En el proceso soberanista catalán la cuestión social ha quedado relegada a un segundo plano, subsumida a la reivindicación nacional. Ante la desorientación estratégica actual el soberanismo tendría que articular una nueva hoja de ruta que combine la cuestión nacional con la defensa de la democracia y la satisfacción de las necesidades sociales básicas. ¿Qué […]
En el proceso soberanista catalán la cuestión social ha quedado relegada a un segundo plano, subsumida a la reivindicación nacional. Ante la desorientación estratégica actual el soberanismo tendría que articular una nueva hoja de ruta que combine la cuestión nacional con la defensa de la democracia y la satisfacción de las necesidades sociales básicas. ¿Qué modelo productivo, qué modelo de relaciones laborales, qué sistema sanitario y educativo, qué derechos de las mujeres, de los inmigrantes, qué modelo de vivienda?, etc., son cuestiones que, hasta ahora, el Procés no ha abordado.
La situación de emergencia social y política que vive Cataluña necesita de una respuesta colectiva que unifique las reivindicaciones sociales, y que construya solidaridades entre las experiencias de luchas compartidas. Según la última Encuesta de las condiciones de vida publicada por el Idescat, referente al año 2016, un 63% de la población catalana tiene dificultades para llegar a final de mes y un 19’2% está en riesgo de pobreza. Por otra parte, la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2018 sitúa la tasa de paro en el 12’19% (458.700 desempleados), donde una cifra importante son personas paradas de larga duración y/o que pertenecen a familias donde ningún miembro trabaja. Una situación a la que se le suma la precariedad de una mayoría de los nuevos contratos y unos salarios insuficientes para garantizar una vida digna. Un contexto de crisis donde los desahucios continúan a la orden del día, y donde la sanidad, la educación y los servicios sociales son víctimas de unas políticas regresivas que no han revertido las consecuencias de los recortes en gasto público.
En este contexto, las Marchas de la Dignidad, que reúnen a diferentes movimientos sindicales y sociales, están impulsando un proceso participativo -sectorial y territorial- para construir colectivamente la Carta de Derechos Sociales catalana. Una Carta como herramienta de reivindicación social y de empoderamiento popular, con el objetivo de vertebrar los movimientos y las luchas sociales para levantar una agenda social común en Cataluña que ayude a dar potencia constituyente a las reivindicaciones populares. Las luchas por unas pensiones dignas, por la sanidad y la educación públicas, por el derecho a la vivienda y la renta básica, las reivindicaciones feministas, por la dignidad laboral y salarial, y por el respeto al medio ambiente, son centrales para definir el modelo de país. En este sentido, la Carta pretende poner la economía y los recursos al servicio de la mayoría social de Cataluña, y ser un instrumento para construir una sociedad más justa con unas condiciones de vida dignas.
En la situación actual de la política catalana, la convocatoria del Foro Social Constituyente y la apertura de la fase participativa de un proceso constituyente popular, desde abajo y soberano para definir los rasgos fundamentales de la República que se quiere construir, es clave para ampliar mayorías desde la óptica de la justicia social; pero, también para rearmar estratégicamente el movimiento soberanista. En este sentido, en el debate constituyente una Carta de Derechos Sociales sería de referencia ineludible para poner las reivindicaciones populares en el centro, mediante el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales básicos.
En el nuevo ciclo político catalán la reivindicación nacional republicana se ha de ligar a las luchas sociales para, así, avanzar en la ruptura democrática y constituyente del régimen monárquico del 78.
Jesús Gellida es politólogo e investigador social
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