El pasado 19 de diciembre la Audiencia Nacional dictaba una pena global de más de 500 años de cárcel para 47 personas encausadas en el denominado sumario 18/98, un macroproceso judicial instruido a partir de cinco operaciones policiales ordenadas por el juez Baltasar Garzón en el País Vasco entre los años 1998 y 2000. Dicho […]
El pasado 19 de diciembre la Audiencia Nacional dictaba una pena global de más de 500 años de cárcel para 47 personas encausadas en el denominado sumario 18/98, un macroproceso judicial instruido a partir de cinco operaciones policiales ordenadas por el juez Baltasar Garzón en el País Vasco entre los años 1998 y 2000. Dicho sumario ha formado parte de la cruzada judicial iniciada a finales de los años 90 contra lo que el juez denominó »el entramado de ETA», en referencia a lo que considera diversos »instrumentos operativos» de esa organización relacionados tanto con su entramado financiero como con la »difusión de los planteamientos de su estrategia».
Los principales medios de comunicación se hacían eco de la sentencia judicial (El País, El Mundo, Público), así como de las reacciones favorables a la misma tanto del gobierno como del PP. Sin embargo, los medios no nos han hablado de las numerosas irregularidades que el proceso ha presentado en sus 16 meses de desarrollo, que han motivado, entre otras cosas, que una comisión internacional de juristas formada por profesionales del National Lawyers Guild y de la organización Abogados Europeos Demócratas (AED), haya hablado abiertamente de conculcación de derechos y libertades para catalogar el conjunto de procedimientos instruidos contra una gran variedad de organismos populares, movimientos sociales, organizaciones políticas, empresas y medios de comunicación del País Vasco.
De igual modo, la gravedad del asunto ha llevado al Colegio de Abogados de Barcelona a hacer público un comunicado horas después de conocerse el veredicto del tribunal que ha juzgado el sumario 18/98, manifestando que «la sentencia significa la normalización de una cultura jurídica de emergencia o excepcionalidad, en la cual se establecen responsabilidades penales difusas y colectivas, absolutamente incompatibles con un sistema democrático» y que «evidencia una vez más la inexistencia de una clara división de poderes: la acción judicial está sobrecargada de valores políticos más que de los valores jurisdiccionales que deben regirla», para añadir que se trata de «uno de los ejemplos más graves de los efectos extensivos de la aplicación del concepto de terrorismo sobre la disidencia política».
A lo largo del proceso, multitud de colectivos, partidos, asociaciones, sindicatos y agentes sociales muy diversos, incluido el propio Gobierno Vasco, han protestado ante lo que han considerado un atropello a las libertades, así como 15.000 personas se han autoinculpado en apoyo a los procesados.
Particularmente graves han sido los testimonios de torturas relatados por algunos de los acusados en las vistas orales del juicio. Algo que concuerda con el informe que el pasado mes de noviembre hizo público la organización Amnistía Internacional sobre nuestro país, titulado «España. Sal en la herida» y en el que la ONG manifiesta que «en España la tortura y los malos tratos de personas detenidas a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley es una práctica extendida y persistente. Junto con otras ONG nacionales e internacionales y diversos órganos de derechos humanos de la ONU y el Consejo de Europa, Amnistía Internacional lleva años expresando honda preocupación por esta situación, así como por la impunidad de que disfrutan muchos agentes de policía en relación con estos delitos». En este contexto, especialmente espeluznante ha resultado el testimonio hecho público hace unos días por Gorka Lupiañez, un presunto miembro de ETA detenido por la Guardia Civil el pasado 6 de diciembre, día de la Constitución, en el que relata las brutales torturas que sufrió a manos de agentes de dicho cuerpo de seguridad, con la complicidad de médicos forenses y magistrados.
A tenor de los datos referidos, cuando menos cabe preguntarse: ¿Vivimos realmente en un Estado de Derecho? ¿Es democrático un país en el que 47 personas son encarceladas sin pruebas reales y tras un juicio fraudulento? ¿Qué debemos pensar del juez instructor del sumario 18/98, el señor Baltasar Garzón? Si simples ciudadanos como nosotros tenemos acceso a los testimonios y los informes sobre las espeluznantes torturas que la Policía y la Guardia Civil practican con absoluta impunidad en nuestro país, ¿es creíble que el gobierno, la clase política en su conjunto, los medios de comunicación y el Poder Judicial no sepan nada al respecto?