El 24 de febrero de 1996 se produjo un lamentable incidente frente al Malecón habanero. Dos avionetas pertenecientes a un grupo terrorista de Miami fueron derribadas por la defensa antiaérea cuando violaron el territorio nacional de Cuba. Decenas de violaciones semejantes habían ocurrido en el último año y el Gobierno había advertido públicamente que no […]
El 24 de febrero de 1996 se produjo un lamentable incidente frente al Malecón habanero. Dos avionetas pertenecientes a un grupo terrorista de Miami fueron derribadas por la defensa antiaérea cuando violaron el territorio nacional de Cuba. Decenas de violaciones semejantes habían ocurrido en el último año y el Gobierno había advertido públicamente que no toleraría su repetición.
El hecho agravó seriamente las tensiones entre Estados Unidos y Cuba y fue objeto de intensos debates en la Organización de Aviación Civil Internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU.
El 7 de mayo de 1999 – luego que habían pasado tres años y más de dos meses – el gobierno de Estados Unidos, de modo irresponsable y caprichoso, utilizó el incidente y lo convirtió en el Cargo 3 (Conspiración para cometer asesinato) formulado sólo contra Gerardo Hernández Nordelo.
El Cargo 3 concentró casi completamente el proceso de los Cinco. A esta acusación dedicó el Tribunal la mayoría de sus sesiones, expertos y testigos. En la sala de la Corte estuvieron presentes todos los días los familiares de los que perdieron la vida el 24 de febrero de 1996 quienes hacían demostraciones públicas y daban conferencias de prensa allí mismo frente a los miembros del jurado.
El tema fue el eje central de la campaña mediática. Sobre él se produjeron miles de artículos y comentarios en la prensa escrita y en las emisoras de radio y televisión.
Curiosamente los medios le prestaron gran atención al Cargo 3 antes de que éste existiera. Puede afirmarse sin la menor duda que la acusación fue resultado de una conspiración entre el Gobierno y los grupos terroristas responsables de aquel suceso en la que los «periodistas» pagados por el Gobierno tuvieron un papel decisivo.
En septiembre de 1998 cuando el FBI apresó a los Cinco, la Fiscalía presentó los cargos de los que eran acusados. Allí no estaba el Cargo 3, no se hacía referencia alguna a incidentes aéreos o avionetas derribadas ni a nada por el estilo. La acusación contra Gerardo fue agregada más de siete meses después cuando él y sus compañeros estaban en confinamiento solitario, aislados del mundo, en su primera visita al «Hueco» que duró 17 meses.
Una revisión de la prensa de Miami entre septiembre de 1998 y mayo de 1999 permite comprobar la afirmación anterior. Se pueden encontrar numerosas declaraciones de dirigentes de grupos terroristas, ampliamente difundidas y amplificadas por los «periodistas», pidiéndole al Gobierno que agregase la nueva acusación. Entre otras cosas, puede leerse la información, profusamente desplegada, acerca de reuniones entre los fiscales y los terroristas de las que surgiría la llamada «Segunda Acta Acusatoria», que sustituiría a la anterior incorporando el Cargo 3.
La lectura de ambos documentos de la Fiscalía haría que cualquier periodista medianamente serio se sorprendiera y sintiera la obligación de averiguar. Según esos documentos el FBI había logrado descubrir quién era realmente y qué hacía en Estados Unidos Gerardo Hernández Nordelo, por lo menos, desde 1994, más de dos años antes del incidente de 1996. Habían conseguido descifrar sus comunicaciones con La Habana, sabían lo que hacía y lo que se le instruía hacer. Por eso no actuaron contra Gerardo y sus compañeros, porque les constaba que su trabajo no era en absoluto perjudicial para Estados Unidos ni para el pueblo norteamericano.
Sabían también que Gerardo nada tenía que ver con los sucesos de 1996. En aquellos días fue grande el alboroto, no sólo en Miami sino también en Washington. Bill Clinton, quien era el Presidente, ha escrito que entonces se le propuso incluso un ataque militar contra Cuba. Los más agresivos grupos del Sur de la Florida vociferaban día y noche reclamando guerra. El contubernio de esos grupos con el FBI local es archiconocido. ¿Puede alguien creer que no habrían hecho nada contra el «culpable» por el derribo de las avionetas? ¿Qué no hubieran actuado contra él si lo hubiesen tenido allí mismo, y controlado por el FBI, en Miami?
¿Y Cuba? Ninguna de las comunicaciones entre La Habana y Gerardo, que posee el FBI y fueron presentadas en el juicio, sugieren siquiera que existiese la menor preocupación por su seguridad y por protegerlo frente a los riesgos que enfrentaría si él hubiese tenido alguna participación en aquel incidente. Gerardo continuó su labor en Miami durante casi tres años más. Vino a Cuba de vacaciones y a nadie se le ocurrió que aquí se quedase para proteger su vida.
Cuando lo detuvieron en septiembre de 1998 no lo acusaron de nada relacionado con lo ocurrido en 1996 por la sencilla razón de que el FBI conocía, por lo menos desde 1994, lo que hacía Gerardo y sabía, por tanto, que él no tuvo relación alguna con aquella desgracia.
Sin embargo en 1999 se aparecieron con la increíble calumnia de acusarlo por participar en un asesinato en primer grado – con premeditación y alevosía – y lo hicieron – el FBI, o sea, el Gobierno – para satisfacer los deseos de la mafia terrorista y sus corifeos en los medios que eran, a su vez, asalariados del Gobierno.
Tan endeble era esa acusación que la propia Fiscalía reconoció después que no la podía probar y pidió retirarla, algo que hubiera sido noticia de primera plana si se tratase de otro caso y no el de los Cinco.
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