito del mercado de trabajo temporal, bastante grande, con una cuota de mercado del 35%, sino que, además, con la última reforma, se han facilitado las agencias privadas de colocación. Es decir, traficar con mano de obra es un negocio perfectamente lícito, que amplía las competencias de las ETT y también facilita que empresarios individuales se dediquen a ese tipo de negocio que antes no existía. Las agencias privadas tienen una regulación muy laxa, con mecanismos como el silencio administrativo positivo, que no opera prácticamente casi en ninguna relación de la administración con los administrados.
¿Qué margen de maniobra tiene la Comunidad Autónoma de Andalucía?
El margen de maniobra parece escaso en determinadas cosas, pero es bastante amplio si tenemos en cuenta, por ejemplo, su papel en las mesas de negociación, porque tiene bastantes convenios colectivos que cubren a un número muy importante de trabajadores. Y luego existen mecanismos para evitar la aplicación de la reforma laboral, perfectamente legales, pero la Junta de Andalucía ni siquiera se ha planteado utilizarlos. Si a eso le añades el escándalo de los ERE y el uso que se ha hecho de los fondos de desempleo, tenemos un cuadro completo en el cual hay poco que rascar.
¿Un ejemplo de algún mecanismo legal que la Junta tenga en sus manos?
La Junta negocia los convenios de todas las empresas públicas, las agencias, las fundaciones y, en ese sentido, no ha habido ninguna variación. Ha aprobado decretos incluso más restrictivos que los recortes de Rajoy. A los empleados públicos andaluces les han dado más fuerte que a ningún otro empleado público. Otras administraciones han buscado maneras de evitar el efecto perverso del plan de ajuste y la reforma laboral. Nada de esto se ha hecho en la Junta de Andalucía. Y eso, pese a un supuesto gobierno de coalición de izquierda.
¿Y para incidir en el mercado privado?
Tiene la posibilidad de hacer uso de todos los recursos legislativos y de ejecución de medidas legislativas, aunque estemos hablando de legislación estatal, los recursos públicos que corresponden a la Consejería de Empleo y el aparato del Servicio Andaluz de Empleo. Se podía haber puesto muchísima más resistencia y se pueden imponer restricciones, por ejemplo, impuestos a determinadas empresas, como las ETT. Nada de eso se ha hecho.
¿Y el papel del sindicalismo?
Los sindicatos grandes, CCOO y UGT fundamentalmente, han participado de todo, en el acuerdo de la negociación colectiva, en planes de ajustes y negociaciones de expediente de regulación de empleo. Si bien es cierto que no han participado en la negociación de la última reforma laboral, han sido cómplices y parte de la dirección de la política económica y laboral de los últimos años, por lo tanto, no están exentos de responsabilidad y es lógico que haya un rechazo a esa determinada manera de hacer sindicalismo. Y luego, por parte del sindicalismo alternativo, se da una respuesta digna, pero insuficiente. Su función es absolutamente testimonial, porque no es capaz de dar una respuesta de unidad, lo suficientemente potente como para que se convierta en un referente social. Los que esperan un cambio en las grandes centrales sindicales pueden seguir así toda la vida, porque la hoja de ruta está trazada y la están siguiendo a la perfección. La pelota está sobre el tejado del sindicalismo alternativo, pero hasta la fecha cada uno hace la guerra desde su trinchera. Tendría que plantearse un proceso de unidad sindical abierto, para configurar una organización potente de los trabajadores, que tuviera la suficiente credibilidad y representatividad. Para eso hay que dejarse de personalismos, de chiringuiteos y de la cultura sindical en la que venimos moviéndonos.
«Todo el poder para la empresa: rendíos»
En el prólogo del Manual para luchar contra la reforma laboral (Atrapasueños, 2012), Isaac Rosa señala que el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, podría resumirse «en un sencillo tuit, enviado por el gobierno a todos los empresarios: Desde hoy podéis despedir fácil y barato, bajar los sueldos, incumplir el convenio o ‘probar’ trabajadores un año y luego echarlos sin coste (…). O más breve, en formato sms: ‘todo el poder para la empresa’. O aun más corto, dirigido en este caso a los trabajadores: ‘rendíos’ (…)». Recientemente, se ha aprobado el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, que, entre otras disposiciones, impulsa nuevas modalidades de contrataciones parciales con reducciones de las cuotas patronales a la Seguridad Social del 100%, así como la posibilidad de acuerdos marcos para la contratación de servicios estatales o autonómicos de empleo con empresas privadas que faciliten la intermediación laboral. Es la última de una larga serie de modificaciones legislativas que, en palabras de Luis Ocaña, «nos han llevado al periodo de mayor retroceso en los derechos de la clase trabajadora».
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/andalucia/traficar-con-mano-obra-es-negocio-licito.html