El 21 de abril es la fecha anunciada por el juzgado para el desahucio de la familia de Josefa Martí, vecina de Mislata (Valencia), de 83 años. Por ese motivo, más de un centenar de personas convocadas por las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Valencia y Paterna se concentraron frente a la […]
El 21 de abril es la fecha anunciada por el juzgado para el desahucio de la familia de Josefa Martí, vecina de Mislata (Valencia), de 83 años. Por ese motivo, más de un centenar de personas convocadas por las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Valencia y Paterna se concentraron frente a la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia, lugar muy frecuentado por los turistas. En la movilización se ha señalado a una fundación religiosa, Balbastre, presidida por el párroco de la iglesia de nuestra señora de los Ángeles, de Mislata, que ha promovido el desahucio de la planta baja en la que viven el hijo de Josefa Martí, con una minusvalía del 33%, y su nieta, de 7 años. El litigio por la titularidad de la vivienda en la que reside Josefa con la fundación se prolonga durante más de una década. Por el momento, gracias a su perseverancia y al apoyo de la PAH, «Pepita» todavía reside -junto a su marido, de 86 años- en el primer piso de la casa ubicada en la calle Mayor número 25 de Mislata, al tiempo que su hijo y nieta habitan la planta baja.
Con un procedimiento judicial abierto sobre la titularidad de la vivienda donde residen «Pepita» y su familia, y después de seis intentos de desahucio paralizados, la PAH ha pedido una reunión urgente con el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que no ha sido concedida hasta el momento por la institución eclesiástica. Además, el colectivo antidesahucios ha escrito al papa Bergoglio para que medie en el caso. «Pedimos que la iglesia católica tenga una posición coherente con los derechos humanos, aunque nos consta que hay sectores de esta institución que también defienden el derecho a la vivienda», ha explicado uno de los portavoces de la PAH en la puerta de la catedral valenciana.
El abogado del arzobispado planteó, en conversación telefónica con la PAH de Paterna, que el hijo y la nieta de Josefa Martí abandonen la planta baja, y como alternativa habitacional empiecen a residir en el segundo piso de la casa, según ha informado el grupo antidesahucios, que ha pedido que la propuesta se traslade por escrito a Josefa Martí y su abogado. La condición que pone la plataforma es que el segundo piso mantenga unas condiciones de habitabilidad adecuadas y se firme un contrato de alquiler «digno» entre las partes. «Pero no nos fiamos, si no hubiera sido por la batalla de la PAH y Pepita, se habría producido ya el desahucio», apuntan fuentes de la PAH. Temen que pueda tratarse de una «treta» para apropiarse de la planta baja, por lo que afirman que si no hay una respuesta satisfactoria y se pone freno al desalojo, el 21 de abril a las 10,30 horas se concentrarán en la calle Mayor número 25 de Mislata (el 9 de febrero se paralizó el último intento de desahucio).
Una delegación de la PAH y la afectada se reunieron ayer con el abogado del Arzobispado, quien les instó a que visitaran al letrado de la fundación religiosa. Mientras, Josefa Martí, pensionista al igual que su marido, ha perdido más de 20 kilos y se le acaba de implantar un marcapasos por los problemas cardíacos que padece. «¿Así se puede vivir?», se preguntó ante los periodistas. Afirma que hace mucho que su marido no sale de la casa donde ella reside desde hace 70 años; «Esto no me lo pueden pagar con nada del mundo, pero la iglesia no es culpable: sí lo son algunas personas». Asegura además que en la finca en la que vive ha invertido «millones de pesetas en la adecuación y reformas», que se malbaratarían en caso de desahucio.
La defensa de Josefa Martí ha solicitado que se suspenda el lanzamiento fijado para el 21 de abril, porque actualmente hay abierta una causa penal en los juzgados de Mislata, en la que la afectada ejerce la acusación popular contra la Fundación Balbastre. En este punto reside el intríngulis jurídico del caso, en el que no entra la PAH, pues el único cometido de la plataforma -afirman los portavoces- es garantizar el derecho constitucional a la vivienda de la afectada. Además del uso de la vía contencioso-administrativa, la mujer octogenaria sostiene por la vía penal que la Fundación Balbastre ha hecho una utilización indebida de la herencia del benefactor y ciudadano de Mislata, Francisco Balbastre Arnau, fallecido en 1924, de la que forma parte la casa de Josefa Martí y otras viviendas emplazadas en el municipio. La construcción de un hospital para personas menesterosas que disponía el testamento nunca se llevó a término.
«Estas casas no son de la iglesia, sino del pueblo, así lo dejó dicho Francisco Balbastre Arnau a los albaceas», subraya la afectada. Diferencias sentencias de los juzgados de Mislata han reconocido el derecho de «Pepita» a habitar la casa, recuerda su abogado, por la figura jurídica de la «usucapión» (adquisición de la propiedad al poseer durante el transcurso del tiempo un bien inmueble). Sin embargo, otra sentencia del Tribunal Supremo dio la razón a la Fundación Balbastre. Pero la afectada argumenta que se trata de una fundación «fantasma», que se constituyó después de que los juzgados le reconocieran como propietaria de la casa en la que hoy vive.
«Llevan 30 años intentando sacarle de la vivienda, y ella peleando con diferentes párrocos ya fallecidos», destaca Juan Luis Costa, abogado de la afectada. En uno de los últimos plenos del Ayuntamiento de Mislata, la PAH acompañó a «Pepita» y dio un paso al frente: instó al consistorio a que recuperara las viviendas de la fundación para destinarlas a las personas sin recursos. «El alcalde y los concejales están empezando a reaccionar», aseguran los portavoces de la PAH. El abogado reconoce que Josefa Martí ha ganado, en unas sentencias, y perdido, en otras, la titularidad de vivienda en los diferentes pleitos a lo largo de los años, pero lo que nunca ha perdido es la posesión de la casa. «Por eso es tan importante que continúe habitándola», agrega Costa. Sin embargo, la PAH no entra en esa batalla jurídica por la propiedad -«las dos partes cuentan con sus abogados»-, pero sí lleva varios años pugnando para que no se materialice el desalojo de «Pepita». Por último, pese al vínculo de los responsables de la Fundación Balbastre con la iglesia católica, el Arzobispado de Valencia aseguró ayer en comunicado que la iglesia católica, «como institución», nada tiene que ver con el desahucio de Josefa Martí, y que además «queda en libertad de defender su derecho ante los tribunales ordinarios de justicia».
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