Pese al Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno y ratificado en el Congreso, este viernes llega al puerto de Cartagena un cargamento de ácido fosfórico procedente de Israel para ICL, empresa que se beneficia de la explotación de territorios ocupados en Palestina.
Información pública obtenida del puerto Cartagena y de la plataforma de seguimiento de barcos VesselFinder confirma que un nuevo buque procedente directamente desde Israel descargará ácido fosfórico en el puerto de Cartagena este viernes, 7 de noviembre. Previamente, el 5 de noviembre, hará escala en Barcelona.
Se trata de la embarcación “CHEMICAL MASTER” con bandera de Malta (IMO 9558957), la cual tiene previsto descargar 1.500 toneladas de ácido fosfórico en el muelle E0003 Príncipe Felipe del puerto de Escombreras. Este compuesto químico se emplea para productos de grado alimentario y fertilizantes. Con el buque Chemical Master, junto al Trans Tind también denunciado en septiembre, y a una razón aproximada de un barco al mes, ya son once los buques que solo este año han transportado productos químicos a Cartagena desde Ashdod (Israel) de forma directa, descargando en su puerto nitrato de potasa y cloruro potásico, además del ya mencionado ácido fosfórico. La descarga será facilitada por la estibadora FOMENTO Y DESARROLLO AGRÍCOLA, S.L. (FOMDESA), propiedad de la empresa ICL Iberia.
En el muelle donde se realizará la descarga se ubica la sede de la ya mencionada empresa de fertilizantes ICL, antes conocida como Fuentes Fertilizantes, SL, el mayor productor de fertilizantes de España. ICL está controlada por Israel Corporation, uno de los mayores conglomerados israelíes fundado en 1968 por el Gobierno del Estado de Israel. A su vez, una de las mayores participaciones de Israel Corporation es ZIM, la naviera israelí que transporta armas de EE.UU. a Israel.
Precisamente, es la filial de ICL en EE.UU la que provee de fósforo blanco a Israel, el mismo que luego es utilizado para fabricar las bombas usadas en Gaza, tal y como reporta Amnistía Internacional. ICL, que aprovecha la ocupación militar de la zona del Mar Muerto, aumenta sus beneficios derivados de la extracción de recursos como la roca de fosfatos. Estos recursos son luego exportados a puertos como el de Cartagena, haciendo de la ocupación un lucrativo negocio. Además, hace años que la empresa ICL colabora con el Ejército israelí a través del programa “Apadrina un soldado”, destinando de este modo beneficios empresariales obtenidos gracias a la explotación de un territorio ocupado para el sostén de programas que retroalimentan la acción genocida del gobierno de Israel y sus IDF.
En España, aparte de en la región de Murcia, donde la empresa también colabora con la Universidad Politécnica de Cartagena, ICL Iberia está presente en diferentes territorios tales como Cataluña, Valencia y Mallorca, donde su actividad extractivista ya ha sido catalogada por el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo como cómplice con la ocupación y el genocidio en curso, sin entrar en el grave daño medioambiental, por el cual ya ha sido condenada (caso del río Llobregat), y de deuda que ha generado en el territorio español y que hace tiempo es denunciado por la campaña Boicot ICL.
Hasta la fecha, y pese a algunos cambios en las relaciones comerciales y diplomáticas entre los Gobiernos de España e Israel, el beneficio económico en favor de las empresas israelíes vinculadas al genocidio no se ha visto mermado. Pese a la aprobación del Real Decreto-Ley de embargo a Israel, y su ratificación en el Congreso, que limita el comercio de productos procedentes de los territorios ocupados, la llegada de barcos como el Chemical Master demuestran que por el momento no existe un control real sobre el negocio que nutre la maquinaria bélica israelí, ni sobre las empresas que se benefician de la ocupación y el genocidio que está perpretrando Israel en la franja de Gaza.
El atraque de este barco no sólo demuestra que las medidas adoptadas por el Gobierno son insuficientes, sino que también vulnera el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024. Según este dictamen, el cual fue aprobado el 18 de septiembre de 2024 por la Asamblea General de la ONU con el voto favorable de España, los Estados deben de impedir “relaciones comerciales y de inversión” que contribuyan a la ocupación israelí.
Ante esta situación, exigimos al Gobierno:
- que frene de manera inmediata todo comercio con Israel, más si cabe cuando proviene de la explotación de recursos en territorios ocupados de Palestina como es el caso de la empresa israelí ICL.
- que se reformule el Real Decreto-Ley para convertirlo en un embargo integral y sin excepciones a Israel. El embargo debe incluir la compra, venta y tránsito, controles reales en puertos, aeropuertos y bases extranjeras, el fin de toda cooperación militar o de seguridad, y mecanismos de transparencia y verificación pública que garanticen que ninguna infraestructura española se utilice para abastecer al genocidio.
- que se sancionen a aquellas empresas que estén obteniendo beneficios de la explotación de recursos en territorios ocupados y/o colaborando con el genocidio en la franja de Gaza y las fuerzas de defensa israelís.
Así mismo, exigimos a las autoridades competentes que denieguen el acceso a los servicios portuarios a aquellos barcos que, como el Chemical Master, son parte de las rutas regulares del comercio de recursos y productos provenientes de los territorios ocupados. Ningún puerto español debe permitir el comercio de recursos y productos proveniente de los territorios ocupados en Palestina, ocupación declarada ilegal por el derecho internacional.
Por último anunciamos que este sábado 8 de noviembre se ha convocado una movilización con carácter estatal en los puertos que están siendo utilizados como punto de tránsito, abastecimiento y/o carga/descarga de materiales provenientes o con destino a Israel. Un mes después de la aprobación del Real Decreto-Ley no hemos dejado de identificar y denunciar el paso de barcos que abastecen de armas y combustible a Israel por los puertos del Estado y por sus aguas territoriales, a los que hay que sumar los que llegarán en las próximas semanas. Barcelona, Valencia, Cartagena, Algeciras y Ceuta serán cinco de las ciudades que denunciarán la complicidad del Estado Español con la logística del genocidio.