La política energética chilena hunde sus raíces en un régimen donde las condiciones financieras, económicas, políticas, tecnológicas, normativas y legislativas han sido las protagonistas para explicar la viabilidad del metabolismo productor extractivo.
Este régimen estaría principalmente a cargo de una mayor o menor capacidad estatal para regular o desregular las empresas energéticas y mineras con el fin de surtir a las economías del Norte global. Actualmente, la autoridad climática demanda a los regímenes energéticos del Sur global, como el chileno, que mitiguen lo que sale desde sus chimeneas y que paulatinamente lo eliminen. Frente a ello, el país se ha apuntado en este mandato para dar cuenta de todo un sistema de cuentas netas de carbono por parte de nuevos conglomerados energéticos transnacionales.
Las semillas de una economía basada en energías verdes y bajas en carbono comienzan a sembrarse para persistir en los mandatos que se dirigen del Norte al Sur global. Mientras tanto, y ante el protagonismo de actores, agencias y empresas del régimen chileno, me pregunto: ¿qué ocurre con las personas, colectivos, cooperativas y empresas que en sus territorios viven en son de regímenes ecoterritoriales distintos? Pues bien, si estos están en lugares donde la irradiación solar es suficiente, la capacidad de producir viento es rentable, la profundidad de sus mares es apta para la construcción de puertos, y con inyectores de CO2 equivalente en sus estratos terráqueos; o si las profundidades de sus costas ofrecen las condiciones para producir plantas generadoras marinas rentables, entonces ahí el intercambio extractivo internacional se perpetúa. Estos territorios y sus comunidades pueden seguir siendo invisibles (Nixon, 2013) bajo regímenes energéticos coloniales y una autoridad climática novedosa.
Sin duda, la trayectoria del régimen energético chileno pervive con el sistema minero extractivo y, ahora, bajo el boom de las energías renovables; eso sí, acompañada aún de generación eléctrica a carbón e hidroeléctricas de represas. Se expuso, eso sí, que en el año 2040 se espera cerrar las termoeléctricas a carbón. Si bien las generadoras fotovoltaicas, eólicas y biomasa son prometedoras en términos de aumento laboral, persiste la dependencia tecnológica de estas plantas generadoras y sostengo que pervive un control colonial de la materialidad energética y territorial de la producción y ahora financiarización económica para la exportación.
La casta colonial eléctrica para la extracción y producción
Desde comienzos del siglo XX, el sistema eléctrico chileno transitó a través de una casta colonial –vinculada a pioneros británicos, alemanes y españoles– abocada a negocios extractivos, productivos y de servicio. En 1905 se creó la Compañía General de Electricidad de la mano de la primera hidroeléctrica y la primera termoeléctrica a carbón, junto a la mina de cobre Cuquicamata. En 1925 se concretó el primer Decreto Ley 252 que estableció una institucionalidad de servicios y concesiones eléctricas, además de un tarifado preliminar (Matthei, 2001: 28).
El sistema eléctrico público
Pasada la crisis económica de los años treinta e importados los transformadores al país, la primera política energética, gracias al ingeniero Arturo E. Salazar, se concibió como nervio central, o sea, como bien público (Pinto, 187: 21). Gracias a la Ley 6334 de 1939 el Estado chileno constituyó un organismo semifiscal a cargo de la generación eléctrica, denominado Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), junto a un plan de electrificación nacional. En 1944 fueron instauradas la Empresa Nacional de Electricidad, S.A. (Endesa) y siete años más tarde, en 1952, con la interconexión de cinco centrales hidroeléctricas, se implementó el primer sistema eléctrico de potencia: el Sistema Interconectado Central (SIC). En los años sesenta se construyeron las dos primeras centrales termoeléctricas a carbón en el Sistema Interconectado Central (SIC), y en la regulación se consideró la sequía como motivo de fuerza mayor (Matthei, 2001:178).
A la privatización siguió la trasnacionalización
La electricidad como recurso estatal enfrentó un vuelco abrupto después de que en 1973 la dictadura militar instaurara principios de libre mercado de la mano de la crisis del petróleo y la apuesta por una economía extractiva. El Decreto con Fuerza de Ley n.º 1 de 1982 dejó en manos del Ministerio de Minería la regulación del régimen, el cual a partir de 1985 transnacionalizó las empresas eléctricas (Marín y Rojas, 1988: 83).
En 1983 se instaló la primera generadora de carbón en Tocopilla orientada al consumo minero de Chuquicamata. Aunque el país nunca ha contado con recursos carboníferos importantes, su disponibilidad en el mercado ha influido en la estabilización de los precios de venta, especialmente en tiempos de sequía.
Un tipo de régimen eléctrico, conocido como de base, es decir, de generadoras eléctricas de altas inversiones y bajos costos de producción, supuso hasta fines de los años noventa una sintonía entre hidroelectricidad de represas y termoelectricidad con unidades de diésel y carbón, muy importantes en el norte desértico.
Después de 2017, el Sistema Interconectado Central y el Interconectado del Norte Grande se unieron en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). A este se le suman el Sistema Eléctrico de Aysén (SEA) y el Sistema de Magallanes (SEM) que transmiten al sur del país. Su composición es oligopólica. Hasta 1993 principalmente estaban dos empresas, Endesa y Chilgener, En 2019 participan Endesa y Colbún y se suman AES Gener y Engie a las generadoras principales. Estas empresas, si bien tienen la obligación de participar en el mercado eléctrico, no lo están para comercializar con generadoras. En suma, el mercado de las transmisoras no es público.
En esta energía neoliberal chilena, el fortalecimiento del ente Coordinador Eléctrico Nacional es importante para no dejar en manos de las generadoras su adaptación al mercado.
Diversificación de la matriz energética[01]
El giro del régimen energético a las energías renovables podría considerarse una reacción ante las advertencias de la Agencia Internacional de la Energía en 2009. Se sugirió que se concretara una política pública de la energía chilena. Además, el precio del carbón proyectaba seguir siendo alto. La asociación de generadoras eléctricas y las transmisoras previno la inestabilidad del sistema proponiendo generar conversaciones ciudadanas. La plataforma de diálogo ciudadano, restringida a determinadas experticias, proyectó escenarios a 2030. Al mismo tiempo, las tecnologías renovables bajaban sus precios gracias a la producción china y, por tanto, la posibilidad de mercantilizar la generación verde se hacía más viable. Sin embargo, el impulso de la diversificación de la matriz energética sería menos clara sin la presión ciudadana a las autoridades para promover este giro hacia las renovables. Específicamente, me refiero a la paralización de la construcción de generadoras eléctricas, térmicas de carbón e hidroeléctricas de represas. El giro retórico de informes técnicos y políticas energéticas hacia la democratización y consulta fue claro. La desestabilización del régimen previo no podría comprenderse sin considerar el tránsito por un umbral sociocultural de estas políticas (Baigorrotegui, 2019).
La ciudadanía movilizada pudo constatar cómo con el segundo gobierno de Michelle Bachelet las preocupaciones ambientales pudieron estar, retóricamente, del lado de las políticas energéticas y no exclusivamente de las mineras. Ciertamente, la paralización de proyectos basales del régimen energético a partir de movilizaciones territoriales es importantísima para las renovables actuales. Desde el año 2014 se planteó una nueva política energética, con leyes y normativas que respondieron a las críticas e informes provenientes de una red ciudadana, académica y parlamentaria, que propuso destrabar las relaciones invisibles y el lobby de las empresas eléctricas para mantener el sistema tarifario previo. La Ley 20567 propuso que en 2025 la matriz energética fuese en un 20% abastecida de energías renovables no convencionales. En el año 2015 se publicó el primer plan energético con mesas participativas, las que dieron paso al Sistema Coordinador Independiente de carga y una ley de transmisión. Se generó una ruta 2050 para la energía, rompiendo el estilo tecnocrático previo para dar paso a colores suaves, imágenes de energías renovables del lado de montañas, árboles, enfatizando en el centro el ícono de conversación con las personas. A modo de introducción de este texto se despliega una página entera abocada al valor de la sociedad en esta política.
El ingreso de las energías renovables en la transición energética chilena, desde 2014 a 2017, ha sido importante
Es menester reconocer que hasta el momento mencionar a la ciudadanía se aplicaba al análisis de impactos, resistencias o aceptabilidad a la energía. Parecía ilusorio reconocer a la sociedad dentro de un mundo con sus personas, equipos, empresas e instituciones expertas. La cita destacadísima antes de la introducción en esta ruta dice: “Una sociedad activa no solo obra por efecto de la realidad, sino que activa la realidad misma, la pone en marcha de un modo que sin él [ella] nunca hubiera llegado a ocurrir” (ME, 2016: 7).
El ingreso de las energías renovables en la transición energética chilena, desde 2014 a 2017, ha sido importante. La capacidad instalada con fecha de noviembre de 2022 de energías renovables convencionales y no convencionales alcanza el 49% de la capacidad instalada, de un total de 30 GW. Se destaca la solar fotovoltaica, la eólica, la geotermia y la hidroeléctrica de embalse.
No obstante, Svampa y Bertinat (2022) llaman a la cautela sobre el optimismo de las renovables chilenas. Para estas autoras, la diversificación de la matriz hacia las renovables no está reemplazando en igual proporción a las térmicas de carbón, y estas siguen acopladas al complejo minero-energético cada vez más demandante de energía para llegar a las vetas de mineral con mayor ley. Esto significa que antes de disminuir el consumo, este ha aumentado y girado hacia el gas natural.
El hidrógeno verde que cambiaría la identidad productiva de Chile
En la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, heredada del gobierno de Sebastián Piñera, basada en datos de la consultora McKensey & Company, se muestra con entusiasmo cómo en seis años el país ha quintuplicado su capacidad de generación renovable, en particular la generación solar de potencia, solar fotovoltaica, eólica en tierra e hidroeléctricas de pasada, planificando conformarse en 2030 con un 70% de capacidad instalada. La proyección del hidrógeno (H2) es vista a tal nivel de competitividad que superaría hasta la producción de la minería nacional. Esto, al tener costos de producción competitivos a nivel global 1,4 dólares/KgH2 (CNE, 2022). Así, de la mano del régimen climático, el régimen energético podría ser más importante que el minero en el país. De ahí que sus embajadores/as constituidos por exautoridades de los gobiernos de Michelle Bachelet, incluyendo al expresidente Ricardo Lagos, entre otros, estarían ahí para destacar que: “Esta Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde marca un punto de partida esencial para una transformación profunda de la identidad productiva del país” (ENHV, 2022: 5).
Para 2030 se proyectan 5 GW y a 2050 33 GW de capacidad instalada en H2 verde. Junto con exportar hacia mercados internacionales, su inversión se advierte que estará aparejada de generación de capacidades locales y creará polos de desarrollo en el país. En ella se consideran tres oleadas en esta estrategia: la primera, concentrada en consumos domésticos de gran escala con demanda establecida, a partir del reemplazo del amoniaco importado por el local. Desde ella se planifica usarlo en transporte de pasajeros y carga pesada de larga distancia. La segunda oleada comenzará el inicio de la exportación. Aquí el transporte minero terrestre se complementará con el inicio del transporte para exportaciones. Finalmente, la tercera oleada consta de la apertura en nuevos mercados de exportación para escalar las iniciativas previas. Transportes marítimos y aéreos se prevén surtidos de hidrógeno, junto a las actividades de la economía mundial potenciales (ENHV, 2022: 13).
Como estrategia, esta se ve complementaria con la Ley de Cambio Climático nacional y con la contribución chilena a las políticas de cambio climático global, presentándose así como las impulsoras de la descarbonización glocal.
La proyección es que hasta el 25% de sus emisiones se mitiguen con H2 verde al 2050, se creen 100.000 puestos de trabajo en las próximas décadas (ENHV, 2022: 14.) y se contribuya a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sustentable: 7 (Energía asequible y no contaminante), 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), 9 (Industria, innovación e infraestructura), 13 (Acción por el clima), 17 (Alianza para lograr los objetivos).
Con todo esto, el llamado ecosistema para el hidrógeno verde comienza a mostrar sus actores/actrices e intereses con el objetivo de llegar a “conquistar mercados globales” (ENHV, 2022: 18) como proveedores de energéticos limpios. En seis meses se han realizado llamadas para proyectos de hidrógeno verde de 50 millones de dólares, acuerdos con puertos en Singapur y Rotterdam, además de invertir en el Instituto de Tecnologías Limpias 264 millones de dólares dirigidos a energía limpia y tecnologías mineras. Más de cuarenta proyectos para pilotear el hidrógeno verde en seis localizaciones. Se ha inaugurado una línea de guías, una ley de eficiencia energética, con el fin de regular los estándares para vehículos eléctricos y se han asignado unos 50 millones de dólares para los postulantes a proyectos ganadores.
Las comunidades locales y sus territorios en esta estrategia se conciben dialogando tempranamente con los proyectos, recibiendo capacitaciones y, a lo más, explorando mecanismos de asociación y fomento de desarrollo de proveedores locales, capacidades y mejora de prácticas en gestión de intereses territoriales y comunitarios (ENHV, 2022: 27). Como se puede observar, la importancia de la sociedad disminuye considerablemente, sin siquiera reconocer los modos de cooptación conocidos en la literatura mediante este tipo de formas participativas.
Colectivos preocupados por este tipo de asimetrías y sueños sobre economías con cero emisiones han debatido dentro de la Red Ecofeminista para la Transición Energética[02] en las jornadas de autoformación, donde me incluyo. Ahí se han desplegado una serie de preocupaciones sobre una estrategia obstinada en esconder la doble cara de estos imaginarios de progreso. Para esta nueva energía de base verde preocupan los impactos debido al consumo de agua para la electrólisis, la energía fuente para generar H2 verde, la disponibilidad de miles de hectáreas de territorio, usualmente de uso agrícola y del campesinado. No hace falta hablar de los riesgos y la aplicación del principio de precaución frente a una tecnología que, si bien se viene desarrollando y promoviendo a escalas pequeñas, ahora se reviste de una promesa indiscutible, capaz de cambiar la identidad productiva del país.
Ni Jeremy Rifkin hubiese imaginado, casi dos décadas después de su publicación, que la revolución energética con hidrógeno estaría más cerca de conquistar mercados internacionales que de reaccionar ante la propiedad de los fósiles de la mano del islamismo o la presión energética de la producción agrícola. Lo que se presencia en Chile es una propuesta desmarcada de su llamado a producir descentralizadamente el hidrógeno. En cambio, se prevén grandes centrales capaces de distribuir marítimamente y por gaseoductos a todo el mundo. La transición popular del hidrógeno verde a lo Rifkin, como menciona Juan Manuel Iranzo (2008), nació apresurada, aunque se puede agregar que su autor la habría concebido dentro de una transformación infraestructural más radical, donde
(…) asociaciones de desarrollo local, cooperativas, empresas públicas, urbanizaciones, ayuntamientos, pymes, etc., y la gestión del intercambio [estén] en manos de un mercado libre de intermediarios también proveedores de servicios y/o de infraestructuras, bajo una regulación legal democrática a nivel local, regional y global (Iranzo, 2008).
Esta concepción de régimen energético no está siendo considerada dentro de los modos de hacer de las autoridades energéticas y ahora climáticas. Todos los otros modos que han venido sosteniendo, contribuyendo y proyectando vías energéticas ciudadanas, femeninas, cuidadosas, comunitarias, están camufladas, son casi ilegibles en la transición energética chilena.
La generación distribuida y la energía ciudadana
La posibilidad de que las personas pudiesen conectarse y alimentar las redes de distribución con su electricidad generada (por ejemplo, desde sus techos individuales, en modo de autogeneración solar, y compartida, por ejemplo, con la comunidad de departamentos o conjunto de casas), ha sido factible gracias al trabajo persistente entre el Instituto de Ecología Política, con Manuel Baquedano y Daniela Zamorano, en alianza con el senador de la región de Aysén Antonio Horvath, para que se publicase la Ley 21.118.
A partir de ella se instauró un régimen de descuento en la factura de la luz, y comenzaron a fundarse distintas cooperativas de energía ciudadana, principalmente cooperativas solares. La ciudadanía aspira a convertirse en actriz activa en esta labor, inspirada, en parte, por experiencias de cooperativismo energético en España, Francia y Alemania.
Ahora bien, son 500 MW los que se proyectan. Una cifra mucho menor a la aspirada con el H2 verde y muy modesta en comparación con los resultados concretos de sus despegues en otras latitudes. Ciertamente, no basta con lanzar programas piloto de comuna energética y casa solar versiones 3.0, 4.0, 5.0. Se requiere pensar de forma diferente las leyes, planes y programas sectoriales, y, sobre todo, más que sectoriales, para responder a una ciudadanía hacia la cual se debe. La rapidez y magnitud de la diversificación, antes que la transición y menos aún que la transformación, están conduciéndose por vías bien distintas a las ciudadanas.
Neocolonialismo verde de las energías renovables
Las iniciativas energéticas verdes de megaescala requieren de extensiones masivas de terreno que amplifican la presión sobre los habitantes y sus territorios, predominantemente rurales. Todos estos lugares se evalúan como apropiados para extraer valor, pasando por alto de sus habitantes y modos de vida. Esto es muy conocido como extracción por desposesión, renovándose por la vía de la desposesión por desfosilización.
La propiedad y los beneficios de las iniciativas verdes coloniales surgen de una alianza para facilitar el flujo energético de Sur a Norte. Es, como diría Ana María Vara (2013), una instancia más donde los discursos neocoloniales de los recursos naturales se revitalizan. Esto significaría que cuando se identifica un recurso energético verde valioso, entonces allí confluye un conglomerado explotador frente a un sector y ecologías explotadas, facilitado por unos/as cómplices locales (Vara, 2013).
Es menester reconocer las voces de la energía que se manifestaron en la discusión constituyente
La tendencia neocolonial de los acuerdos sustentados en imaginarios del progreso dependiente de la energía verde se va manteniendo a raya gracias al actuar decidido de un entramado jurídico y administrativo robusto. Las acciones y protestas de defensa ciudadanas son otra posibilidad de subvertirla. El levantamiento social de octubre de 2019 fue enfrentado por las instituciones a partir de un acuerdo entre partidos por una nueva Constitución. Así, la Constitución propuesta por la Asamblea Constitucional, elegida democráticamente, conformada de forma paritaria con escaños reservados para pueblos originarios, lamentablemente fue rechazada en una votación en la que otros mecanismos individualizantes y mediáticos triunfaron. Lamentablemente “las capacidades innovadoras y emancipatorias que puedan plasmarse en torno al desenlace del proceso constituyente” (Svampa y Bertinat, 2022: 125) no quedaron reflejadas en esta última votación.
Si bien no queda tiempo de desanimarse, es menester reconocer las voces de la energía que se manifestaron en la discusión constituyente. Fue en esa instancia en la que, en ese entonces, como parte de Energía Colectiva, destacamos lo siguiente:
Chile ha sido reconocido mundialmente por sus avances en energías renovables, sin embargo, estos han sido principalmente en términos de producción a gran escala y liderados por grandes empresas de energía, donde los proyectos de generación local no alcanzan el 1% de la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional. En otras palabras, la ciudadanía sigue siendo un actor marginal de la transición energética nacional, oculto tras estándares macroeconómicos insensibles a su promoción (Sesión n.° 25 de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales y Modelo Económico de la Convención Constitucional. Intervención de Energía Colectiva).
Si bien el país, con una velocidad de cambio amplia, planifica cerrar en 2040 todas las centrales de carbón e impulsar su diversificación decidida hacia su Estrategia de Hidrógeno Verde con Energías Renovables, por otro lado, ralentiza y opaca las metas de formas ciudadanas descentralizadas y dirigidas a los centros de consumo. Otro aspecto importante es el reconocimiento de la capacidad de decidir y acordar ciudadana, grupal y ancestralmente, en torno a los planes en sus territorios, conocimientos y formas de vivir bien. La velocidad para afrontar la crisis climática no es única, dado que se advierte y se sufre desde hace mucho desde nuestra América. Una transición en la que caigan muchas transformaciones parece ser la vía insumisa ante el esfuerzo renovado de opacar las fuerzas que claman no solo justicia climática, sino soberanía alimentaria, soberanía hídrica y soberanía energética cuidadora de los ciclos vitales y del ecosistema que la sostienen.
Gloria Baigorrotegui es miembro del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile
Referencias
Baigorrotegui, Gloria (2019) “Destabilization of Energy transitions through collective actions”, Energy Research and Social Science, 55, pp. 198-207.
CNE Comisión Nacional de Energía (2022) Reporte Mensual vol. 92. Sector Energético. Octubre 2022. Disponible en: file:///C:/Users/glori/Downloads/RMensual_v202210.pdf
ENHV Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde (2020). Chile, fuentes energéticas para un planeta cero emisiones. Santiago: Ministerio de Energía.
Iranzo, Juan Manuel (2008) “La economía del hidrógeno. Jeremy Rifkin. Barcelona: Paidós, 2002”. Revista Española de Sociología, 2. Disponible en https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/64889
Matthei, Hedy (2001) “Institucionalidad normativa del sector eléctrico”, Memoria de prueba Facultad de Derecho, Santiago: Universidad Gabriela Mistral.
ME Ministerio de Energía (2016). Hacia una energía sustentable e inclusiva para Chile. Comité Consultivo de Energía 2050.
Nixon, Rob (2011) Slow violence and the environmentalism of the poor. Harvard: Harvard University Press.
Pinto, Aníbal (1987) “La ofensiva contra el Estado-económico”, en Estudios Cieplan, 21, pp. 117-127.
Svampa, Maristella y Bertinat, Pablo (2022) La transición energética en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI.
Vara, Ana María (2003) “Un discurso latinoamericano y latinoamericanista sobre los recursos naturales en el “caso papeleras”. Iberoamericana 13 (52), pp. 7-26.
Notas:
(1) Matriz energética: total de energía que se utiliza en un país (nde).
(2) . https://www.instagram.com/red_ecofeminista/
Fuente: https://vientosur.info/transicion-energetica-chilena-y-su-neocolonialidad-verde/