En los últimos meses se ha debatido extensamente el tema económico sobre la situación del país. Esta discusión se ha dado porque la situación económica ha hecho crisis. Esto es la crónica de una crisis anunciada con mucha anticipación debido al modelo económico establecido en Puerto Rico desde temprano en el pasado siglo. Ha […]
En los últimos meses se ha debatido extensamente el tema económico sobre la situación del país. Esta discusión se ha dado porque la situación económica ha hecho crisis.
Esto es la crónica de una crisis anunciada con mucha anticipación debido al modelo económico establecido en Puerto Rico desde temprano en el pasado siglo. Ha sido un modelo montado en la promoción de inversión extranjera, proveniente primero de Estados Unidos y luego proveniente de otras partes del mundo que privilegia a las ganancias del gran capital a costa de los sacrificios de la clase trabajadora. Ha sido una inversión extranjera que no ha generado la cantidad de empleos que prometieron, lo cual ha llevado a que el gobierno asuma el rol de principal empleador para evitar mayores disloques económicos y sociales. Ese modelo ya se agotó. Además de eso, todas las últimas administraciones tanto del Partido Popular Democrático (PPD) como del Partido Nuevo Progresista (PNP) han tenido un gasto público exorbitante malversado y trasteado las finanzas del país como gusto les ha dado. Gracias a que en estos momentos ambos partidos que representan los intereses de las clases dominantes y el coloniaje comparten el poder, la crisis ha aflorado en medio de la discusión de los proyectos de reforma fiscal y contributiva. Lo lamentable de todo esto es que, como suele ocurrir, los efectos directos de esa crisis los sufra la clase trabajadora del sector público y el pueblo en general. Y dentro de ese sector las mujeres son el componente principal.
Ciertamente el país hace rato necesitaba una reforma fiscal y una reforma contributiva, pero tanto una como la otra tienen que tener mirada de clase y de género. La política y la economía afectan de forma diferente a hombres y mujeres, sin embargo, el género raras veces se toma en cuenta a la hora de formular políticas económicas. Cuando hay que recortar gastos hay que distinguir entre lo que son gastos públicos superfluos que no tienen fin social de lo que es gasto público social. Ejemplo de esto es el gasto que cubre unas necesidades fundamentales de unos sectores de la población en salud y educación, como son los servicios sociales a madres jefas de familia, o el gasto público que va dirigido a hacer labor de prevención en la salud pública o de agudización de problemas sociales, como es el caso de la prevención de la violencia doméstica. A la hora de hacer una reforma contributiva se tiene que evaluar si las medidas introducen elementos de equidad y justicia.
El componente más discutido en la reforma contributiva es el del impuesto al consumo, que fue fijado por el gobierno en un 7%. Este nuevo impuesto resulta en un abuso brutal porque no se le ha dado ninguna reducción en las contribuciones sobre ingreso a los trabajadores. Este impuesto, sumado a todos los aumentos en precios y servicios que ya ha habido, va a aumentar el costo de vida significativamente y el efecto mayor es para las/ los trabajadores y sectores con menos ingresos. Las mujeres y los retirados pensionados son dos sectores de la población que más se verán afectados. Se estima que, en promedio, las mujeres ganan 10% menos que los hombres. Las/los retirados pensionados tendrán que hacer de tripas corazón con un chequecito que para nada toma en cuenta el aumento en el costo de vida.
Se dice que va a haber unos créditos y exenciones para los sectores que tienen los ingresos más bajos y los beneficiarios del PAN. Pero la mayoría de los contribuyentes, que están en la escala de $30 mil o menos, y que representan el 80% del total de los contribuyentes, no se van a beneficiar de esos créditos. En ese sector se encuentra el grueso de las mujeres trabajadoras que representan cerca del 58% del sector público.
La propuesta reforma contributiva eliminó la deducción de hasta $2,400 por el cuido de hijos lo cual era un alivio para las familias trabajadoras y en particular para las madres jefas de familia, que necesariamente tienen que dejar cuidando sus hijos para poder trabajar. Se estima que el grupo jefas de familia sobrepasa el número de 160,000.
Por el contrario, se plantea la reducción de las tasas contributivas altas, de un 33% a un 29%. Esto beneficia a los que informan un ingreso neto ajustado de más de $50 mil. Este sector representa menos del 10% de los contribuyentes. Otra medida concebida en la propuesta de reforma contributiva es permitir un aumento en los depósitos IRA, lo cual también beneficia a las escalas altas de ingreso. Cuando se presentó la propuesta de reforma contributiva originalmente se hablaba de establecer un tope a los intereses hipotecarios en $15, 000.00 y de aumentar la contribución a las ganancias de capital, las cuales habían sido reducidas durante la pasada administración gubernamental. Los grandes intereses, la banca, los desarrolladores, los industriales y sus portavoces salieron unidos gritando y cabildeando y el Gobierno cambió su propuesta. Es evidente que quienes más pierden con estas propuestas de reforma contributiva son los sectores asalariados de menor ingreso.
La reforma contributiva que se adopte debe proveer para que tanto las corporaciones como los individuos aporten al estado de acuerdo a su nivel de ingreso. De ninguna forma debe ser una carga más para la clase trabajadora y para las mujeres jefas de familia. Debe dirigirse a capturar las fuentes de evasión masiva que se encuentran en las finanzas de los grandes intereses: financieros, industriales y comerciales. Por eso impulsamos las siguientes medidas:
Mantener la deducción por cuido y educación de los hijos e hijas.
Deducción especial para madres jefas de familia.
Establecer el tope de deducción de los intereses hipotecarios en $15,000.00.
Restituir el la contribución de 20% a las ganancias de capital.
Retasación de la propiedad inmueble, aumento de las tasas a las propiedades de más valor y aumentar la fiscalización del cobro de impuestos a la propiedad.
Aumento al impuesto que pagan los bancos.
Aumento al impuesto a las grandes cadenas comerciales.
Impuesto de 10% a las corporaciones que generan ingresos mayores de $1,000,000.00
Revisar la Ley de Incentivos Industriales que vence en el 2008 para aumentar las tasas contributivas de las corporaciones foráneas y establecer como único crédito el volumen de empleo real generado.
Mantener y fiscalizar el impuesto por la repatriación de ganancias a 10% sin hacer concesiones que se conviertan en fuentes de evasión cuantiosa.
Es el momento de insistir y luchar por Justicia Contributiva para los trabajadores y trabajadoras.
Nota: La autora es una destacada militante socialista y feminista en Puerto Rico y ha participado en la formulación de muchas posiciones de ese movimiento en el país.
Bandera Roja es una publicación del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) de Puerto Rico.