Trabajos de restauración de la capilla del pueblo brasileño Bento Rodrigues, el 26 de octubre de 2016, un año después de la catástrofe minera que dejó 19 muertos y una zona devastada en la peor tragedia ambiental de Brasil (afp_tickers). En un valle arrasado por el alud de barro que hace un año emergió de […]
Trabajos de restauración de la capilla del pueblo brasileño Bento Rodrigues, el 26 de octubre de 2016, un año después de la catástrofe minera que dejó 19 muertos y una zona devastada en la peor tragedia ambiental de Brasil (afp_tickers).
En un valle arrasado por el alud de barro que hace un año emergió de la rotura de un dique minero y mató a 19 personas en el sudeste de Brasil, una imagen incongruente: letreros que muestran a un trabajador sonriente bajo el eslogan «Comunique positivamente».
Los carteles sobresalen de la polvareda levantada por los camiones y excavadoras que operan en la zona del estado de Minas Gerais, donde se produjo lo que se considera como el peor desastre ambiental del país.
Doce meses después de la tragedia en la explotación de mineral de hierro de Samarco -propiedad de las gigantes mundiales de la minería Vale y BHP-Billiton- hay poco de positivo para comunicar.
El embalse cedió el 5 de noviembre de 2015, derramando 32 millones de metros cúbicos de desechos mineros, una masa de barro suficiente para rellenar ocho estadios de Wembley y, según la ONU, cargados con peligrosas sustancias contaminantes.
El tsunami de lodo se arrastró 640 kilómetros a lo largo del Rio Doce, matando a trabajadores mineros y habitantes del cercano pueblo de Bento Rodrigues. Otras miles de personas perdieron sus casas y sus trabajos.
Samarco, cercana a la ciudad histórica de Mariana, insiste en que está haciendo todo lo posible para superar lo que considera un trágico accidente.
Pero las víctimas y los fiscales brasileños -que han interpuesto cargos contra 21 ejecutivos por homicidio calificado, así como demandas por miles de millones de dólares- cuentan otras historias.
– ¿Dónde están las casas? –
El mayor compromiso de Samarco es construir dos nuevos pueblos para los habitantes de Bento Rodrigues y Paracatu, otra comunidad rural enterrada por el alud de barro que, sin embargo, no provocó muertos allí.
A la fecha, ni un ladrillo se ha instalado. La única señal de progreso es una placa metálica donde se lee «Nuevo Bento», en un monte de altos matorrales donde por ahora sólo se ven mariposas tropicales, pájaros y nidos de termitas.
«Todo un año y nada ha pasado. No han hecho nada más que comprar la tierra», reclamaba uno de los desplazados, Antonio Geraldo Santos, de 33 años, al salir la semana pasada de una reunión con antiguos vecinos en Mariana.
La anglo-australiana BHP, la mayor minera del mundo, y la brasileña Vale, mayor productor de mineral de hierro, aseguran que junto a Samarco están comprometidos en reparar las comunidades dañadas, la infraestructura minera y el medio ambiente.
Alvaro Pereira, de la Fundación Renova, creada por Samarco para coordinar ayudas e indemnizaciones, dice que 8.000 familias ribereñas del Rio Doce están recibiendo fondos de emergencia.
Muchas dependían de la pesca o el turismo en la región donde el Rio Doce desemboca en el Atlántico. Pero la peor parte se la llevaron quienes vivían cerca del dique y tuvieron escasos minutos para salvar sus vidas.
Lo perdieron todo, desde sus carros hasta sus recuerdos.
Sólo en Bento Rodrigues hubo 236 familias forzadas a salir del lugar, según Renova. Otras 108 fueron desplazadas de Paracatu.
Pereira asegura que existe un «enorme sentido de la responsabilidad» y atribuye la demora en la reconstrucción a la lentitud de las consultas con los pobladores y las autoridades.
«Muchos preguntan por qué aún no se ha comenzado», explica Pereira durante un recorrido con la prensa, en el que responsables de Samarco monitoreaban cada intercambio entre empleados y periodistas. «Pero hay mucho trabajo que no se ve», añade.
La construcción estará completa hacia comienzos de 2019, asegura.
– Justicia y empleos –
En contraste, las obras son frenéticas para reconstruir una represa que contendrá un depósito aún mayor de desechos mineros, para reemplazar uno que resultó gravemente dañado por el desastre.
«Estamos trabajando 24 horas por día, siete días a la semana», dijo a periodistas Eduardo Moreira, jefe del proyecto.
Grandes camiones, retroexcavadoras y pelotones de hombres en ropa de trabajo y cascos remueven tierra y rocas para construir el embalse en el centro de una amplia zona baldía, que Samarco despejó en medio de los verdes cerros circundantes.
Represas más pequeñas fueron construidas más abajo, para asegurarse de que algunos de los desechos del año pasado no sigan avanzando.
Al ser consultado sobre el riesgo de que otro dique ceda, Moreira responde: «Es virtualmente imposible».
Samarco y sus dueños enfrentan a su vez un aluvión de procesos judiciales, como las millonarias demandas de los fiscales por 155.000 millones de reales (49.000 millones de dólares) o la posibilidad de que los 21 ejecutivos denunciados enfrenten largas condenas por homicidio.
El promotor de justicia de Minas Gerais, Guilherme de Sa Meneghin, acusa a Samarco de «recurrir a ardides para retrasar» cada paso en las indemnizaciones.
«Sólo cumplen cuando la justicia los fuerza», declaró a AFP.
Pese a la indignación, las víctimas esperan que Samarco retome sus actividades, bloqueadas desde el desastre.
La firma empleaba a 3.000 personas, un tercio de las cuales ahora está sin trabajo. Además había unos 3.000 contratistas y «muchos» han sido despedidos, señaló un vocero.
«Es realmente una situación muy compleja, dado que la minería es la principal actividad de Minas Gerais. La relación con la minería es muy fuerte, por eso quieren que Samarco reabra», comenta Meneghin.
«Pero tampoco quieren que se diluya su responsabilidad», añade.