La producción de energía eléctrica en el sistema español fue -durante 2022- de 276.315 gigavatios-hora (GWh), un 6,3% más que el año anterior; la demanda nacional se situó en 250.421 GWh, lo que implica una reducción del 2,4% respecto a 2021. Por otra parte, la capacidad instalada del parque español aumentó el 4,9% (a finales de 2022 se situó en 119.091 megavatios -MW-). En cuanto a la potencia instalada renovable, representaba en 2022 el 59,2% de la potencia instalada en el sistema eléctrico español.
Cuestión diferente es el balance por tipo de energía: “La generación renovable en el sistema nacional se ha reducido un 4% (en comparación con 2021) y su participación en el mix nacional ha sido del 42,2% frente al 46,7% que alcanzaron en 2021”, según el informe-2022 de Red Eléctrica; se dio la circunstancia que la generación de energía solar aumentó el 24,5%, mientras que la de hidráulica disminuyó el 39,7%.
El Portavoz de Ecologistas en Acción-País Valenciano, Carlos Arribas, se refirió al informe de Red Eléctrica en el acto Sobre renovables. Per una Transició energètica justa, organizado el 22 de junio por Ca Revolta de València.
Además el portavoz y militante ecologista calificó de “insuficiente” el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero establecido en el Artículo 16 de la Ley valenciana del Cambio Climático y la Transición Ecológica, aprobada en diciembre de 2022; el objetivo se sitúa en -al menos- el 40% para el año 2030 (tomando como base de cálculo 1990).
La generación de energía renovable en el País Valenciano representó -en 2022- el 16% (3.031 Gwh) del total de la producción eléctrica en esta autonomía (en Castilla y León es del 90% y en Aragón del 75%); mientras, criticó Carlos Arribas, la central nuclear de Cofrentes (propiedad de Iberdrola) obtuvo del Ministerio de Transición Ecológica, en marzo de 2021, la renovación de la autorización de explotación por una década, hasta 2030.
En el acto de Ca Revolta participó, asimismo, el miembro de la organización conservacionista WWF, Sergio Bonati, quien alertó sobre los efectos de la crisis climática en la biodiversidad; el Informe de síntesis del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado el 20 de marzo, advierte que la quema de combustibles fósiles, así como la utilización “desigual e insostenible” de las tierras durante más de un siglo, han dado lugar a un calentamiento global de 1,1ºC sobre los niveles preindustriales.
El grupo de expertos establece la siguiente conclusión: “Se han producido fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes e intensos que han generado impactos cada vez más peligrosos en la naturaleza y las personas en todo el planeta” (el Programa de Observación de la Tierra de la UE Copernicus destaca que, en 2022, el Ártico “experimentó su sexto año más cálido desde que hay registros”, y Europa batió un récord de horas de sol).
De la situación de emergencia mundial da cuenta el informedeWWF Planeta Vivo (Hacia una sociedad con la naturaleza en positivo), de 2022; remarca que un millón de especies animales y vegetales se hallan en riesgo de extinción y que -entre otros muchos ejemplos de impacto-, un calentamiento de 2ºC tendría como consecuencia la pérdida del 80-90% de los corales de aguas cálidas.
El Índice Planeta Vivo global constata ya la tendencia que está produciéndose en las últimas décadas: un descenso medio del 69% en las poblaciones analizadas de animales salvajes, en el periodo 1970-2018.
“A menos que reduzcamos significativamente nuestro uso de combustibles fósiles (…), sólo el cambio climático amenaza con la extinción de alrededor de una cuarta parte o más de todas las especies en la tierra para el año 2050”, ha señalado Naciones Unidas (diciembre de 2022, COP15, Conferencia de Montreal sobre la Biodiversidad).
En otra de las intervenciones durante la jornada, la integrante de Greenpeace Sara Pizzinato ha informado sobre las investigaciones recientes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -organismo público español- a dos de las grandes compañías energéticas, Endesa y Naturgy, por la (presunta) interposición de obstáculos al autoconsumo.
Constituida en 2017, la Alianza por el Autoconsumo está formada por más de 70 entidades -entre otras Greenpeace, Ecologistas en Acción y WWF-, que fomentan el autoconsumo de energías limpias; el pasado 21 de junio hicieron público el informe Autoconsumo en España. Diagnósticos, retos y propuestas, que también señala las trabas impuestas por las grandes distribuidoras eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy).
“No sólo acumulan poder y recogen beneficios milmillonarios como generadoras y comercializadoras, sino que, además, en su papel de distribuidoras están poniendo palos al despegue del autoconsumo en España (…)”, valora el reporte.
A estas denuncias se suman las movilizaciones ecologistas y la acción directa; el 23 de mayo un centenar de activistas de 17 países y diferentes organizaciones -como Greenpeace o Extinction Rebellion- bloquearon la feria europea de jets privados que comenzaba en Ginebra; estos reactores “son el medio de transporte más contaminante y que consume más energía por pasajero y kilómetro”, denunciaron.
Otro tanto sucede a escala local; medio centenar de colectivos ecologistas y en defensa del territorio forman parte de la Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables; una de sus integrantes, Rosa Mas, participó el 22 de junio en la mesa redonda de Ca Revolta.
El surgimiento de la Coordinadora tiene relación con informaciones como la publicada el 19 de junio por el periódico Levante-EMV: “Iberdrola obtiene el permiso para tres megaplantas solares en la Comunitat Valenciana (con una inversión de) 280 millones de euros; (la suma de) los tres parques supera la potencia fotovoltaica en servicio en las tres provincias valencianas”; se trata de un proyecto en el municipio de Ayora, otro en Cofrentes y la planta solar de Alhorines, en el municipio de Villena.
Vecinos y grupos ecologistas denunciaron ya este “reparto desigual” en un informe de octubre de 2022: “Sólo dos comarcas -Valle de Ayora-Cofrentes y Alto Vinalopó- tienen la misma potencia en tramitación que toda la provincia de Castellón”. Contra el modelo de macroproyectos fotovoltaicos, su impacto en los suelos de alto valor agrícola, la flora y la fauna, y alejados de las grandes zonas urbanas y de consumo, participarán -el próximo 1 de julio- en una manifestación en el municipio de Castalla (La Hoya de Alcoy, Alicante).
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