La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid investiga dos delitos ecológicos y tres de corrupción presuntamente cometidos por altos cargos de la Administración del PP por su permisiva política sobre transgénicos. El informe del fiscal Emilio Valerio no acusa a personas concretas, pero, según ha podido saber esta revista, la responsabilidad de los delitos -con […]
La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid investiga dos delitos ecológicos y tres de corrupción presuntamente cometidos por altos cargos de la Administración del PP por su permisiva política sobre transgénicos. El informe del fiscal Emilio Valerio no acusa a personas concretas, pero, según ha podido saber esta revista, la responsabilidad de los delitos -con penas de hasta seis años de cárcel en cada caso- podría alcanzar a los ex ministros Miguel Arias Cañete y Loyola de Palacio..
La denuncia de 12 organizaciones agrarias -entre ellas, el sindicato COAG y Amigos de la Tierra- ha hecho que el fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, haya abierto una investigación sobre el anterior Gobierno del PP por permitir y no controlar los cultivos de productos transgénicos -es decir, modificados genéticamente-, especialmente el conocido como maíz Bt, y sobre el presunto trato de favor dado a las multinacionales que los producen, la norteamericana Monsanto y la helvético-británica Syngenta Novartis.
En un primer informe al que ha tenido acceso interviú, la Fiscalía ya presupone la existencia de dos delitos de contaminación, dos de prevaricación y otro de incompatibilidad -que podrían sumar hasta seis años de cárcel, además de fuertes multas e inhabilitación para ocupar cargos públicos- por parte de los responsables. Entre ellos, según fuentes cercanas a la investigación y pese a que en ella aún no se acusa a nadie en concreto, los ex ministros Miguel Arias Cañete y Loyola de Palacio, antiguos responsables de Agricultura.
El escrito del fiscal es rotundo. «La comercialización de las variedades de maíz que se mencionan -dice el informe- se efectuó sin el cumplimiento de los requisitos mínimos en cuanto al seguimiento de los riesgos de contaminación genética y por bacterias tóxicas del suelo». Y añade: «Incomprensiblemente, las autoridades responsables en el Ministerio de Agricultura (…) han permitido -por las razones que fueran- su comercialización a gran escala en nuestro país por parte de la mercantil Syngenta, en una violación absoluta de lo establecido en la orden 23-03-98 el Reglamento de Variedades Vegetales] en cuanto al requisito del establecimiento de un Plan de Seguimiento».
De momento, la contundencia de los datos reunidos por la fiscalía -pese al ocultismo de la anterior Administración- ha conseguido que la titular del juzgado número 33 de Madrid, Elena Perales, admita a trámite la denuncia y autorice al fiscal a solicitar documentación a diversas Administraciones públicas, tras lo cual Emilio Valerio ya podría hacer firme una acusación a personas con nombres y apellidos: «Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones -dice el auto de la jueza- presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».
Tanto el portavoz de Monsanto, Jaime Costa, como el de Syngenta, Esteban Alcalde, han declinado comentar los escritos del fiscal y de la jueza por no conocerlos, aunque, en todo caso, aseguran que su tecnología carece de riesgos para las personas y para el medio. «De hecho -dice Costa-, ya se han publicado tres artículos en revistas científicas sobre cultivos transgénicos en España y su seguimiento] que confirman la ausencia de efectos adversos». Para el experto en biotecnología de Greenpeace, Juan Felipe Carrasco, sin embargo, la iniciativa judicial es «muy positiva, porque es inaceptable que el Gobierno del PP protegiese a la industria biotecnológica en contra de los ciudadanos y autorizase variedades de maíz sin demostrar antes su inocuidad».
El problema de fiscal y denunciantes es la falta de información y la opacidad en torno a los transgénicos, y que lleva a los campesinos convencionales a no tener forma de saber si el vecino cultiva un maíz de laboratorio. Y ello a pesar de que las semillas de ese maíz viajan por el aire y pueden contaminar las cosechas cercanas y arruinarlas. Desde la aprobación, en 1998, de las primeras variedades de maíz Bt alterado genéticamente, el Gobierno ha negado a cuantos lo solicitaran cualquier estudio oficial sobre su impacto, las hectáreas sembradas o la localización de los cultivos. «Algo tendrá este asunto cuando todo es tan secreto», señala Antonio Novas, economista del Ministerio de Agricultura y autor del libro El hambre en el mundo y los alimentos transgénicos, muy crítico con esta tecnología: «Es la opción de las grandes explotaciones y empresas. Por eso es un suicidio apostar por esto en España, donde la agricultura es, sobre todo, familiar». Para Novas, además, los flujos de grano transgénicos podrían contaminar las posibles cosechas ecológicas vecinas, un sector que cuenta con 20.000 trabajadores y un millón de hectáreas en España.
Pero los responsables del Área de Riesgos Ambientales de Medio Ambiente, la Oficina Española de Variedades Vegetales o la Agencia de Seguridad Alimentaria se mostraban, sin embargo, mucho más receptivos con el lobby agroquímico que promueve los denominados Organismos Modificados Genéticamente (OMG): a la Fiscalía madrileña le constan frecuentes visitas de representantes de las compañías Monsanto y Syngenta-Novartis a personal de la Administración y numerosas llamadas, faxes y correos electrónicos entre ellos, en una relación que personas de estos departamentos definen como «cordial, fluida y constante» y que se intensificaba en vísperas de reuniones como las del grupo de trabajo de Bioseguridad del Consejo Europeo, donde los gobiernos del PP siempre defendieron las tesis de la industria.
Los viajes organizados y pagados por Monsanto y la patronal europea de la Biotecnología, EuropaBio, a determinados cargos de la Administración para que vieran in situ sus campos con cultivos experimentales han sido una práctica habitual hasta comienzos de año. Incluso asistió personal de esos departamentos ministeriales a la celebración del 4 de julio, fiesta nacional de Estados Unidos -donde tiene su sede Monsanto-, en la embajada de este país en Madrid
‘Superbacterias’ en el campo
España, el único país europeo con cultivos transgénicos en su territorio, tiene aprobadas 16 plantas modificadas, todas ellas de maíz. Cinco son portadoras de la modificación Bt, cuyas semillas produce Syngenta. Según la propia empresa, a finales de 2003 teníamos 20.000 hectáreas de maíz Bt 176, una variedad que, además de incorporar un gen –Bacillus thurigienses– que le permite producir sus propias toxinas para defenderse de los lepidópteros, contiene otro de comprobación que lo hace resistente a la ampicilina, un antibiótico ampliamente usado en medicina: si la planta resiste su ataque, la modificación genética se ha realizado con éxito; si no, no hay semilla transgénica.
Sin embargo, su proliferación en el campo puede hacer que el gen migre a organismos patógenos presentes en el aparato digestivo de, por ejemplo, las vacas. Si esos patógenos entraran en el cuerpo humano, no podrían combatirse con ampicilina. Aunque los expertos de Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ya han dicho que es»altamente improbable -no descartable- la transferencia de resistencia a antibióticos de plantas modificadas genéticamente a otros organismos», la Agencia Española de Seguridad Alimentaria prohibirá estos cultivos desde el 1 de enero de 2005.
Estos problemas, las posibles alergias en el consumidor y el impacto que puedan provocar en insectos y aves obligan a un control exhaustivo de los cultivos. «Los planes de seguimiento -explicaba Lucía Roda, miembro de la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB), durante un encuentro de expertos organizado en Madrid por el protransgénico Foro Agrario- son necesarios para conocer los efectos a largo plazo de los transgénicos], difíciles de prever, porque a corto plazo se sabe que los OGM son seguros. Si no, evidentemente no estarían aprobados».
Sin embargo, seis años después de aprobarse el primer maíz transgénico se desconoce si hay estudios rigurosos al respecto. Ni siquiera la Fiscalía de Madrid los ha conseguido del Ministerio de Agricultura, y eso que la normativa española, enormemente benévola, permite que sea la propia industria la que los haga o los encargue. En este sentido, el director de Regulaciones de Syngenta, Esteban Alcalde, asegura que sus planes de seguimiento se han entregado a la Comisión Nacional de Biovigilancia, pero los expertos no lo ven tan claro. «Las empresas que se dedican a la elaboración de OMG -dice el genetista de la Universidad Autónoma de Madrid Carlos Sentís- aseguran que son inocuos; pero son parte interesada. Y la Administración, que aprueba su liberación y su consumo, tampoco parece llevar un control exhaustivo de los datos de las empresas».
Vínculos industriales
La gran empresa parece estar detrás de todo. Así, en la denuncia del fiscal se cita al ex director de la Oficina de Variedades Vegetales (OVV), Martín Fernández de Gorostiza, quien -después de dirigir el citado órgano evaluador de patentes agrarias- es hoy subdirector general adjunto de Planificación Económica del Ministerio de Agricultura, cargo que comparte con el de coordinador del Observatorio de Biotecnología del Foro Agrario, un grupo de trabajo abiertamente protransgénico y ligado a Antama, la fundación de las multinacionales Monsanto y Novartis.
Una duplicidad que ha levantado las sospechas de la Fiscalía: «Las omisiones de toda mínima diligencia en cuanto al cumplimiento de aquellas obligaciones de control -dice el informe del fiscal, en referencia al director de la OVV hasta 2003- concurre con un vínculo económico posterior] con aquellas empresas en cuanto que el mismo figure como coordinador del denominado Observatorio de Biotecnología que la Fundación Antama mantiene y financia».
Fernández de Gorostiza espera a recibir «alguna notificación del fiscal antes de emprender acciones», pero niega tajantemente toda acusación de incompatibilidad: «Yo puedo ir en mis ratos libres donde quiera siempre que no reciba una remuneración económica por ello. Puedo colaborar con quien quiera el Foro Agrario] porque no hay un fin económico y no existe el más mínimo fundamento para decir lo que dice de mí ese informe de la Fiscalía]».