Me referí al caso en marzo de este año, cuando el juez Eloy Velasco develó una conjura internacional extraída, no podía ser menos, del ordenador de Raúl Reyes, para atentar contra el entonces presidente colombiano Uribe, el ex presidente Pastrana y algunos ex presidentes más. La novelesca trama implicaba a las FARC y ETA, y […]
Me referí al caso en marzo de este año, cuando el juez Eloy Velasco develó una conjura internacional extraída, no podía ser menos, del ordenador de Raúl Reyes, para atentar contra el entonces presidente colombiano Uribe, el ex presidente Pastrana y algunos ex presidentes más. La novelesca trama implicaba a las FARC y ETA, y se estaba a la espera de que nuevos datos aportados por el mismo ordenador, implicaran también a Al Qaeda y Fu-Man-Chú. La patraña, cumplida su misión de enturbiar los sentidos, pasó a mejor vida.
Siete meses después, sin embargo, ha vuelto ese inagotable ordenador y la pericia policial española a demostrar, tras uno de esos hábiles interrogatorios que le acaba de suponer una condena y multa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por amparar la tortura, que los comandos de la ETA se entrenan en Venezuela y que Cubillas, un alto funcionario venezolano de origen vasco, organiza los cursos de adiestramiento y hasta los postgrados.
Por ello es quizás el momento, ahora que la justicia venezolana parece dispuesta, a petición de Cubillas, a investigar a fondo el caso, que se investigue también el doble asesinato de Joaquín Alonso Echeverría, de 31 años, y de su esposa Esperanza Arana López, de 39, ambos de Eibar y residentes en Venezuela desde 1976. Joaquín Alonso presidía un comité de ayuda a presos vascos. La pareja fue ametrallada en el apartamento en el que vivían, en noviembre de 1980, siendo Herrera Campins presidente de Venezuela y Adolfo Suárez presidente español.
Todos los indicios apuntaban al terrorismo de Estado que para ese tiempo decía llamarse «Batallón Vasco-español» y que muy pronto mudaría su apellido por los «Grupos Armados de Liberación» (GAL).
Treinta años después, nadie ha sido detenido ni llevado a la justicia por el asesinato de Echeverría y Arana. Y quizás este sea un buen momento para que la fiscalía venezolana o la propia Audiencia Nacional española revisen el caso que, al fin y al cabo, no estamos hablando de ninguna pésima película de ciencia-ficción, sino de un crimen de Estado, tan real como impune.