El inicio de la crisis en 2008 inaugura un nuevo ciclo migratorio en el estado español. Y cierra también otro, el que comenzó a finales de los años 90 justo en pleno «boom» inmobiliario y migratorio. El libro «Crisis, inmigración y sociedad» (Ed. Talasa), coordinado por Francisco Torres y Elena Gadea, estudia a fondo el […]
El inicio de la crisis en 2008 inaugura un nuevo ciclo migratorio en el estado español. Y cierra también otro, el que comenzó a finales de los años 90 justo en pleno «boom» inmobiliario y migratorio. El libro «Crisis, inmigración y sociedad» (Ed. Talasa), coordinado por Francisco Torres y Elena Gadea, estudia a fondo el nuevo modelo, cuyos trasfondo empezó a percibirse en 2009 al aprobarse una nueva Ley (2/2009) de Extranjería y al restringirse tanto las entradas de inmigrantes en el estado español como las contrataciones en origen. Un buen indicador del nuevo paradigma es el Decreto Ley 16/2012 de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que retira la tarjeta sanitaria a 873.000 inmigrantes considerados «irregulares».
El nuevo ciclo migratorio incluye cambios en los flujos de población e introduce una composición demográfica distinta a la de los años del «boom». Según el INE, en 2013 la población extranjera en el estado español se redujo en 396.658 personas (una disminución del 7,82% respecto al año anterior), y se situó en 4.676.022 personas debido al efecto combinado de la emigración (salida del país) y la adquisición de la nacionalidad española. En términos absolutos, el mayor descenso se produjo entre la población ecuatoriana y colombiana. En términos relativos, entre ciudadanos de origen peruano, colombiano, boliviano y ecuatoriano.
La crisis económica ha provocado, en conclusión, una salida de población extranjera y una menor llegada de inmigrantes. De las 547.890 personas que en 2013 se marcharon del estado español a otros países, 79.306 (un 14,5% del total) eran españolas; y el resto (468.584), extranjeras. Los ciudadanos extranjeros que salieron de España en 2013 aumentaron un 20,4% respecto al año anterior, mientras que la inmigración a España se redujo un 5,4%.
Pero más allá de la estadística, el nuevo modelo migratorio que trajo la crisis implica «un cambio sustancial en las condiciones de inserción de la población inmigrante, aunque ciertamente las políticas de recorte y austeridad afectan al conjunto de las clases populares», explica el sociólogo y profesor de la Universitat de València Francisco Torres. La diferencia es la siguiente: durante el «boom» la población migrante «era funcional para los empresarios y complementaria para los trabajadores españoles». Hoy por el contrario, se da una competencia por los recursos escasos (ayudas de los Servicios Sociales, recursos de las ONG, becas de comedores escolares…).
Los números apuntan que la crisis se encarniza singularmente con la población inmigrante. La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE (2013) señala que el porcentaje de personas por debajo del «umbral de riesgo» de pobreza se situaba en el 16,5% entre los españoles, mientras que en los extranjeros de la UE se situaba en el 35,1% y en los ciudadanos de fuera de la UE, en el 47,8%. La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2015 subraya la misma idea. El paro, según esta fuente, disminuyó en 16.800 personas entre los españoles, mientras que aumentó en 3.700 personas entre los extranjeros. Además, la tasa de desempleo entre la población migrante es del 33,65%, lo que supone once puntos de diferencia respecto a los españoles (22,42%).
Uno de los hilos conductores de «Crisis, inmigración y sociedad» es que los inmigrantes «no son peones sin capacidad de maniobra en manos de grandes factores estructurales (mercado de trabajo, instituciones, prima de riesgo…)», explica Francisco Torres. No son meros juguetes en manos de los grandes poderes. Al contrario, «los inmigrantes establecen estrategias para afrontar sus problemas y mejorar sus vidas». ¿En qué consisten estas estrategias cotidianas? En cambiar de sector laboral, la movilización de ciudad o de país, la reducción de gastos (por ejemplo, varias familias viviendo en un piso, alquiler de habitaciones, ocupaciones…); también en el uso de las redes propias, el apoyo de las ONG y los servicios sociales.
El profesor de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València, Albert Mora, subraya que la crisis genera nuevos espacios de competencia entre nacionales y extranjeros, y degrada además las condiciones de vida de la población inmigrante. El desempleo tiene como origen la crisis de un modelo productivo basado en la construcción, que se ha encarnizado con los trabajadores eventuales y en mayor medida con los extranjeros, a quienes se les ha obligado a aceptar peores condiciones laborales. A ello se agrega el deterioro de las redes familiares así como la mengua de prestaciones y servicios.
El estudio aborda asimismo la movilización geográfica interna (dentro de un mismo país) e internacional. Desde el inicio de la crisis se han reducido las migraciones que buscan un cambio de residencia interior, debido a las dificultades para encontrar trabajo en el mismo país. Pero sí han constatado los autores un fenómeno diferente: personas que mantienen su domicilio, al tiempo que recorren distancias cada vez más largas para emplearse. Por ejemplo, los inmigrantes rumanos en el estado español aumentaron en 2011 (respecto a 2007) la distancia de los desplazamientos, que emprendían en función de las cosechas. Las investigaciones ponen de manifiesto una conexión entre la colecta de la fresa de Huelva y la fruta de Lleida. El otro caso que trata el libro es el de la población ecuatoriana, que comenzó laborando en la agricultura y pronto pasó a los servicios y a la construcción. Uno de los grandes núcleos de la inmigración ecuatoriana en el estado español es la provincia de Murcia.
Frente a lo que reza el tópico, expone Francisco Torres, una inmensa mayoría de la población inmigrante continúa en el estado español (con movilidad interna o sin ella), aunque una parte retorna al país de origen. En el caso de la población rumana se constata un proceso de «migración circular», es decir, a la vuelta a su país continúa la movilidad por diferentes territorios en busca de empleo, para lo que se aprovecha la pertenencia de Rumanía a la Unión Europea. Una parte de la inmigración ecuatoriana regresa a su país de origen, aunque en otros casos se desplaza por Europa. Se dan muchos casos de trabajadores ecuatorianos que se trasladan para trabajar a Suiza, Francia o Alemania, mientras su familia permanece en el estado español, en su domicilio y con los hijos escolarizados. El trabajador retorna a España cada varios meses.
Presentado en el centro social Ca Revolta de Valencia, «Crisis, inmigración y sociedad» incluye los textos de diferentes profesores e investigadores. Además de Elena Gadea y Francisco Torres (coordinadores), el libro reúne aportaciones de Fernando O Esteban, Albert Moncusí, Albert Mora, Natalia Moraes, Andrés Pedreño y Rafael Viruela. El estudio aborda las estrategias de los inmigrantes ante los procesos de inserción alterados por la crisis; los flujos migratorios y el caso específico de las poblaciones rumanas y ecuatorianas en el estado español; el impacto de la crisis en los trabajadores inmigrantes, los retrocesos en la sanidad, en los servicios públicos y las dificultades en los nuevos «escenarios urbanos».
Albert Mora resalta el hito que en materia sanitaria representa el Decreto 16/2012, que restringe el derecho a la atención sanitaria de los inmigrantes «sin papeles» a las urgencias. Ello implica un cambio en la lógica del derecho a la sanidad universal, que pasa a otra radicalmente distinta: la contratación de un seguro privado. La medida tiene poca explicación dado que la población que emigra es habitualmente joven, fuerte y sana aunque, matiza Albert Mora, «ciertamente en España desarrollan trabajos más precarios y las redes psicosociales son más débiles; las desigualdades según numerosos estudios tienen un impacto sobre la salud». El libro incluye toda la legislación estatal e internacional que vulnera el Decreto-Ley 16/2012, además del nombre de todas las instituciones que señalan la infracción. Las ONG han denunciado además que el Decreto 16/2012 contraviene su mismo contenido, por los casos en que se ha facturado la atención sanitaria a menores y mujeres embarazadas.
En abril de 2013 falleció en Palma de Mallorca como consecuencia de una tuberculosis Alpha Pam, un ciudadano senegalés de 28 años. Residía desde hace ocho años en España, según informó Médicos del Mundo, aunque no disponía de tarjeta sanitaria. «Acudió en más de siete ocasiones al centro de salud de referencia, sin que su situación mejorara a pesar de las continuas visitas», según la ONG. En marzo de 2015 la Audiencia Provincial de Palma acordó la reapertura de las investigaciones para determinar si dos profesionales de urgencias del Hospital Comarcal Inca (Mallorca), incurrieron en un delito o falta de homicidio por imprudencia sanitaria en la muerte del ciudadano senegalés.
¿Qué tipo de discursos acompañan al nuevo escenario migratorio, iniciado en un contexto de fuerte recesión? La inexistencia en el estado español de formaciones políticas abiertamente xenófobas se ha explicado tradicionalmente de modo sencillo: la relativa cercanía en el tiempo de la dictadura franquista; y la integración de estos potenciales votantes/militantes de ultraderecha en el Partido Popular. Algunos especialistas apuntan que la tradición migratoria de la población española (particularmente en los años 70) le lleva a simpatizar con algunos sectores de la inmigración Otros señalan que los «choques» no empiezan hasta que no se ha asentado la segunda generación de población extranjera (en España no se ha llegado a este punto). Pero según Francisco Torres, en el estado español «hay un malestar sordo y preocupante; y se dan las condiciones materiales para que este malestar aumente, de hecho, de la crisis vamos a salir con una sociedad nueva: un tercio de la población se halla en condiciones de precariedad y exclusión».
Y esto se expresa en discursos y prácticas radicadas principalmente en el ámbito municipal. La formación xenófoba Plataforma Per Catalunya obtuvo 8 concejales en las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015 (después de la destitución de su expresidente Josep Anglada), pero en los anteriores comicios logró 67. En Santa Coloma de Gramenet fue muy sonada la polémica con los vecinos por la apertura de mezquitas; el PP de l’Hospitalet puso en marcha una campaña para limitar en el municipio los locutorios y kebabs, además de proponer un tiempo de residencia de cinco años para acceder a los servicios sociales. El referente de la iniciativa en l’Hospitalet fue el alcalde de Badalona, Javier García Albiol, quien después de encabezar la campaña xenófoba «Limpiando Badalona», revalidó el 24 de mayo su mayoría electoral con el 34,35 de los votos (en su día García Albiol tuvo que declarar ante el juez por incitación al odio racial).
SOS Racismo denunció en mayo de 2014 que el alcalde de Sestao, Josu Bergara (PNV) se negaba a empadronar a personas inmigrantes; la ONG aportó una grabación en la que se escuchaba al primer edil afirmando: «La mierda no viene a Sestao, si no la echo yo». El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, del PP, señaló en agosto de 2014 a la población inmigrante por «aprovecharse de los servicios sociales y querer vivir sin trabajar». El programa electoral de Ciudadanos incluye expresiones como «inmigración irregular» y «tránsito ilegal de personas»….
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