Biodiversidad y fuentes alimenticias amenazadas a pesar de herramientas legales. Más de 100 naciones han firmado el Tratado Internacional de las Naciones Unidas sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, pero persisten las amenazas contra la soberanía y seguridad alimentarias y la bioseguridad. Los participantes en la Cuarta Sesión Regular de la […]
Biodiversidad y fuentes alimenticias amenazadas a pesar de herramientas legales.
Más de 100 naciones han firmado el Tratado Internacional de las Naciones Unidas sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, pero persisten las amenazas contra la soberanía y seguridad alimentarias y la bioseguridad.
Los participantes en la Cuarta Sesión Regular de la Junta de Gobierno del tratado -que entró en vigencia en el 2004-, realizada en Bali, Indonesia, del 14 al 18 de marzo, dijeron que esta herramienta es necesaria para combatir los efectos del cambio climático, al asegurar el suministro de alimentos a la creciente población mundial.
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Perú y Uruguay son los únicos países latinoamericanos que han firmado y ratificado el tratado.
«Con las alteraciones que está provocando el cambio climático a las condiciones agrícolas y el rápido crecimiento de las poblaciones, preservar y compartir la diversidad de los cultivos a nivel global ya no es una opción», dijo Shakeel Bhati, secretario de la Junta de de Gobierno del tratado. «Ningún país -rico o pobre- tiene dentro de sus fronteras la diversidad de cultivos requerida para satisfacer las necesidades futuras de alimentos. Todos los países deben mejorar la forma en que comparten sus productos agrícolas como asunto de suma urgencia».
El crecimiento exponencial de los monocultivos, particularmente la soja para la producción de biocombustibles, que gobiernos como los de Argentina, Brasil y Paraguay han promovido a pesar de los riesgos ecológicos y en medio de una nueva crisis alimentaria, ha provocado la deforestación de grandes extensiones de la Amazonia y otras áreas forestales a lo largo de América del Sur. La industria también amenaza al medio ambiente y la salud y la vida de la población local.
El tratado tampoco protege a los campesinos y agricultores indígenas, dicen los críticos, de las grandes empresas multinacionales que se apropian de sus semillas y las patentan, y posteriormente prohíben a esos pequeños agricultores guardar sus semillas.
El acuerdo creó un «sistema multilateral» por el cual los países firmantes establecen un mecanismo para facilitar el acceso, a través de un banco de genes, a los recursos fitogenéticos para la alimentación y agricultura.
«Las semillas conservadas por el sistema multilateral son, en un 90%, semillas tomadas de los campos de los campesinos. Por ello, los campesinos de pequeña escala, que seleccionan y conservan sus propias semillas locales, deben tener acceso al sistema multilateral sin condición ninguna», dice el movimiento internacional Vía Campesina. «Asimismo, la industria debe pagar, sin condición ninguna, la deuda que adquirió por haber tomado gratuitamente las semillas de los campesinos. Por otra parte, nunca jamás la reparación de una deuda ha conferido el derecho a seguir robando».
Este tema es especialmente preocupante en México, donde semillas modificadas genéticamente, o transgénicas, amenazan la biodiversidad del maíz, cereal autóctono y base de la dieta del paí.
Fuente: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6339