Varias asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo llevan este martes al Congreso de los Diputados sus conclusiones sobre la futura Ley de Memoria Democrática del Gobierno. Consideran que el anteproyecto de Ley aprobado por el Gobierno no garantiza la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes del franquismo y, en consecuencia, reclaman que “se produzcan modificaciones necesarias para acabar con la impunidad”, indica a cuartopoder uno de sus portavoces, Arturo Peinado.
Casi un centenar de asociaciones de memoria de todo el país han suscrito las conclusiones del V Encuentro Estatal de la Memoria que se produjo de manera telemática el pasado mes de octubre. El texto que se entrega este martes en el Congreso es el documento que se elaboró entonces. En él se admitía “el importante avance” del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática respecto a la Ley de Memoria de 2007, pero también se subrayaban varias carencias, algunas de ellas “graves” para estos colectivos.
El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática el pasado 15 de septiembre. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, sostuvo entonces que era una ley “para encontrarnos todos” con “la verdad y la justicia, la paz de la que disponemos hace mucho tiempo y la que necesitan las víctimas». La futura ley contempla la responsabilidad del Estado en la recuperación de restos humanos de las fosas comunes, la declaración de “nulos de pleno derecho” los juicios franquistas, la transformación del Valle de los Caídos en un cementerio civil y la ilegalización de las asociaciones y fundaciones que exalten el franquismo.
Las asociaciones memorialistas agrupadas en el Encuentro Estatal de la Memoria critican que esta “nueva política de la memoria”, sin embargo, deja fuera “la lucha contra la impunidad”, según explica Arturo Peinado. Esta consideración se fundamenta en tres principales razones. Primero, hay “un reconocimiento de la participación del Estado en las investigaciones del franquismo, pero no garantiza que esto se judicialice”, añade. “Es irrenunciable que las exhumaciones se realicen dentro de un procedimiento judicial que tenga en cuenta los tipos de delitos, el necesario conocimiento de la verdad y que fije los procedimientos acordes con el derecho internacional de derechos humanos”, señalan.
Otro cabo suelto para los memorialistas es la Ley de Amnistía de 1977, que consideran “uno de los pilares fundamentales de la impunidad de los crímenes del franquismo”. Esta ley, que originalmente tenía el objetivo de exculpar a las víctimas políticas de la dictadura, ha acabado siendo una vía para que se archiven los crímenes franquistas sin que se produzca una investigación de los hechos. Las organizaciones del Encuentro Estatal exigen su derogación, aunque el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática actualmente no lo contempla.
En tercer lugar, los memorialistas también entienden que el anteproyecto no plantea una batalla contra la impunidad de la dictadura por conceptos como el que se contempla en el artículo 5. En este apartado se habla de que las sentencias franquistas como “ilegítimas”, pero sostienen que esta definición “no tiene validez jurídica alguna” y exigen que tanto las sentencias como “los tribunales y toda la legislación represiva del franquismo se declaren ilegales y nulos”.
El problema temporal y las víctimas
Las asociaciones que suscriben este documento también critican que el anteproyecto de Ley debería abarcar a las víctimas “al menos hasta 1983” ya que hasta esa fecha se produjeron “casi doscientos asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad y del orden”. En cuanto al robo de bebés se refiere, consideran que la fecha debería extenderse hasta 1999, fecha en la que se declara inconstitucional el parto anónimo.
Además, estas organizaciones acusan otras deficiencias respecto a las víctimas. Por ejemplo, “no está claro que se considere víctimas a las que sufrieron torturas o detenciones ilegales” ni a “las asesinadas por las fuerzas del orden público”. También exigen que se incluya a las personas represaliadas por actuaciones de Resistencia fuera de España y al resto de víctimas “del nazismo” como los judíos y los gitanos. También a los militares de la Unión Militar Democrática (UMD), cuya ausencia del anteproyecto consideran una “grave omisión”, y que fueron perseguidos, condenados a prisión o expulsados de las Fuerzas Armadas.
Los colectivos memorialistas y de víctimas también acusan deficiencias en la perspectiva de género y los derechos de los menores. Echan de menos que la ley mencione “el castigo de su sexualidad” o “la violencia reproductiva” como “la desaparición forzada de menores y recién nacidos” o persecución por “la interrupción voluntaria del embarazo”, los trabajos forzados en las cárceles de mujeres y niños o “la represión que sufrieron las niñas y niños hijos de represaliadas y represaliados políticos recluidos en instituciones del Estado o de la Iglesia”, entre otros.
Además, entre otras críticas, el texto que presentan estas organizaciones en el Congreso también rechaza el 31 de octubre como “día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo” establecido por el Gobierno, por carecer de “significación simbólica”. Como alternativa, proponen el 11 de noviembre, Día europeo de las Víctimas del fascismo; el 27 de septiembre, aniversario de los últimos fusilamientos de la dictadura; 12 de diciembre, aniversario de las Resoluciones de la ONU de condena al franquismo, 26 de abril, aniversario del bombardeo de Guernica o incluso 8 de febrero, aniversario de la masacre de la carretera Málaga-Almería.