Policías de paisano o con uniforme paran y exigen la identificación a personas no blancas que transitan por las calles de Valencia; además en ocasiones las cachean sin que se hubiera producido, previamente, ningún incidente, denunció en las redes sociales València Acull a principios de abril; “para la policía su aspecto les convierte en presuntos culpables mientras no se demuestre lo contrario”, añade la ONG, que destaca cómo en algunos casos estos ciudadanos han terminado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores.
Meses después, las organizaciones sociales continúan denunciando esta práctica discriminatoria y estigmatizadora; València pels Drets de les Persones Immigrades, espacio del que forman parte 40 ONG, denunció el 10 de junio que las identificaciones por parte de las fuerzas policiales en razón del aspecto extranjero de las personas, así como las sanciones a quienes no disponen de permiso de residencia, han aumentado durante el proceso de regularización.
El 16 de abril se inició el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en el estado español, que concluirá el 30 de junio (a mediados de junio más de 900.000 personas habían presentado la solicitud, según informó el diario El País).
Ante tal situación, los colectivos han solicitado una reunión con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y candidata del PSOE a la alcaldía de Valencia, Pilar Bernabé, para que se apliquen medidas contra estas “prácticas policiales racistas”.
València pels Drets de les Persones Immigrades recuerda el caso del joven migrante marroquí Mounir Meziat, quien fue puesto en libertad el 19 de mayo después de estar encerrado en el CIE de Valencia; la presión popular hizo posible que se paralizara la deportación del muchacho, prevista para el día 21.
La Campaña CIE No informó que Mounir contaba con arraigo y cumplía con las condiciones para acogerse a la regularización extraordinaria; el joven fue detenido por la Guardia Civil el 7 de mayo “sólo por su aspecto” en el municipio de Altea, donde residía, cuando se dirigía a realizar los trámites en el Ayuntamiento.
Otro ejemplo señalado por las organizaciones sociales es el de Oussama Moumen, marroquí de 23 años, quien asimismo fue liberado el 15 de abril -cuando tenía ya fecha para el vuelo de expulsión a Marruecos- gracias a la movilización social.
El joven llegó en patera a Almería y desde 2024 residía en el municipio de Vinaròs (Castellón); también fue objeto de una detención por perfil étnico-racial, antes de ser internado en el CIE de Zapadores a finales de marzo; al igual que en el caso de Mounir, las ONG aportaron informes de instituciones y entidades sociales que acreditaban el arraigo de Oussama.
En un escrito remitido a la delegada del Gobierno, las organizaciones detallan circunstancias que se añaden a las paradas, controles, identificaciones y cacheos: “Si la víctima de esta actuación no dispone de permiso de residencia, se le cita para incoarles una sanción o directamente se le detiene para conducirla a comisaría o al CIE. Recientemente se han conocido varios casos y hemos tenido conocimiento de otros muchos cuyas víctimas han preferido no denunciar”.
Además, el Defensor del Pueblo ha recibido quejas por parte de personas migrantes a las que la policía ha detenido, o a quienes se les ha informado de su deportación, pese a haber pedido la regularización; se trata, en muchos casos, de personas que llevan tiempo viviendo en el estado español y que han acreditado el arraigo.
Ante las reclamaciones planteadas, la Defensoría informó el 1 de junio que ha formulado una recomendación a la Dirección General de la Policía (DGP) para que se evite la expulsión de personas extranjeras que estén en proceso de regularizarse en el estado español.
Asimismo el Defensor ha recomendado a la Policía Nacional que se compruebe la documentación aportada, antes de iniciar una posible orden de expulsión, en los casos en que la persona migrante manifieste haber solicitado la autorización de residencia por arraigo extraordinario y se aporte el justificante de la solicitud.
En este contexto, las entidades sociales recuerdan que el artículo 16 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana establece que en la práctica de la identificación los agentes policiales han de respetar estrictamente los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico.
“Diversas investigaciones han demostrado que las personas migrantes y no blancas sufren este tipo de identificaciones de forma desproporcionada e injustificada en comparación con el resto de la población. Esta mala praxis policial provoca un sentimiento de injusticia y humillación a las personas afectadas, y genera estereotipos negativos”, afirma la plataforma, que menciona el caso de las personas migrantes y no blancas afectadas, también de las afrodescendientes, gitanas o miembros de comunidades árabes y musulmanas del estado español.
Para terminar con estos procedimientos policiales, los 40 colectivos han pedido que se establezcan formularios de identificación en los que se especifiquen los datos de la nacionalidad o condición étnico-racial de las personas, así como el motivo de la actuación y su resultado.
Las organizaciones demandan también la recopilación y análisis de los datos de los formularios, para comprobar si se dan patrones discriminatorios y adoptar, en consecuencia, medidas para combatirlos; a ello debería añadirse la formación de los agentes en materia de intervención policial no discriminatoria, y el diálogo con las ONG para informar sobre los datos de los formularios de parada.
Los colectivos recuerdan que estos formularios de identificación y parada son recomendados por diferentes organismos internacionales de derechos humanos y asimismo por el defensor del pueblo.
Un intento de avanzar en la propuesta se produjo el 21 de abril, cuando Compromís presentó en el Ayuntamiento de Valencia una moción, impulsada por las entidades sociales, para la aplicación de los citados formularios de identificación y registro en las actuaciones policiales dentro del ámbito municipal.
En términos cuantitativos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado identificaron a 14.302 personas en 2025, según la respuesta del Gobierno al grupo parlamentario Sumar de la que dio cuenta la agencia Servimedia; la información, que no distingue las razones del requerimiento ni la nacionalidad, destaca al País Valenciano como territorio con mayor número de estas identificaciones calificadas oficialmente como preventivas (3.459), seguido de Andalucía (2.949).
La Encuesta sobre identificaciones policiales basadas en uso del perfilamiento étnico y racial, publicada en 2003 por Rights International Spain (RIS) y realizada entre personas de 40 organizaciones del estado español que luchan contra el racismo, concluye que el 97% tiene constancia de estas prácticas; el perfil de persona más parada e identificada, según los colectivos, se corresponde con el de hombres entre 16 y 40 años percibidos como “magrebís, negros, latinos y gitanos”, aunque estos procedimientos policiales afectan también a menores.
La investigación Vigilància 02. Una anàlisi de dades sobre les identificacions per perfil ètnic-racial (pareu de parar-me), de SOS Racisme Catalunya, destaca -a partir de datos policiales- que de cada 100 personas españolas se identificaron a 5,5 en Cataluña durante 2021, mientras que en el caso de la población migrante la cifra se elevaba a 19,2 de cada 100; así, por cada español identificado, el requerimiento policial se extendía a 4,48 personas extranjeras.
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