«El discurso de la ilegitimidad del adversario es una bomba lapa en cualquier sistema democrático», afirma el sociólogo Guillermo Fernández, autor de Qué hacer con la extrema derecha en Europa. El caso del Frente Nacional (Lengua de Trapo, 2019). A su juicio, las detonaciones en Washington en 2021 y en Brasilia en 2023 no son descartables en Madrid, ni en su faceta de falta de reconocimiento de las derrotas de Donald Trump y Jair Bolsonaro ni tampoco en la de las asonadas de sus seguidores, porque existe una base social cargada con el mismo material. La democracia española, siguiendo el hilo del profesor en la Universidad Carlos III, porta en los bajos idéntico explosivo que la estadounidense y la brasileña: la extendida creencia entre sectores sociales derechistas de que el Gobierno no tiene derecho a estar ahí y de que quienes detentan el poder traicionan a la nación.
¿Puede explotar esa «bomba lapa» tras un resultado electoral adverso a la derecha en las generales? ¿Podemos ver aquí lo mismo que allí? En los dos países americanos, responde Fernández, el resultado electoral no reconocido se produjo tras sendos mandatos de Trump y Bolsonaro, que desde su papel de salientes han alentado a sus huestes a no reconocer la derrota. Es una diferencia que a priori aleja a España de ese escenario, dice. Ahora bien, «aquí hay una parte de la derecha que usa un lenguaje trumpista o bolsonarista», añade el sociólogo, según el cual lo de menos es el motivo de la «falta de reconocimiento de la legitimidad»: sean las condenas –anuladas– de Luiz Inazio Lula da Silva, los pactos con UP y la izquierda nacionalista de Sánchez o la supuesta incompatibilidad con las esencias de la nación en los dos casos. Lo relevante es que esa negación de la legitimidad siembra en parte del electorado derechista la idea de que contra ese enemigo vale usar casi cualquier medio.
En resumen, señala Fernández, sí puede haber fenómenos de no reconocimiento de un resultado electoral en España, tanto por parte de líderes políticos como de sus bases, porque la corriente de fondo es la misma, pero le parece más verosímil después de un periodo de gobierno de PP y Vox, no al término de esta legislatura. «Pensemos en 2027, tras una etapa de gobierno de PP y Vox. Me pregunto qué nivel de aceptación de los resultados habría si ganara un candidato de izquierdas con apoyo de los independentistas. Creo que el nivel de deslegitimación o de tensión política sería altísimo», expone el sociólogo, que cree que las maniobras para sortear el mandato de las urnas estarían más centradas en estrategias judiciales que en las algaradas callejeras, porque difícilmente un irredentismo como el alentado por Trump o Bolsonaro encontraría el menor respaldo «bajo el paraguas de la UE».
«Echados al monte»
El contexto regional es sólo una de las diferencias con el eje Brasilia-Washington. José Antonio Cerrillo, profesor de Sociología de la Universidad de Córdoba, añade que en los dos países americanos la derecha social está más volcada hacia personajes ultrapopulistas. Además, señala, España está más secularizada que Brasil o EEUU, donde Trump o Bolsonaro han contado con el apoyo decisivo de poderosas comunidades religiosas, que han visto en ellos «elegidos» de Dios. Sentadas las diferencias, Cerrillo se detiene en las similitudes. Y coincide en la advertencia de Fernández: el mayor peligro estriba en la falta de reconocimiento de legitimidad de la presencia de la izquierda en el Gobierno. En este sentido, dice, tanto Vox como un sector del PP, liderado por Isabel Díaz Ayuso, están «echados al monte».
«No estamos libres del riesgo», afirma Cerrillo, para quien lo ocurrido en Washington o Brasil forma parte de un fenómeno global: «La derecha está jugando esta carta que podríamos llamar revolucionaria, en el sentido estricto de la palabra». «En el caso de España –precisa–, ya sabemos que la derecha compra con facilidad todos los discursos que vienen de Estados Unidos. Se viene hablando de gobierno ilegítimo y gobierno okupa desde la moción de censura, con pocos desmentidos de unas mentiras que parte de la sociedad está dispuesta a creer. Hay una responsabilidad de los líderes de los partidos, de los intelectuales y de los medios, que deberían echar el freno».
El papel clave del Ejército y la Policía
A juicio de Cerrillo, lo dos aspectos más relevantes de lo ocurrido en Washington y Brasilia no son los asaltos en sí, que ve condenados al fracaso sin apoyo militar. ¿Cuáles son? En primer lugar, dice, el éxito y la extensión de las ideas que lo hacen posible, algo más grave en términos sociales –a su juicio– que el hecho de que una parte comparativamente pequeña se tome la justicia por su mano. En este punto, España tampoco está libre. Los datos del CIS y otras casas de encuestas muestran una creciente aversión hacia Sánchez por parte del electorado derechista, rechazo que va mucho más allá de la discrepancia política [ver aquí un artículo en detalle]. En segundo lugar, ha sido clave la respuesta de las fuerzas del orden en ambos casos, que si bien ha servido finalmente para frenar las asonadas ha sido en ambos casos poco contundente, a juicio de Cerrillo.
El sociólogo cree que si las movilizaciones hubieran venido de otros grupos –minorías negras en EEUU, por ejemplo–, la respuesta hubiera sido mucho más dura. Su preocupación central es que en ejércitos y policías cundan ideas antidemocráticas sin que el poder político separa atajarlas. «Son los ejércitos los que al final toleran o fomentan las las revoluciones», dice. ¿Cree que en España el Ejército, la Policía y la Guardia Civil estarían a la altura, llegado el caso? «Espero que sí», responde con una risa un punto nerviosa. Y apunta como antecedente «tranquilizador» que, tras los atentados del 11M, la investigación policial se desarrolló con «profesionalidad», llevando a la detención de terroristas islamistas mientras el Gobierno intentaba colgarle los atentados a ETA.
Lanza otro mensaje tranquilizador la politóloga Carmen Lumbierres, para quien España tiene cortafuegos que no existen Brasil y otros países americanos bajo el sino de la inestabilidad. ¿Ejemplos? Una menor polarización, aun siendo alta en España, y un sistema parlamentario que evita el «todo o nada» del presidencialismo. A su juicio, en España hay un riesgo «latente» de movilización reaccionaria a cargo de una coalición de fuerzas «franquistas» y «neofranquistas», pero este será menor cuanto más capaz sea la democracia de ofrecer un Estado del bienestar digno de tal nombre y con servicios públicos de calidad. «En España no ha dado tiempo a la creación de un clientelismo de ultraderecha en todo el país», afirma.
Reacciones en España
Las advertencias sobre los riesgos de que lo ocurrido en Brasilia se produzca en España se multiplicaron desde que empezaron a llegar este domingo las primeras noticias sobre seguidores de Bolsonaro irrumpiendo en el Congreso, el Palacio Presidencial y el Senado. Voces de la izquierda han dirigido contra el PP y Vox su alerta sobre los peligros de la radicalidad derechista. Pedro Sánchez afirmó este lunes: «Los métodos los conocemos y se repiten milimétricamente». El diputado de UP Roberto Uriarte fue menos críptico en Radio Popular cuando acusó a los dos partidos de crear un «caldo de cultivo» para hacer creer que si no hay victoria de la derecha es por «un fraude electoral» y que todo acabe con «asaltos» como los de Brasilia. Íñigo Errejón, líder de Más País, afirmó que en Estados Unidos, Brasil y España «los reaccionarios creen que el poder les pertenece salga lo que salga de las urnas».
La hipótesis de algaradas tras un resultado desfavorable para la derecha se coló en las tertulias de radio y televisión y en las redes sociales. Así lo expresó el escritor Daniel Bernabé.
El periodista de La Vanguardia Enric Juliana advirtió: «La consigna ‘Gobierno ilegítimo’ puede conducir a la extrema derecha a la impugnación del resultado» de las generales. Y compartió un reciente artículo que advertía: «La legislatura podría acabar, como ocurrió en Estados Unidos y en Brasil, con una tentativa de no reconocer los resultados».
Negación de la legitimidad
El paralelismo más claro Brasilia-Madrid se ancla en la negación de la legitimidad de la izquierda para gobernar, como apuntan los sociólogos Fernández y Cerrillo y el periodista Juliana. Bolsonaro, que ha intentado sin éxito impugnar las elecciones, se ha negado a reconocer su derrota en Brasil y se negó a pasar la banda presidencial a Lula en el acto de toma de posesión. Todo ello, a su vez, a imitación de Trump.
En España la negación de la legitimidad gubernamental es desde la moción de censura que llevó al poder a Sánchez en 2018 un ingrediente básico de la oposición. Vox y su presidente, Santiago Abascal, lo repiten sin medias tintas: «Gobierno ilegítimo». La ilegitimidad descrita es tanto de origen como de fines, en ambos casos por aliarse con quienes consideran «enemigos de España», en referencia a «comunistas», «independentistas» y «filoterroristas».
El PP ha acusado al Gobierno de ilegitimidad tanto con Pablo Casado como con Feijóo. El anterior líder llamó a Sánchez «okupa» y «felón». Feijóo, más suave en la retórica, afirma que Sánchez es «legítimamente presidente», pero «no es legítimo lo que está haciendo», en referencia a sus cesiones al independentismo y a sus reformas legales. Al margen de sus palabras, Feijóo refuerza la acusación de ilegitimidad por la vía de los hechos. Por ejemplo, cuando se niega a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) argumentando que lo debe «proteger» de Sánchez.
La sospecha de tongo y la teoría conspirativa
El enroque de Bolsonaro tras la derrota, como el de Trump, tuvo un largo preludio de acusaciones, insinuaciones y advertencias sobre un tongo electoral. Bolsonaro hizo de esta estrategia una constante en su último año en la presidencia, sin aportar pruebas. En España tanto el PP como Vox han alimentado sospechas sobre un posible fraude a través de Indra, multinacional española que centraliza los datos de la mayoría de los comicios en España y que tiene a la empresa pública Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) como principal accionista, con el 25,2%.
Los dirigentes del PP Esteban González Pons y Cuca Gamarra airearon en junio de 2022 el bulo de que el Gobierno pretendía hacerse con el control de Indra para manipular procesos elelctorales. Feijóo, más diplomático, dijo que le «preocupa» el «tema de Indra» porque «algo se está moviendo» en esta empresa. El jefe del PP sitúa este temor en un marco más amplio: el de la supuesta «utilización de las instituciones del Estado por parte del Gobierno», incluyendo ahí a la Fiscalía, el CNI, el INE, el CIS o el Constitucional.
Si el PP lanzaba la sospecha del fraude de forma más o menos velada, Vox lo decía con todas las letras. Iván Espinosa de los Monteros acusó al Gobierno, también en junio, de emprender un «asalto» a Indra para controlar el resultado de las urnas.
Las sospechas sobre un posible tongo conectan con un extendido rasgo de la extrema derecha en todo el mundo: la inclinación por las teorías de la conspiración. Tanto Trump como Bolsonaro –y sus medios afines– han atiborrado a sus seguidores de contenido de este tipo. El birtherism, teoría según la cual Obama nació en Kenia, lleva el sello de Trump, considerado una especie de mesías por los seguidores de Qanon. Bolsonaro ha promovido una teoría según la cual ha habido una conjura de intelectuales e izquierdistas para ocultar los éxitos de la dictadura militar. Por supuesto, los dos han dado alas a los antivacunas. En cuanto a España, la derecha tiene su propia tradición conspiranoica: el 11M demostró que era posible articular la tarea de oposición del PP (2004-2008) en torno a una teoría según la cual los atentados fueron obra de ETA, los servicios secretos marroquíes y sectores policiales próximos al PSOE.
Con un antecedente así, ¿alguien puede asegurar que una derrota de la derecha en las urnas no podría ser vista por unas bases derechistas manipuladas como una trampa de la izquierda?
Hay una lógica detrás de la vis conspiracionista de la derecha populista, en España y fuera. Media explicación la encontramos en Cómo funciona el fascismo y cómo ha entrado en tu vida, de Jason Stanley (Blackie Books, 2019): «Lo que sucede cuando las teorías conspiratorias pasan a formar parte de la política […] es que los ciudadanos ya no tienen una realidad común que les sirva de telón de fondo para poder reflexionar democráticamente». La otra mitad está en Instrucciones para convertirse en fascista, de Michela Murgia (Seix Barral, 2019): «Es preciso minar todo principio de jerarquía entre las opiniones a fin de que no se pueda distinguir entre los verdadero y lo falso».
«Golpista» y «traidor»
Otro mensaje que prodiga Feijóo, en línea con la deslegitimación de Sánchez, es que el Gobierno del PSOE y UP no sólo deteriora la democracia, sino que pretende subvertirla. «Desprestigiar las instituciones en el interior es un sistema para ir cambiando el régimen democrático, que se basa en una serie de pesos y contrapesos», afirmó en noviembre. El lenguaje es más duro en Isabel Díaz Ayuso, que acusa al Gobierno de intentar «perpetuarse» querar «a la oposición en la cárcel como en Nicaragua».
La afirmación de que el propio Gobierno está dando un «golpe de Estado» es moneda corriente en Vox y en medios conservadores. Según Inés Arrimadas (Cs), Sánchez ha dado un «autogolpe» y es un «aprendiz de dictador». Feijóo afirma que es un presidente «autoritario» que impulsa una «quiebra institucional […] sin precedentes en una democracia occidental». Ayuso sostiene que España está en una situación «mucho más grave» que Perú, donde sí ha habido un golpe de Estado, y que Sánchez está en plena «demolición del Estado de derecho» y conduciendo al país a una «situación dictatorial». ¿Qué no cabe hacer contra un presidente así?
Al igual que ocurre con la acusación de «golpe de Estado», la idea de que Sánchez acecha a la democracia no se limita a los partidos. Está ya en las bases, en la propia derecha social. El Foro Libertad & Alternativa, convocante de la manifestación contra el Gobierno del 21 de enero en Madrid, considera a Sánchez «un peligro para la democracia». Más de cien organizaciones respaldan esta convocatoria. Tanto PP como Vox han garantizado su participación, según el Foro Libertad & Alternativa. Según la vicepresidenta de la entidad, Inma Castilla de Cortázar, en España hay «un gobierno de delincuentes». La acusación de delincuente y corrupto es usual contra Lula.
De entre todas las acusaciones que usan los nacionalismos excluyentes, la peor es la de «traición», que permite a quien la vierte presentarse como «encarnación del pueblo», señala Yascha Mounk El pueblo contra la democracia (Paidós, 2018). Bolsonaro ha llamado «traidor a la patria» a Lula, un ataque que imitan sus seguidores.
También desde el PP y desde Vox han llamado «traidor» a Sánchez. El presidente de Vox ha sido el más insistente. Pero, otra vez, el PP lo ha acompañado y usó contra Sánchez esta acusación raíz de la reforma del delito de sedición [ver aquí y aquí]. Casado también lo hizo.
Fuente: https://www.infolibre.es/politica/asonada_1_1401594.html