Traición

En los diferentes ámbitos de la vida se producen traiciones. La traición en política es más habitual de lo que parece. Se han dado casos flagrantes que han tenido graves consecuencias. En momentos complicados es cuando más se dejan ver o al menos más se sienten sus consecuencias. La deslealtad cometida por dos diputados socialistas dejó en minoría a la izquierda en la Comunidad de Madrid y abrió una crisis política sin precedentes en España. En el «Tamayazo» no hubo quien dijera ¿tu también Brutus?, porque con lo poco que se conoce, lo ocurrido era una posibilidad cantada.

El delito de traición en España se recoge en el Título XXIII del Código Penal. «El español que indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a España o se concertare con ella para el mismo fin, será castigado con la pena de prisión de quince a veinte años». Son delitos de traición, facilitar al enemigo la entrada en España, la toma de una plaza, puesto militar, buque o aeronave del Estado. Es traidor el español que tome las armas contra la Patria bajo banderas enemigas. También es delito el que los miembros del Gobierno, incumpliendo con lo dispuesto en la Constitución, declaren la guerra o firmen la paz (castigado con quince a veinte años de prisión). Cometen traición los que comprometen la paz o la independencia del Estado o el descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa Nacional.

En política es traición favorecer al partido contrincante, en contra de la formación a la que se pertenece. La ambición, la envidia y la venganza suelen ser los motivos más comunes de la traición detestable. Si la confianza es un valor digno de tener en cuenta, la traición es el acto despreciable que destruye lo que toca. La historia de la traición ha destruido reinos, familias y alianzas. También hay traidores a su causa, que al denunciar tramas de corrupción se convierten en héroes colaboradores. Para los malos, éstos no están bien vistos precisamente, por confidentes, porque supone una falta de honor y la violación de uno de los códigos más sagrados: la omertá o pacto de silencio. Luchas de poder, alevosas traiciones, guerras internas, negociaciones secretas, tramas ocultas, peleas cainitas, ingredientes que se encuentran en las tramas de traición.

Sobre lo que nos ocupa. Han pasado trece años, desde aquel 10 de junio de 2003, que vino a romper la tranquilidad política y frustrar la voluntad del pueblo, mostrada en las elecciones del 25 de mayo. Las elecciones habían dado la mayoría para gobernar al Partido Socialista Obrero Español, junto con Izquierda Unida, que sumaban la mayoría absoluta de 56 escaños (47+9). El PP de Esperanza Aguirre, consiguió 55 diputados. En la votación de la Mesa de la Asamblea se ausentaron los dos diputados del PSOE, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, representantes de la fracción «renovadores por la base», que encabezaba José Luis Balbás. Esto ocasionó que el candidato socialista a presidente, Francisco Cabaco no contara con la mayoría suficiente y el PP, con sus 55 diputados, eligió a Concepción Dancausa (hoy Delegada del Gobierno de Madrid). Tamayo y Sáez pasaran a engrosar las filas del grupo mixto, acusados de tránsfugas y corrupción. Hubo una comisión de investigación y ni el PP ni el PSOE fueron capaces de aclarar nada ni presentar un candidato para la investidura.

Ante la situación generada, se elevó consultas al Consejo de Estado, quién dictaminó que si no había candidato a la investidura en el plazo de 15 días, después de constituirse la Asamblea (artículo 182.1 del Reglamento), se daba por iniciado el periodo de dos meses establecido en el Estatuto de autonomía para, una vez finalizado sin haber logrado una investidura, volver a convocar las elecciones. Elecciones que quedaron convocadas para el 26 de octubre de 2003 y que ganó el PP con 57 diputados (mayoría absoluta). El PSOE obtuvo 45 escaños (-2) y los 9 diputados de IU, que se mantuvo.

El PSOE ha venido denunciando que los dos diputados habrían recibido dinero de una trama inmobiliaria y urbanística con el objetivo de beneficiar al PP, quien achaca la ausencia de los diputados a un problema interno de los socialistas. Tamayo siempre ha negado la mayor y ha defendido que no había corrupción económica, sino desacuerdo por el pacto para formar gobierno con IU. Se conoce que Eduardo Tamayo tuvo contactos telefónicos con determinados promotores inmobiliarios, antes y después de perpetrar la traición. Nada se aclaró y todo ha quedado en la oscuridad. En 2013 infoLibre publicó unos documentos de Tamayo, en los que se desvela la organización del complot, nombres de políticos y empresarios involucrados, así como un esquema sobre la estructura y ejecución del plan. El PSOE no ha vuelto a gobernar en Madrid.

Fue un golpe de mano contra la constitución de una mayoría por la izquierda, que daba el gobierno a Rafael Simancas y tres consejerías a IU. Un plan orquestado para permitir que el PP gobernara, como ocurrió. El caso quedó en la más absoluta impunidad y sin investigación judicial. El que fuera ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, llegó a asegurar que, siendo fiscal jefe de Madrid en 2003, le prohibieron investigar el caso Tamayo. Tampoco estuvo muy diligente José Luis Rodríguez Zapatero, quien se desentendió de la investigación cuando llegó al Gobierno, En el año 2000 había sido elegido Secretario General con el apoyo de los renovadores de Balbás.

Mariano Rajoy, a la sazón vicepresidente del Gobierno, estableció el primer cortocircuito a la investigación, según Jesús Maraña (El golpe ‘impune’ del 10 de junio). En rueda de prensa tras un Consejo de Ministros, aseguró que la querella que había presentado el PSOE «no tiene ni pies ni cabeza» y no ve «fundamentos jurídicos» para que la Fiscalía investigue el «tamayazo». Ni lo ve Rajoy ni el ministro de Justicia, Michavila, ni el fiel fiscal general Cardenal, que frena las intenciones de Fernández Bermejo y ordena a la Fiscalía Anticorrupción (Jiménez Villarejo) esperar a que el TSJM resuelva sobre la querella presentada. El 3 de julio, la sala (de tendencia conservadora) decide por tres a uno «inadmitir» la querella socialista.

Fue una traición que buscaba impedir a los socialistas recuperar el Gobierno de la Comunidad madrileña, que habían perdido en 1995 y la posibilidad de formar un Gobierno de izquierdas, facilitando la llegada al poder de la derecha. Un caso donde muchos cabos siguen estando sueltos, una conjura sin la cual nada en Madrid sería igual, dice Felipe Serrano en su libro El tamayazo. Crónica de una traición.

Vengo a recordar este caso de traición, porque se da algunas circunstancias que podrían ser coincidentes: se pretende formar un gobierno de cambio y de progreso y no se encuentra candidato para la investidura a presidente del Gobierno. Porque los momentos políticos que vivimos son convulsos, los movimientos diversos y las presiones intensas para evitar que Pedro Sánchez pueda llegar a algún acuerdo para la formación de ese gobierno por la izquierda con Podemos e Izquierda Unida. Nada es de extrañar y todo puede ocurrir en la historia de la traición.

Miembros históricos del PSOE tachan de «suicidio» un pacto con Podemos y se inclinan a un acercamiento a Ciudadanos o dejar gobernar directamente al PP. Han perdido la dimensión histórica sobre lo que representa un partido de izquierdas, porque ellos ya no están en esa onda. Ex ministros del PP, PSOE y UCD, desde la Fundación España Constitucional, piden un gobierno de gran coalición para hacer frente a la situación política nacional de «extrema gravedad» que han dejado las últimas elecciones catalanas y nacionales. Debo de estar en Babia, pero no percibo esa extrema gravedad, salvo que sean estos exmandamases los que hayan perdido la visión de la realidad, muy alejados de la calle y los problemas de la gente. ¡Oigan! Que la unidad de España no es el problema, sino que lo es la corrupción generalizada, la desigualdad y la pobreza extrema, que nos ha dejado la política de recortes de derechos y libertades.

Piden un pacto «constitucionalista». Felipe González, maniobra de forma desaforada, mostrando su oposición a una coalición integrada por PSOE y Podemos, apostando por un ejecutivo formado por PP y Ciudadanos, con el apoyo de los socialistas. Para liderar ese «gobierno de concentración», tiene al presidente de consenso: Javier Solana, quién fuera secretario general de la OTAN. No representan al pueblo, sino sus intereses personales y los de sus amigos de las empresas donde se ganan la vida de gañote que dirían las comparsas de Cádiz.

Que estos exdirigentes pidan a la dirección del partido responsabilidad en las tareas para la formación del próximo Gobierno, parece razonable, como lo es que hagan una reflexión, tras la pérdida de una parte importante de su electorado, con el objetivo de «impedir que el partido se suicide». Pero no son razonables ni las formas ni el fondo de los Leguina y los Corcuera reunidos para presionar sobre lo que ellos entienden como peligros para el PSOE. Argumentan para atemorizar, pero es miedo lo que provocan ellos con sus miradas y aptitudes. Advierten de que un Gobierno formado por el PSOE y Podemos «es un suicidio» para los socialistas y para España. Cargan contra todo lo que se mueve, contra los «separatistas», rechazando cualquier apoyo que pueda proceder de partidos independentistas. «Con esos ni agua», dicen, porque «quieren destrozar España». Pero su odio enfermizo es hacia Podemos, porque quieren, dicen «desenmascarar la mentira que hay detrás».

Tras el Comité Federal, la dirección del PSOE ha logra aplacar el debate sobre la renovación del liderazgo de Pedro Sánchez, en el caso de que se repitan las elecciones, escenario que ya están preparando. Como moneda de cambio la voluntad de la militancia, que irá a las urnas para validar el pacto que pueda conseguir Sánchez como llave de la Moncloa. Aparentemente ha dejado fuera de juego a los críticos líderes regionales, sobre el control de la posible alianza, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez dice que no gobernará a cualquier precio, sin fijarlo. Nada está cerrado, sino que las espadas están en alto, nadie confía en que Sánchez vaya a ser Presidente y no le perdonan la carta de la consulta, que les ocultó en las reuniones previas.

Desconozco la opinión de los ochenta y nueve diputados y diputadas representantes del PSOE, pero confío en su buena fe, coherencia y decencia política. Después de treinta años de militancia y más de diez desde mi baja voluntaria, que no del socialismo, conociendo el percal y con las presiones que se están produciendo, no sería extraño que ocurriera o ocurriese acontecimiento no recomendable, durante las próximas sesiones de investidura, que hicieran temblar los escaños de alguna de sus señorías. ¡Atent@s!

@caval100

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