Un estudio elaborado por el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya afirma que la tortura en el Estado español está «lejos de ser una práctica erradicada» y señala que el mayor problema es la «reticencia» de Madrid a seguir las recomendaciones y modificar su llamada «legislación antiterrorista». En un informe titulado ‘La jurisprudencia del Tribunal […]
Un estudio elaborado por el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya afirma que la tortura en el Estado español está «lejos de ser una práctica erradicada» y señala que el mayor problema es la «reticencia» de Madrid a seguir las recomendaciones y modificar su llamada «legislación antiterrorista».
En un informe titulado ‘La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a España por torturas’, el IDHC ha buscado arrojar luz sobre cuál es la situación de la tortura en el Estado español y cuáles son las debilidades y problemas estructurales del sistema español de protección de derechos.
La primera conclusión del trabajo, basado en el análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo relativa al Estado español, determina que la situación de la tortura «no es una práctica generalizada», pero acto seguido constata que está «lejos de ser una práctica erradicada, tal y como indican los informes del Comité de Prevención de la Tortura (CPT)». Cabe recordar que en el dossier referente al Estado español, publicado el pasado mes de abril, el CPT instaba a la adopción de medidas para erradicar los malos tratos.
El IDHC señala que el «mayor problema» respecto a las violaciones por parte del Estado del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura, se debe a sus «reticencias» a la hora de seguir las recomendaciones y modificar la llamada «legislación antiterrorista».
En particular, se refiere al régimen de incomunicación, el cual «por su opacidad», crea las condiciones «adecuadas para que se dé la violación del artículo 3». Ello, añade, «junto a la falta de tutela efectiva por parte de los tribunales», lleva a la «permisibilidad oficial de prácticas repulsivas».
El informe indica que «resulta paradójico» que mientras los informes de los organismos internacionales, ya desde los 90, alertaban de lo «inconcebible» de un régimen de incomunicación de hasta cinco días, las reformas adoptadas por el Estado han ido en una «dirección totalmente opuesta».
Añade que, en lugar de encarar las denuncias de torturas de una forma «constructiva» y encaminada a su erradicación, la primera reacción del Estado sea determinar que obedecen «a una práctica habitual de los detenidos por delitos de terrorismo».
Tras alertar de que también se dan quejas similares en las cárceles o en el tratamiento a extranjeros, señala que las citadas situaciones podrían solventarse con medidas como la instalación de cámaras en dependencias policiales, que la información obtenida bajo malos tratos no pueda ser usada o garantizan el acceso de los detenidos a un abogado de su confianza.
Recomienda asimismo que los tribunales deberían investigar las denuncias de forma «efectiva y profunda» para evitar «dar cobertura a quienes torturen y mucho menos impedir que sus actos sean juzgados».
Finalmente, el informe apunta que, pese a que no se ha dictado un gran número de sentencias contra el Estado por parte del TEDH, resulta «alarmante que durante 2012 dos de los asuntos fueran por violaciones del artículo 3». Precisamente, en octubre de ese año, Estrasburgo condenó al Estado español por no haber investigado suficientemente las denuncias de torturas de Martxelo Otamendi, exdirector de ‘Egunkaria’ y actual director de ‘Berria’.
«Más preocupante aún es la tendencia desde 2009 de que haya una sentencia anual que condene a España por falta de investigación de la tortura», concluye el IDHC.