Con la izquierda abertzale histórica por primera vez fuera del Parlamento vasco y un probable Gobierno del PSE con apoyo del Partido Popular, una salida dialogada y pacífica del conflicto parece cada vez más lejana. Los medios de comunicación han repetido una y otra vez que tras las elecciones vascas, por primera vez, los partidos […]
Con la izquierda abertzale histórica por primera vez fuera del Parlamento vasco y un probable Gobierno del PSE con apoyo del Partido Popular, una salida dialogada y pacífica del conflicto parece cada vez más lejana.
Los medios de comunicación han repetido una y otra vez que tras las elecciones vascas, por primera vez, los partidos «nacionalistas» ocupan menos escaños que los partidos «constitucionalistas» en el parlamento vasco. Y así, con esa repetición, utilizando esos términos, se consigue transmitir la idea de que los nacionalistas vascos han dejado de ser mayoría. Sin embargo, la realidad es más compleja de lo que parece. En las elecciones celebradas el 1 de marzo, 100.924 votos (el 8,84% del total) fueron declarados nulos. La inmensa mayoría de los votos correspondieron a las papeletas de Demokrazia 3 Milioi (D3M) y Askatasuna, los últimos partidos de la izquierda abertzale ilegalizados gracias a la Ley de Partidos, que habrían obtenido siete escaños si hubieran podido presentarse a las elecciones.
«Que seis años después de la primera ilegalización haya 100.000 personas que todavía estén dispuestas a ir hasta un colegio electoral a depositar un voto que va a ser anulado legalmente es un hecho probablemente inédito en Europa», señala a DIAGONAL Iñaki Iriondo, corresponsal político del diario Gara. «Hay que tener además en cuenta que la opción que propugnaba este voto no tenía cabida en debates ni contaba con entrevistas en los medios de comunicación». La exclusión electoral ha servido a los sectores cercanos a los partidos ilegalizados para poner en duda la legitimidad misma de las instituciones.
En declaraciones a Herri Iratia Donostia, el secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, aseguró que «la mayoría social abertzale ha sido vulnerada a través de un mecanismo de apartheid asumido sin respuesta política por el Gobierno de Ibarretxe y el PNV». Según Díez Usabiaga, «si antes teníamos un marco constitucional- estatutario agotado, ahora, además, tenemos unos parlamentos -Gasteiz e Iruñea- alevosamente mutilados y, por tanto, políticamente ilegítimos por no representar a la voluntad popular».
Críticas desde la ONU
Reacia a la ilegalización de estas formaciones se mostró la ONU a través de su relator especial para la Promoción de los Derechos Humanos, Martin Scheinin. En su informe sobre el Estado español, presentado a principios de marzo, recomienda al gobierno español que «adapte las expresiones vagas que aparecen en la Ley de Partidos Políticos a los principios internacionales».
Scheinin también aconseja que se mejoren las garantías procesales en las causas contra candidatos de partidos ilegalizados, especialmente, «cuando se trate de agrupaciones que se han creado con el único fin de presentarse a las elecciones y de cuyas actuaciones anteriores, en consecuencia, no se tiene prueba alguna», como es el caso de D3M. Aunque la última ilegalización de partidos de la izquierda abertzale puede obstaculizar la búsqueda de soluciones a los conflictos, el camino tampoco queda cortado del todo. Según Iñaki Iriondo, «no cabe olvidar que en esas condiciones de ilegalidad se abrió y mantuvo el último proceso negociador entre 2005 y 2007, con conversaciones entre el PSOE y Batasuna y el Gobierno español y ETA, que se prolongaron hasta finales de mayo de 2007». Y también era ilegal Batasuna cuando Patxi López se reunió con Arnaldo Otegi.
Con 50.000 votos menos que hace cuatro años (EHAK obtuvo 150.000 en 2005) y un partido como Aralar crecido, a la izquierda abertzale «histórica», como la define Mariano Ferrer, se la mira esperando una reflexión. «La izquierda abertzale sólo ha planteado una repetición de estrategias del pasado, impulsando una recogida de firmas y presentando una lista blanca», explica a DIAGONAL Paul Ríos, coordinador de Lokarri. «Es necesario que se replanteen esta dinámica que no conduce a ninguna parte. El propio Arnaldo Otegi dice que no vale con resistir por resistir, que tienen que dar un paso más».
No en vano, desde la ruptura de la tregua en los últimos días de 2006, se han hecho públicas ciertas discrepancias dentro de la izquierda abertzale, y también en el propio seno de ETA. «Tengo claro que una mayoría de la izquierda abertzale sociológica quiere el final de la violencia», afirma Ríos. Y concluye: «el mayor problema es que ETA no ha hecho una lectura realista de la situación e impide que haya un debate constructivo sobre esta cuestión. Hay movimientos que no se traducen en un rechazo explícito a la violencia ni creo que los haya sin convencer a ETA de que es necesario parar».
Uno de los partidos que más se podría haber beneficiado electoralmente de la ilegalización de D3M y Askatasuna es Aralar, que ha pasado de los 28.000 votos y un escaño en 2005 a los 62.000 votos y cuatro escaños en 2009. «El núcleo fundador de Aralar salió de Batasuna. Hoy hay una mezcla heterogénea de voto proveniente de aquel núcleo inicial, del entorno de Elkarri y también de una cierta izquierda progre que se había refugiado en Ezker Batua», explica Iriondo. «No cabe olvidar que en Euskal Herria siempre ha habido un espacio político para un partido que se decía de izquierdas y abertzale pero que, al evitar el conflicto con el Estado, ofrecía una militancia y un voto más cómodo que el de Herri Batasuna. Ahí estuvo en su día Euskadiko Ezkerra. Aralar intentó ser Batasuna sin ETA, pero ha derivado en otra cosa».
La condena de la violencia
La declaración de Anoeta, en 2004, supuso una apuesta de la izquierda abertzale por las vías políticas y un cierto desmarque de la estrategia de ETA. La pregunta que muchos se hacen es por qué entonces cuesta tanto condenar los atentados de ETA. «Las ilegalizaciones están consiguiendo cercenar el debate sobre el fin de la violencia», explica Paul Ríos, de Lokarri. «Ante la presión del Estado, la izquierda abertzale reacciona uniendo las líneas. Las personas que apuestan por abrir el cauce de la política tienen poco margen de actuación en estas condiciones». Iñaki Iriondo, de Gara, repregunta «¿Por qué el Sinn Fein no condenó nunca la actividad del IRA? Si la izquierda abertzale condenara a ETA lo único que se lograría es una fractura interna del movimiento que en nada contribuiría al logro de la paz».
EA y EB, en caída libre
Las grandes perjudicadas de la izquierda vasca en las pasadas elecciones fueron Eusko Alkartasuna (EA) y Ezker Batua (EB), ambas compañeras de Gobierno del PNV. Tras la obtención de un sólo escaño, EA se enfrenta ahora a un debate interno tras la dimisión de su presidente, Unai Ziarreta. La ejecutiva guipuzcoana de EA criticó la estrategia electoral de Ziarreta al tiempo que Rafael Larreina, de la vizcaína, aseguraba a ETB que Ziarreta es «un capital político». EB consiguió un 40% menos de votos que en 2005 y Javier Madrazo fue sustituido por Mikel Arana como coordinador general (el primero no afiliado al PCE). Oskar Matute, del sector crítico Alternatiba Eraikitzen, afirmó en el consejo político que «no es posible la regeneración de lo denostado y apartado por la sociedad».
¿Un lehendakari del PSE?
Los resultados electorales abren un escenario político incierto e inédito en el que todo apunta a que el PSE conseguirá colocar a Patxi López como Lehendakari con el apoyo del Partido Popular, que saca pecho tras perder dos escaños con respecto a los resultados de 2005. La posibilidad de que el PP pueda decidir aspectos importantes de la política vasca causa recelo entre quienes buscan soluciones al conflicto. «El PP representa un modelo de solución del problema vasco que es antagónico al defendido por la mayoría de la sociedad», explica Paul Ríos. «Los partidos que defienden el final de la violencia, el diálogo, el acuerdo y la participación ciudadana representan una mayoría clara. El PP apuesta por la exclusión, el recorte de libertades y la ausencia de diálogo», concluye Ríos.
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