Es probable, como a veces se ha señalado, que no haya propiamente en la obra de Marx ni tampoco en la tradición o tradiciones que lo tomaron como clásico una teoría fuerte del Estado. Si teoría se usa como usamos la noción para hablar de la teoría cinética de los gases, la mecánica clásica de […]
Es probable, como a veces se ha señalado, que no haya propiamente en la obra de Marx ni tampoco en la tradición o tradiciones que lo tomaron como clásico una teoría fuerte del Estado. Si teoría se usa como usamos la noción para hablar de la teoría cinética de los gases, la mecánica clásica de partículas, la teoría mendeliana o la teoría de las supercuerdas, es razonable considerar que la reserva sea prudente. Pero no parece plausible negar que en la obra de Marx, de Engels, de Lenin, de Gramsci, de Luxemburg, de Mattick, de Miliband padre, de Althusser, de Balibar, de Negri si me apuran mucho-muchísimo, y de tantos otros y otras, hay apuntes, notas y conjeturas de interés, de fructífero interés, sobre el papel del Estado en las sociedades contemporáneas o incluso en sociedades atravesadas por formas económica y sociales de producción no capitalistas. Entre esas consideraciones está la tesis, de necesario refinamiento, sobre el carácter clasista del Estado y de sus instituciones centrales y periféricas.
Los comentarios a una reciente declaración-manifiesto del Cercle d’Economia de Catalunya, un poderoso lobby empresarial presidido por Salvador Alemany, parece corroborar las bondades de esa conjetura sobre el Estado y las clases sociales en lucha. Antes, un breve apunte de presentación de la entidad y un comentario sobre su manifiesto político-económico.
Según señala el propio Cercle d’Economia [1], el Círculo nació hace ya más de medio siglo «con la voluntad de modernizar y dinamizar la sociedad española y en la actualidad sigue animado por estos mismos objetivos». Esta función, que adjetivan como «social», la desarrollan a través de un conjunto de actividades. Entre ellas, «promover la expresión de opiniones, el debate y el diálogo social», iniciativas que, aseguran con escasa modestia, «han hecho de nuestra institución un prestigioso foro». Por él, han pasado personalidades relevantes del mundo empresarial, político, económico y cultural. «Como núcleo de libertad y confluencia, el Círculo ha sido también a lo largo de su historia una significativa vía de expresión y de confrontación de nuevas ideas». Música, humo para jalear oídos de amigos influyentes.
No pretenden con esta actividad de formación de opinión dirigirse «única ni fundamentalmente hacia los problemas que en cada momento atraen la atención de la opinión pública». Lo contrario es más verdadero. El Círculo trata de «reflexionar yendo más allá en el tiempo y, de esta manera, orientando el debate social sobre temas futuros». A través de sus actividades el Círculo, que desde luego no es el Círculo de Viena aunque acaso se haya inspirado en su denominación en esa inolvidable agrupación filosófica (¡qué dirían Schlick, Carnap y Neurath si pudieran levantar la cabeza!), «busca contribuir a formar estados de opinión que favorezcan, tanto la solución de los problemas presentes como la posibilidad de anticiparse ante los problemas futuros».
El Círculo, desde siempre, afirman los mismos interesados, «se ha caracterizado por promover iniciativas de interés general». Interés general refiere estrictamente, claro está, al interés general del empresariado catalán y acaso del español. Por ello, declaran, el Círculo «ha mantenido una actitud activa ante la toma de decisiones de los diferentes agentes públicos, lo que ha hecho que, lejos de esperar las actuaciones de éstos, haya mirado de hacerles llegar en todo momento la opinión y las iniciativas que desde el Círculo se han creído necesarias». Ejemplos citados por el Cercle: el «Documento de los 13», sobre la incorporación de España en la C.E.E.; «la impulsión» (sic) de la Asociación «Barcelona Centro Financiero Europeo», la Asociación para el Mecenazgo Empresarial (Adme) y el Círculo de Cultura .
Han vuelto al mismo sendero, siguen en él para ser más precisos, y recientemente, esta misma semana de octubre de 2010, han publicado una declaración con el título «UNA NUEVA LEGISLATURA Y UN DOBLE OBJETIVO: DESARROLLAR UNA EFECTIVA GESTIÓN DE GOBIERNO Y REHACER EL PACTO CONSTITUCIONAL». Ni más ni menos.
Sostienen aquí que Catalunya se encuentra a pocas semanas de una jornada electoral que cerrará una legislatura y un periodo de gobierno que han estado marcados por «dos hechos históricos» (ésta es la expresión utilizada): la crisis económica, global pero «con causas también propias», y el proceso de revisión del nuevo Estatut «que ha centrado y condicionado decisivamente la política catalana». En su opinión, «con el proceso y la sentencia se percibió la ruptura de algo entre Catalunya y España».
En opinión del Cercle, en «Catalunya hay un malestar extendido y una idea creciente de trato injusto por parte de España, tanto económico como en la falta de reconocimiento de sus legítimas aspiraciones, que lastran el progreso del país». Consecuencia: «aumenta el distanciamiento respecto de España de una parte importante de la ciudadanía catalana». No sólo eso: «crece la mutua desafección en unos momentos en los que todos estamos afrontando una crisis económica de gran relevancia y profundo impacto».
El proceso electoral, prosiguen, puede agravar este doble problema si acaba «dominado por mutuas descalificaciones y promesas vacías». Pero, señalan, «también puede ser una oportunidad para apuntar soluciones a una situación que nos pide lograr acuerdos y emprender medidas que exigen capacidad de gestión y coraje en las decisiones».
El Cercle d’Economia considera que no puede eludirse «el conflicto institucional como si la superación de éste no fuera igualmente determinante para la evolución, urgente y necesaria, de nuestro modelo económico». El comienzo de la próxima legislatura catalana será un momento adecuado «para iniciar un diálogo entre todas las fuerzas políticas del Parlamento, con el fin de configurar una posición lo más amplia posible sobre cuáles deben ser las nuevas pautas que deben definir las relaciones de Catalunya con España». La clase política, la expresión es del Cercle, «debería primar el acuerdo realista sobre el discurso táctico y partidista dando, así, respuesta adecuada a las expectativas de la ciudadanía».
«Una efectiva acción de gobierno» es el título del siguiente apartado del documento. El nuevo Gobierno deberá ponerse inmediatamente a gobernar, sostienen, será necesario recuperar la credibilidad, que se presupone perdida, «de las clases dirigentes, no sólo de las políticas», afirman con redactado algo confuso, y «aprovechar hasta donde sea posible la proximidad y las competencias de la Generalitat para movilizar a todas las fuerzas económicas y sociales de Catalunya hacia la actividad y el esfuerzo».
El nuevo gobierno deberá tomar decisiones, advierten, «no siempre populares». ¿Con qué finalidades? Pues, «para reconducir las finanzas públicas; para mejorar la competitividad del país; para estimular vocaciones de nuevos emprendedores [una letanía cada vez más insistente en todos los medios]» y, además de ello, «para hacer entender a todo el mundo que el Estado del bienestar tiene que defenderse desde el compromiso y el realismo», lo que requerirá, apuntan enigmáticamente, «un esfuerzo adicional a quienes se encuentren en condiciones de asumirlo». ¿Quiénes están en esas condiciones según el Cercle? ¿Los trabajadores en paro, los trabajadores en precario, los «autónomos», los trabajadores ubicados en la economía sumergida? No hay concreción.
Hace falta progresar desde «la autoestima y el aprovechamiento al máximo de nuestras capacidades», sin olvidar nuestros derechos y controlando «el sentimiento colectivo de agravio con objeto de que estimule la justa reivindicación». Pero, eso sí, «que nunca justifique ni la indolencia ni la cultura del subsidio, que no han sido nunca características de la forma de ser de Catalunya». Desde el autogobierno, prosigue el manifiesto, «Catalunya debe mantener su vocación de motor de la economía española y ponerse al lado de sus instituciones económicas, financieras y políticas para mejorarlas en lo que pueda», al tiempo que se «relanza nuestro sentimiento europeísta y defender una Unión Europea más potente económica y políticamente». De ambas realidades, de España y de Europa, Catalunya es parte y «debemos ser una parte comprometida, para ganar peso específico y capacidad de influencia».
Se aboga a continuación por un nuevo pacto constitucional. Tras más de 30 años de funcionamiento, «el Estado de las Autonomías empieza a mostrar claras limitaciones para encajar las aspiraciones de algunas de sus Comunidades Autónomas». Así se ha constatado en el caso de Catalunya. Ha pasado el tiempo de «los ajustes de corto alcance, habitualmente promovidos por la necesidad de conformar mayorías parlamentarias». Se debe optar por un nuevo Pacto Constitucional que favorezca «un mejor encaje de Catalunya con España, y aporte estabilidad institucional a las próximas décadas». Lograr ese objetivo exige tres condiciones: en primer lugar, que los grandes partidos españoles, es decir, el PP y el PSOE, «aborden esta trascendental cuestión con una visión de largo plazo». En segundo lugar, hace falta que «se considere la Constitución como un marco dinámico al servicio de la convivencia de los ciudadanos españoles», no como un marco sacralizado. Finalmente, la sociedad catalana, «liderada desde la política», Cercle d’Economia dixit, «debe configurar una posición común tan mayoritaria como sea posible que, superando el desengaño del fallido proceso del Estatut, perfile la propuesta de un modelo concreto de conformación del Estado». Se trata de diseñar «un marco relacional capaz de restablecer progresivamente la mutua confianza en España, con el fin de hacer frente a los grandes retos que se derivan de la crisis económica y del nuevo papel de Catalunya, España y Europa en un mundo marcado por el cambio permanente». Sin desconocer las dificultades de ese Pacto, el Cercle cree «que la mejor de las alternativas disponibles es avanzar en esta línea, para redefinir el marco común que Catalunya y España siguen necesitando», tarea que corresponderá al conjunto de las fuerzas políticas y sociales de Catalunya y también de España.
En las conclusiones del documento, el Cercle apunta que la clave del futuro reside en saber avanzar, simultáneamente y con la máxima intensidad, en dos tareas: «1) Una sólida gestión del autogobierno orientada al desarrollo económico y social y sustentada en nuestros puntos fuertes en los ámbitos de los valores, el talento, la cohesión social y nuestra tradición empresarial; y 2) La reformulación sin renuncias del acuerdo institucional en España, para salir todos más fortalecidos del callejón sin salida donde ahora nos hallamos».
La ambigüedad calculada, el estar en todos los senderos a la vez, preside la última consideración del Cercle: sería ignorar la historia de Catalunya y la realidad actual, «querer postergar, interesadamente o no, la segunda vía para defender la primera y sería una irresponsabilidad focalizarnos sólo en el conflicto institucional, abandonando, en estos momentos delicados, la activación de nuestra capacidad competitiva, sin potenciar las mejores alianzas posibles con nuestro entorno natural, geográfico, económico y cultural».
Así, pues, aparte de mucha declaración insustantiva, devolver la confianza de las clases dirigentes catalanas -es decir, más madera neoliberal- y reconstruir las relaciones entre España y Catalunya vía reforma constitucional sin precisar vías políticas más allá de un llamamiento genérico a la colaboración de las fuerzas políticas responsable catalanas y españolas. Obsérvese por otra el escaso «sectarismo» del Cercle: tras su programa económico y político, pueden apuntarse todas las fuerzas políticas que lo estimen conveniente. No hay exclusiones para hacer la política que ellos invocan.
Las reacciones no se han hecho esperar. Artus Mas, el cabeza de lista de CiU en las próximas elecciones catalanas, ha afirmado sentirse cómodo e identificado con la música y la letra del Cercle [3]. Son sus palabras. CiU también parece reclamar la reformulación del «Pacto de la transición» tras la última sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.
La guinda la ha puesto, como suele ocurrir en estos y en otros casos, el número dos de la federación «nacionalista», Josep Antoni Duran i Lleida: sólo CiU, ha declarado, «garantiza el gobierno fuerte, sólido y serio que piden los empresarios catalanes». No ha explicado qué entiende por gobierno fuerte, e incluso por gobierno serio, pero, sin pelos en la lengua, con el rostro bronceado y la cara levantada, con semblante seguro, feliz de sentirse parte de aquellos que dictan la agenda y la política de los gobiernos, al servicio de sus intereses, lo ha dicho con claridad cartesiana: CiU es el partido de una parte sustantiva del empresariado catalán, CiU está para defender los intereses económicos y políticos del «sector dinamizador», digámoslo clásicamente, de la burguesía catalana. El gobierno del Estado, en uno de sus territorios centrales, dirigido por los intereses y consideraciones de un grupo de presión empresarial. Al pie de sus finalidades, corroborando la conjetura del carácter clasista de las instituciones del Estado.
Notas:
[1] http://www.circuloeconomia.com/index_ca.php?mod=social
[2] http://www.circuloeconomia.com/index_ca.php?mod=opina
[3] Público, 8 de octubre de 2010, p. 18.
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