Doce alaveses, entre los que se encuentra Unai Romano, se sentarán esta semana en el banquillo de los acusados por una acusación que ha ido mutando hasta llegar a «pertenencia a ETA». Mientras, la imagen de su rostro deformado ha tenido que acudir hasta Estrasburgo para reclamar justicia después de que todas las instancias judiciales […]
Doce alaveses, entre los que se encuentra Unai Romano, se sentarán esta semana en el banquillo de los acusados por una acusación que ha ido mutando hasta llegar a «pertenencia a ETA». Mientras, la imagen de su rostro deformado ha tenido que acudir hasta Estrasburgo para reclamar justicia después de que todas las instancias judiciales españolas la obviaran.
El jueves arranca en la Audiencia Nacional de Madrid el juicio que sentará en el banquillo de los imputados a doce alaveses. Las acusaciones que los magistrados españoles dirigen contra estos ciudadanos vascos se remontan a agosto de 2001, fecha en la que la Guardia Civil inició un operativo policial que acarreó la detención e incomunicación de cerca de veinte personas y la comparecencia voluntaria ante el juez de al menos otras nueve. La sombra de la tortura sobrevoló todo el operativo. Y la imagen por la que la sociedad vasca recuerda este episodio policial no merece explicaciones añadidas: era el rostro totalmente deformado de Unai Romano.
Romano fue uno de los apresados en el curso de esta redada. La foto recoge su aspecto en el momento de ingresar en prisión; hasta entonces estuvo sólo en manos de la Guardia Civil. Pero su caso no fue el único, ya que la mayoría de los detenidos en el operativo denominado 15/02 denunciaron haber sufrido torturas y malos tratos en el transcurso de la incomunicación -en la parte inferior de las páginas se recogen fragmentos de estos testimonios-.
La operación -que arrancó en el verano de 2001 y se alargó todo un año con decenas de arrestos, registros e irrupciones policiales hasta en el gaztetxe de la capital alavesa- extendió el pánico en el herrialde. Las detenciones partían de las declaraciones e imputaciones que otros arrestados eran obligados a hacer mientras duraba la incomuni- cación, lo que acarreaba que todo conocido del arrestado pudiera llegar a estar en el punto de mira. Cabe destacar que personas que denunciaron torturas durante la incomunicación fueron puestas en libertad poco después del arresto y sin ni siquiera comparecer ante un magistrado.
Los ingresos en prisión dictados por el tribunal especial también seguían la teoría de la autoinculpación. Muestra de ello es que gasteiztarras como Susana Atxaerandio, Juan Antonio Cortes, Jokin Zerain o Zigor Bravo fueran arrestados y enviados a prisión días después de que se hubieran presentado de manera voluntaria en el juzgado especial y quedaran en libertad.
De Madrid a Estrasburgo
Los arrestados detallaron constantes golpes con la mano abierta, con palos o listines telefónicos, asfixia mediante la aplicación de la «bolsa», aplicación de electrodos, extenuación física o congelamientos. Refirieron también métodos de tortura psicológicos como que se les impidió ver, que sufrieron amenazas e insultos, que padecieron maltratos sexuales verbales o mediante tocamientos, que fueron obligados a permanecer desnudos o que se les hicieron ofertas de colaboración con las FSE. Los testimonios eran plenamente coherentes aunque estas personas lógicamente pasaron su periodo de cautiverio sin comunicación con el resto.
La gran mayoría de las denuncias fueron sin embargo archivadas en menos de dos años, y únicamente en cinco casos se practicaron diligencias. Sólo las de Subijana y Romano tuvieron cierto recorrido, pero a pesar de la evidencia de la fotografía de la cabeza de Romano machacada por los golpes o de las marcas de Subijana, toparon con un muro. En el caso de Romano, ha visto además cómo él mismo pasaba a ser denunciado por no callarse.
Después de agotar todas las instancias judiciales españolas, Romano llevó su caso el pasado mes de octubre hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde está a la espera de resolución.
Ahora, por contra, ocho años después de que se iniciara todo, doce alaveses se sentarán en el banquillo de los acusados bajo la imputación de «pertenencia a banda armada», por lo que la Fiscalía solicita seis años de prisión para cada uno de ellos.
La petición resulta especialmente significativa, ya que estos vascos fueron acusados inicialmente de un supuesto delito de «colaboración con banda armada» o algunos incluso por acciones de kale borroka. Fue cinco años después, en 2006, cuando el fiscal decidió que la imputación fuera elevada a la categoría de «pertenencia». Una calificación que, por consiguiente, incrementa también el periodo posible de prisión, mientras quienes los detuvieron continúan impunes.
La denuncia del juicio desde Araba hasta Madrid
La asamblea de torturados y familiares ha realizado un extenso trabajo de denuncia en torno a este operativo y sus consecuencias. En diciembre del 2006, cuando estaba previsto uno de los inicios de este juicio -la de ahora es ya la cuarta convocatoria-, la asamblea consiguió que el debate llegara al Parlamento de Gasteiz, y logró que fuera aprobada la moción que exigía la supresión de la detención incomunicada, la desaparición de la Audiencia Nacional y el reconocimiento por parte del Estado de la existencia de torturas. PNV, EA, Aralar y EHAK unieron sus votos.
Durante estos años han mantenido viva la denuncia y muestra de ello son el medio centenar de adhesiones que han cosechado entre agentes sociales, sindicales y políticos de todo tipo o la manifestación de ayer. Esta semana ha habido una mesa redonda sobre la tortura. Y el jueves, una delegación de los agentes adheridos acudirá a Madrid.