Feministas reclaman distribución de píldora anticonceptiva de emergencia
Así rezaba uno de los gritos de las mujeres de distintas organizaciones que se reunieron ayer frente a la sede del Tribunal Constitucional (TC), tras pasar por el Ministerio de Salud (Minsal) para entregar una carta de apoyo a las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad. El TC declaró ilegales dichas normas porque consideró que existían vicios en su forma.
El vicio es que no están firmadas por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, sino por la Ministra de Salud, Soledad Barría. La resolución se ampara en la forma, pero perjudica el fondo. Es decir, impide la distribución de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) a las adolescentes mayores de 14 años sin el conocimiento de sus padres.
Esta medida busca reducir los embarazos adolescentes, fenómeno que no disminuye, aún cuado la tasa de fecundidad de Chile pasó de 2.5 hijos por mujer en 1983 a 1.9 en 2003. El mismo día que el TC dio a conocer su veredicto, el 13 de enero, la presidenta Bachelet demostró su interés en llevar adelante esta política de salud, anunciando que convertiría las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad en un Decreto Supremo.
Las organizaciones de mujeres juzgan las disposiciones del Minsal fertilidad, como «un avance para responder a las desigualdades e inequidades en el acceso a la salud que persisten en Chile», así se lee en la declaración Defensa Ciudadana de las Normas Sobre Regulación de Fertilidad.
Este documento está suscrito por 25 organizaciones de mujeres, entre las que destacan el Foro Red por la Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Las críticas de estas organizaciones apuntan a la jerarquía de la Iglesia Católica, «la que ejerce una presión indebida sobre el gobierno, el parlamento y otros poderes públicos e intentan imponer su moral única en temas que no son de su incumbencia».
La lucha por la PAE recién está comenzando
Si bien la presidenta ha mostrado su férrea voluntad para implementar las normas sobre fertilidad, hay que tener claro, según explica la abogada de Humanas, Camila Maturana, que al convertir las normas en un Decreto Supremo, quedan las puertas abiertas para que el Tribunal Constitucional se pronuncie esta vez sobre el fondo.
El TC hizo una interpretación bastante particular de sus atribuciones al acoger un reclamo sobre una norma, cuando su competencia es sobre las leyes. Este es un pésimo precedente explica Maturana porque de ahora en adelante el TC podría zanjar distintos tipos de litigios, ya no precisamente relacionados con la constitucionalidad de las leyes.
La abogada de Humanas destaca el hecho de que el fallo haya sido por mayoría y no por unanimidad, pero advierte que la conformación del TC es conservadora, razón por la cual aceptaron dirimir en este caso, lo que hace temer la suerte de un Decreto Supremo que será impugnado a penas se promulgue, según lo anunciaron los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
Y las resoluciones del TC son inapelables. No existe una instancia superior a menos que se lleve un reclamo ante al Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ésta autorice su paso a la Corte Interamericana.