Turquía presentó, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, un informe sobre la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en 2016, cuyas cifras evidenciaron un preocupante incremento que lo alejan de sus compromisos internacionales. En materia de cambio climático las decisiones de Turquía en los últimos meses se han caracterizado por abandonar las […]
Turquía presentó, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, un informe sobre la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en 2016, cuyas cifras evidenciaron un preocupante incremento que lo alejan de sus compromisos internacionales. En materia de cambio climático las decisiones de Turquía en los últimos meses se han caracterizado por abandonar las responsabilidades adquiridas dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y seguir los pasos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abandonar el Acuerdo de París (COP21).
Durante el encuentro del G-20 celebrado en la ciudad alemana de Hamburgo en julio de 2017, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se sumó a la posición común de todos los participantes (con la única excepción de EE.UU.) para designar el Acuerdo de París como ‘irreversible’. Sin embargo, al término de la reunión Erdogan, en un giro inesperado, anunció que su país suspendía la ratificación del COP21 debido al abandono de EE.UU. y en tanto no se garantizara que Turquía recibiría recursos financieros para poder realizar la transición energética de su economía.
Cuando en 1992 se aprobó la CMNUCC, se estableció una clasificación que agrupaba a los países industrializados o con economías en transición (Anexo I), países que pertenecían a la OCDE en aquel momento (Anexo II), y resto de países. Los primeros estaban obligados por la Convención a ‘adoptar políticas nacionales y tomar las medidas correspondientes sobre la mitigación del cambio climático’ liderando el cumplimiento de los acuerdos, los segundos a ‘proporcionar recursos financieros nuevos y adicionales’, incluida la transferencia de tecnología, para ayudar a los países en desarrollo en su adaptación al cambio climático. Como miembro fundador de la OCDE, Turquía apareció incluido en ambos grupos lo que lo situaba como sujeto a obligaciones y responsabilidades a las que el grueso de países menos desarrollados no estaban sometidos.
A partir de ese momento se inició una larga batalla diplomática que culminó en 2001, en la COP7 de Marrakech, donde se eliminó a Turquía del Anexo II y se le concedió un estatus especial dentro del grupo I que, entre otras cuestiones, le eximió de aplicar las medidas exigidas por el Protocolo de Kioto, en 2009, al resto de países del grupo en relación con la reducción de emisiones GEI. Como resultado, Turquía ha recibido recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), principal organismo financiero de la CMNUCC, que en 2017 ascendían a más de 50 millones de dólares, a través de 14 proyectos aprobados, y otros 515 millones de cofinanciamiento adicional, además de otras cantidades para iniciativas regionales o mundiales en las que Turquía estaba incluida.
A pesar de todo ello, los compromisos suscritos por los diferentes administraciones turcas han sido ambiguos y sus actuaciones poco decididas en la lucha por frenar el cambio climático, como ocurrió en septiembre de 2015 cuando presentó a la Convención su contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (INDC, por sus siglas en inglés). Este documento, hoja de ruta de los países para la reducción de los GEI en el horizonte 2030, establecía un descenso de las emisiones del 21 por ciento, con respecto a la evolución prevista en el caso de no tomarse medidas correctoras. Una cifra engañosa si se tiene en cuenta que entre 1990 y 2015 Turquía incrementó en un 110 por ciento la difusión a la atmósfera de GEI, y que sus expectativas para 2030 le permitirán aumentar otro 110 por ciento este tipo de emisiones en comparación con las registradas en 2012. De hecho, Turquía ocupa desde 2006 el primer puesto en términos de crecimiento de las emisiones de GEI entre todos los países incluidos en el Anexo I.
Además, y según denunció la organización Climate Action Network Europa, en su plan energético nacional se apuesta por cuadruplicar el uso del carbón para 2023, fecha emblemática en que se celebrará el centenario de la moderna República de Turquía, por lo que ‘no es sorprendente que la INDC de Turquía no incluya una fecha pico de emisiones’.
En relación a las emisiones de dióxido de carbono (CO2), una investigación de la Universidad Sabanci constató la paradoja de que ‘entre 1990 y 2011 la economía turca creció generando la misma cantidad de este gas por dólar producido, a pesar de factores como el aumento de la participación del sector de servicios en la economía, o la eficiencia y avances de las energías renovables’. El estudio destacó que durante ese mismo periodo ‘China disminuyó las emisiones de CO2 en un 54 por ciento, las economías de la OCDE en un 31 por ciento de promedio, la economía global en un 23 por ciento, mientras que la economía turca solo disminuyó en un 3,1 por ciento’.
Al mismo tiempo, la apuesta por las energías renovables sigue siendo insuficiente a pesar de su apuesta en el INDC por duplicar su capacidad solar hasta los 10 GW y llevar hasta 16 GW la eólica en 2030, sobre todo al comprobar que el objetivo del plan energético nacional, para siete años antes, es alcanzar 20 GW solo con la eólica.
De continuar al nivel actual su tasa de crecimiento de emisiones de GEI, Turquía será en 2030 uno de los cinco países más contaminantes, y por tanto responsable directo de que no se alcance el objetivo del Acuerdo de París para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados centígrados, y de continuar los esfuerzos para limitarlo a 1,5.
Antonio Cuesta. Corresponsal de Prensa Latina en Turquía.
Fuente: Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.