Han tenido que pasar casi 50 años desde la publicación del informe Los límites del crecimiento para que la consciencia sobre la emergencia climática se haga hueco en la opinión pública y se empiece a tomar en serio el debate sobre cómo responder a la crisis ecológica. Pero no todas las propuestas para hacer frente al cambio climático y al agotamiento de recursos van a la raíz de la cuestión: la imposibilidad de desacoplar el crecimiento material de la economía del crecimiento del PIB. Es decir, la dificultad de responder a la emergencia ecológica sin salir del marco capitalista del crecimiento ilimitado. Asimismo, no todas las propuestas plantean horizontes de transición justa, en los que el decrecimiento material de la economía vaya unido al reparto de la riqueza y los trabajos, a la devolución de la deuda ecológica contraída con los países del sur o a una democratización de todos los procesos socioeconómicos.
En este marco, incorporar la mirada ecofeminista al debate sobre la transición ecosocialista nos puede permitir asumir el carácter multidimensional de la crisis, la necesidad de plantear transformaciones profundas desde varios ámbitos y la importancia de impulsarla desde una multiplicidad de sujetos y esferas políticas.
Una lectura ecofeminista de la crisis
La mirada multidimensional a la crisis incorpora la reproducción social en el análisis. Como afirma Mary Mellor (2019), no podemos olvidar “el papel que juega el trabajo reproductivo a la hora de mediar entre la naturaleza y la economía, a través de la regeneración cotidiana de la vida humana (y no humana)”. Asimismo, la autora plantea la importancia de reconocer que no solo la naturaleza es finita, sino que el trabajo de cuidados necesario para sostener la vida en un contexto cada vez más adverso también lo es. Esta finitud del trabajo de cuidados se compensa con escenarios de cada vez mayor explotación, malos cuidados y su transnacionalización a través de las cadenas globales de cuidado.
Por tanto, cualquier propuesta de transición deberá abordar la crisis de reproducción social. Es decir, la imposibilidad de sostener la vida en un contexto en el que escasea el tiempo y los ingresos, se recortan servicios públicos y se privatizan los espacios y recursos comunitarios que facilitaban la reproducción de la vida. Esta crisis es especialmente acusada para las mujeres, sobre quienes cae la responsabilidad de cerrar el ciclo de la economía, haciendo jornadas interminables para conseguir ingresos y para cuidar a sus familias o a su comunidad cuando todo lo demás falla. También para las mujeres que cuidan de forma remunerada en condiciones muy precarias, especialmente las migrantes, que con su trabajo sostienen de forma invisible este sistema insostenible.
Además, la crisis de reproducción social está siendo agravada por la crisis ecológica, debido a que se incrementan las dificultades para acceder a recursos necesarios para una vida digna (agua, energía, alimentación, vivienda adaptada al clima). Al mismo tiempo se expanden las enfermedades causadas por la contaminación atmosférica, la contaminación del agua o de los alimentos que consumimos, así como por la manipulación de productos tóxicos, ya sea en el entorno laboral o en la propia casa (agrotóxicos, tóxicos industriales, tiques con bisfenol, productos de limpieza…). Esta precarización de las condiciones de subsistencia es especialmente grave en los contextos en los que, debido a la acción directa de las empresas extractivas o a causa de fenómenos meteorológicos extremos, se producen procesos de despojo y desplazamiento que obligan a abandonar los medios de vida.
Por tanto, no podemos desligar la crisis ecológica de la creciente desigualdad y violencia, en un contexto de reconfiguración violenta del sistema con profundos rasgos heteropatriarcales, racistas y clasistas. Como afirma María González (2019), no es solo el planeta el que colapsa, sino que en este sistema biocida también hay muchas vidas colapsadas. Estos procesos violentos se dan en los escenarios de depredación territorial, en las rutas migratorias, en la explotación laboral, en los mecanismos de criminalización de la pobreza, en el endeudamiento, en los hogares patriarcales, en los procesos de ruptura del tejido social… Y, aunque se trate de procesos difusos, hay algunos responsables muy claros: las grandes empresas, los gobiernos neoliberales que privatizan servicios públicos y militarizan las fronteras, y las instituciones económicas internacionales que imponen sus recetas austeritarias. Asimismo, este contexto de violencia y desigualdad viene a ser reforzado por el avance del neofascismo y el autoritarismo; incluso con la aparición de discursos ecofascistas que, asumiendo los límites del planeta, proponen una gestión autoritaria de la escasez.
Partiendo de este análisis, queremos plantear algunas propuestas de transformación que consideramos necesarias para impulsar una transición socioecológica con criterios de justicia y democracia. No se trata de un análisis exhaustivo sino de un intento de enriquecer el debate sobre la transición socioecológica desde la mirada ecofeminista.
Sacar de los hogares la resolución de las necesidades
Una de las medidas recurrentes en las
propuestas de transición es el control público de los sectores estratégicos de
la economía. Siguiendo esta propuesta, desde una mirada ecofeminista ponemos el
foco en democratizar los procesos y bienes imprescindibles para sostener la
vida, como son la alimentación, el agua, la energía, la vivienda o los
cuidados. Plantearlo desde esta mirada nos permite imaginar formas de hacer
sostenible
y accesible su gestión, en las que los hogares dejen de ser meros consumidores de estos servicios o bienes, para politizar todo lo que pasa en su
interior. Debemos preguntarnos, en palabras de Verónica Gago, “bajo qué formas
y en qué experiencias se desarrolla una reproducción social en términos no
extractivos ni explotadores. Con esto vamos más allá de oponer reproducción y
producción […] para pensar en reorganizar su relación” (Gago, 2014).
Un primer paso para esta reorganización es descomplejizar y relocalizar. Es decir, pasar de depender de los mercados globales y las grandes transnacionales a establecer mecanismos para que los cuidados, la producción y la distribución de bienes esté arraigado en el territorio, con criterios que no dependan de su rentabilidad y que garanticen la accesibilidad y sostenibilidad. Es decir, que –en un escenario de democratización de la energía, la alimentación, la vivienda o los cuidados– las grandes energéticas, agroindustrias y cadenas alimentarias, constructoras y empresas multiservicio no tendrían lugar. Los procesos y bienes imprescindibles para la vida pasarían a ser bienes comunes al margen de la acumulación capitalista, gestionados desde esferas estatales o comunitarias o a través de la cogestión entre ambas.
En segundo lugar, la necesidad de decrecer, reducir el consumo energético y de materiales nos lleva a plantear estrategias de gestión de la demanda para poner fin al consumismo y lograr un consumo vinculado a las necesidades que no supere los límites biofísicos del planeta. Pero estas estrategias no pueden menospreciar el sesgo de género que atraviesa el consumo; por ello planteamos la necesidad de politizar lo cotidiano y sacar de los hogares la resolución de las necesidades, como una forma de colectivizar esta responsabilidad y buscar formas colectivas de garantizar el acceso a los recursos y servicios necesarios de forma sostenible. Formas de desbordar el confinamiento doméstico de las tareas reproductivas, como las que conseguimos en las sucesivas huelgas feministas (Cavallero y Gago, 2019).
El fin de la explotación laboral y una producción sostenible puede encarecer el precio de ciertos productos y servicios, por lo que habrá que garantizar su acceso más allá del mercado. Al mismo tiempo, la reducción del consumo energético, una alimentación basada en productos agroecológicos y el fin del modelo de usar y tirar puede incrementar el tiempo de cuidados, por lo que será necesario plantear mecanismos de corresponsabilidad que eviten generar mayores sobrecargas de trabajo en las mujeres.
El paso a una vida más austera, pero con las necesidades garantizadas ha sido un tema recurrente en la economía feminista y el ecofeminismo. Mary Mellor defiende que “la suficiencia es un concepto igualitario: lo que es suficiente para uno debe ser suficiente para todos, o de lo contrario alguien tendrá más de lo necesario y otros demasiado poco” (2019). Y, por tanto, defiende equilibrar dos principios: sostenibilidad medioambiental y justicia social. Por su parte, Amaia Pérez Orozco plantea el concepto de desesidades como una forma de complejizar la reflexión sobre las necesidades que siempre dependerá del contexto y vivencias personales. Además, recuerda que “es crucial no olvidar que estas son materiales, tangibles, y también afectivo-relacionales, intangibles”. En este sentido, la reflexión ecofeminista sobre la interdependencia y la importancia de lo afectivo-relacional puede ser un punto de partida para impulsar la necesaria disputa por la hegemonía cultural que consiga extender una concepción de vivir bien no vinculada al consumo, la producción o el crecimiento y “construir horizontes de deseo coherentes con las condiciones materiales que los posibiliten” (Pérez Orozco, 2014).
Al mismo tiempo, esta politización de los procesos intrahogar nos debe permitir visibilizar las profundas desigualdades, así como las relaciones de poder y violencia. Por eso las soluciones a la crisis reproductiva no pueden basarse en el mero reparto de subsidios, en general asistencialistas y moralistas, destinados a apuntalar la familia nuclear patriarcal. Una transición hacia la justicia climática debe incorporar también la justicia reproductiva con todas sus aristas. Reconociendo y expandiendo los hogares diversos y las formas de convivencia libremente elegidas, y asumiendo de forma colectiva la responsabilidad de sostener la vida sin relegar ninguna de las tareas necesarias para proteger la vida al ámbito cerrado de los hogares.
Reparto y democratización de todos los trabajos socialmente necesarios y de la riqueza que generan
Un elemento central de cualquier propuesta de transición es qué hacer con el empleo, cómo impulsar transiciones económicas que no supongan una destrucción de empleo que profundice la crisis social que ya vivimos. Con este objetivo se plantean planes de creación de empleos verdes que absorban la desaparición de trabajos en sectores contaminantes. Pero este enfoque productivista olvida toda la reflexión ecofeminista y de la economía feminista, invisibilizando el trabajo reproductivo y la necesaria superación de la falsa división entre las esferas productiva y reproductiva. Por ello planteamos ampliar la reflexión hacia un escenario de reparto y democratización de todos los trabajos socialmente necesarios.
Sabemos que para sostener la vida son necesarios muchos trabajos, tanto productivos como reproductivos, pagados y no pagados. Es decir, que necesitamos plantear el debate sobre el futuro del trabajo superando la visión reduccionista que equipara trabajo con aquello que se hace por un salario. Esta concepción del trabajo desligado de su forma salarial nos permite reconocer no solo todos los trabajos imprescindibles que han sido invisibilizados por no tener un reconocimiento económico, sino también plantearnos formas de desmercantilizar y colectivizar la resolución de necesidades sociales, es decir, deslaborizar el acceso a derechos y priorizar vías no mercantiles de acceso a los recursos materiales, sociales y culturales necesarios para el desarrollo de una vida digna (Martija, 2020).
Esta cuestión se cruza hoy en día con los debates sobre la renta básica universal. En este sentido, desde el feminismo se está planteando la importancia de buscar la manera de que el reparto de rentas no apuntale el actual modelo de reproducción social. En el que no solo la responsabilidad de los cuidados sigue recayendo de forma mayoritaria en las mujeres, sino que se deja en manos de los hogares la responsabilidad de resolver todos los impactos generados por el mercado.
Desde esta mirada, puede ser interesante la propuesta de Cavallero y Gago (2019) de un salario feminista destinado a las redes de cuidado y autogestión que ya están funcionando como respuesta a la violencia y el despojo. Es decir, un reparto de rentas no individualizado sino colectivo, que sirva como reconocimiento económico y garantice la autonomía de estas iniciativas colectivas, sin mediaciones patriarcales ni connotaciones familiaristas. Si bien su propuesta responde a un contexto concreto, considero que aporta perspectivas fundamentales si lo que queremos es no solo paliar la emergencia, sino impulsar una transformación del actual modelo de reproducción social para que los cuidados y la resolución de las necesidades básicas dejen de ser responsabilidades individuales, privatizadas al interior de los hogares o mercantilizadas.
Al mismo tiempo, plantear escenarios de transición en el ámbito del trabajo debería servirnos para superar los discursos que se limitan a la defensa del empleo, tan útiles también para los intereses corporativos que se escudan en la supuesta creación de empleo para justificar sus impactos. Para defender el trabajo desde una visión más amplia, que nos permita avanzar hacia la creación de trabajos no alienados, basados en lógicas de autogestión y participación, como plantean las experiencias autogestionadas, de la economía social y solidaria o la gestión de servicios públicos con participación comunitaria. Al mismo tiempo, cuando hablamos de democratizar los trabajos, no podemos olvidar tampoco que no se trata solo de poner fin a la explotación laboral o de mejorar las condiciones de trabajo, sino que también debemos confrontar las brechas salariales, la segregación vertical y horizontal, o los cuidados inmolados.
Por otra parte, el reparto de los trabajos, para que sea justo y no genere más desigualdad, debe ir ligado a un reparto de la riqueza y a una reforma fiscal que permita responsabilizar a las empresas de todo este trabajo reproductivo del que se benefician de forma invisible. En este proceso, el Estado juega un rol fundamental, necesario para detraer recursos a la lógica de acumulación de capital, reformando el actual modelo fiscal, revirtiendo las privatizaciones, recuperando el control público de nuevas esferas o blindando actividades y espacios físicos frente a la entrada de grandes empresas. Eso permitiría defender actividades con carácter de bien público como la educación, la atención a la dependencia, la energía o la sanidad, así como espacios urbanos y rurales necesarios para proteger el bienvivir y los ecosistemas. Al mismo tiempo, es necesario frenar el extractivismo financiero, tanto de territorios y trabajos como de la propia reproducción de la vida (Cavallero y Yago, 2019).
Devolver la deuda ecológica e impulsar transiciones locales, populares e interseccionales
Por último, debemos preguntarnos sobre qué sujetos van a impulsar la transición (o transiciones), poniendo especial atención en evitar enfoques urbanocéntricos, eurocéntricos y androcéntricos, que olviden las experiencias y conocimientos de colectivos imprescindibles para impulsar cualquier transición. Es clave que la preocupación por la pérdida de empleos contaminantes ocupados por trabajadores blancos no eclipse la preocupación por el futuro de las defensoras del territorio, el campesinado, las trabajadoras de cuidados, la población desplazada o las y los enfermos por contaminantes.
Este enfoque nos lleva a plantear un horizonte de redistribución y democratización atravesado por criterios de género, antirracistas y decoloniales, en el que entran en juego responsabilidades asimétricas. Una noción que, según Amaia Pérez (2014), “nos ayuda a salir de la dicotomía en la cual o bien eres culpable o bien eres víctima”, para reconocernos con agencia y capacidad de desobediencia. Ni nada es culpa o responsabilidad nuestra, ni somos culpables de todo y debemos asumir la imposición de sacrificios desiguales e injustos. Por tanto, se trata de reconocer desde una mirada interseccional los diferentes ejes de opresión y privilegio que van a atravesar las transiciones. Pensando tanto en el horizonte de transición como en las prácticas cotidianas y en el camino hacia esta.
La justicia global debería permear todo el análisis de la crisis ecosocial y las propuestas de transición. En este sentido, será necesario abordar en toda su profundidad las consecuencias del productivismo, la externalización de costes hacia el sur global, o la mercantilización de bienes comunes. Poner el foco en el papel que juegan las empresas transnacionales (y todo el entramado formado por instituciones financieras, tratados comerciales, tribunales de arbitraje, etc.) en la profundización de estos impactos. Son necesarias, por tanto, medidas efectivas para acabar con la impunidad corporativa y conseguir que las empresas asuman sus externalidades sociales y ambientales –siendo especialmente preocupantes los impactos de los proyectos considerados limpios, pero que mantienen la lógica de depredación territorial y explotación laboral–, así como medidas para desarticular los tratados comerciales y los mecanismos de endeudamiento.
También es fundamental buscar formas de compensar la deuda ecológica contraída con el sur global durante décadas. Un primer paso es la transformación del modelo de producción, consumo y gestión de residuos, para evitar seguir ensanchando esta deuda. Pero también es urgente impulsar estrategias de devolución de las deudas, ya sea a través de financiación no condicionada, transferencia tecnológica y reparación de ecosistemas, y ampliar la solidaridad y la acogida con las supervivientes de este sistema, abriendo las fronteras y acompañando las luchas de las defensoras y defensores del territorio.
Para llevar a la práctica la apuesta interseccional es necesario partir de lo local, impulsar transiciones arraigadas en el territorio y en su población. De esta forma podemos impulsar procesos abiertos, democráticos y sostenibles que se entrelacen con otros proyectos para aumentar de escala. Partir de lo local nos permite, además, visibilizar y reconocer multitud de alternativas locales que ya están en funcionamiento, aunque a menudo no se inscriban ni en el ecologismo ni en el ecofeminismo. Nos referimos a las experiencias que Maristella Svampa (2015) enmarca en el ecofeminismo de la supervivencia, es decir, estrategias de defensa de la salud, la supervivencia, el territorio o la comunidad protagonizadas por mujeres en el sur global.
Poner el foco en el ecofeminismo popular nos debe permitir huir de las tecnoutopías, de las propuestas de transición en abstracto que se basan en planes tecnócratas diseñados desde arriba, para poner en valor las propuestas que parten del aquí y ahora, aprendiendo de la pragmática vitalista popular que busca resolver de forma colectiva los impactos de las lógicas desposesivas, extractivas y expulsivas (Gago, 2014). Asimismo, partir de estas experiencias locales, más o menos autónomas del Estado, debe servirnos para experimentar nuevas formas de relación dialéctica con la institución. Necesariamente, la transición socioecológica dependerá de una articulación entre diferentes actores, entre los que el Estado no puede quedar fuera, pero tampoco puede ser el centro sobre el que pivote todo el cambio, si no queremos correr el riesgo de estancarnos o caer en proyectos burocráticos y centralistas.
En la misma línea, para seguir ampliando la agenda ecofeminista de transición, el papel del movimiento feminista debería ser clave. La capacidad de experimentación colectiva demostrada en la organización de las huelgas feministas puede ser un activo fundamental para seguir ampliando estos aprendizajes y trasladarlos a un marco ecofeminista. En la organización de las huelgas hemos podido poner en práctica gran parte de las reflexiones de la economía feminista, ahora nos toca pensar y experimentar cómo estos aprendizajes nos pueden servir para impulsar la urgente transición ecosocialista. Ante amenazas patriarcales, capitalistas, coloniales y extractivistas entrelazadas urge diseñar horizontes comunes y articular nuestros esfuerzos.
Referencias
Cavallero, Luci y Gago, Verónica (2019) “Diez tesis sobre la economía feminista (o sobre el antagonismo entre huelga y finanzas)”, viento sur,164, pp. 71-83.
Gago, Verónica (2014) La razón neoliberal. Madrid: Traficantes de Sueños.
González, María (2019) “Saber si estamos dispuestas a intentarlo”, elsaltodiario.com, 05/12.
Martija, Gorka (2020) Trabajos emancipados frente a la ofensiva capitalista. Impactos y alternativas a los tratados comerciales en Hego Euskal Herria, OMAL.
Mellor, Mary (2019) “Una propuesta ecofeminista. Aprovisionamiento suficiente y dinero democrático”, New Left Review, 116-117, pp. 207-220.
Pérez Orozco, Amaia (2014) Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de Sueños.
Svampa, Maristella (2015) “Feminismos del sur y ecofeminismo”, Nueva Sociedad, 256.
Júlia Martí es miembro de OMAL (Observatorio de las Multinacionales en América Latina) y forma parte de la redacción web de viento sur
Fuente: https://vientosur.info/una-agenda-ecofeminista-para-la-transicion/